Los inmigrantes de Huelva dejarán su encierro tras lograr 627 precontratos para recoger fresas

El pacto alcanzado ayer establece que se contratará a 627 personas que hayan llegado a España antes del 23 de enero, fecha en la que entró en vigor la Ley de Extranjería. El acuerdo se materializará a mediodía de hoy con la firma de un protocolo entre ambas partes ante el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que ha actuado de mediador en el conflicto, y, a partir de ese momento, comenzarán a levantarse los encierros, según garantizaron ayer los portavoces de la Plataforma contra la Ley de Extranjería, integrada por diversas ONG y la coalición IU.

De esta manera, la casi totalidad de los extranjeros encerrados en la ciudad -unos 800 según la Plataforma que los representan, de los que unos 200 disponían ya de ofertas de empleo- obtendrán de los empresarios y ayuntamientos freseros las garantías laborales para legalizar su situación en España, con base en el nuevo proceso de regularización abierto por el Ejecutivo central.

El presidente de Freshuelva, José Manuel Romero, que justificó la ampliación de la oferta empresarial 'en la necesidad humanitaria de resolver el conflicto, sin ningún otro interés', advirtió de que 'en caso de que se produzcan nuevos encierros, tras la firma de este acuerdo, la asociación no va a actuar como si fuera una agencia de colocación'. 'No pretendemos realizar un efecto llamada'.

Añadió que además esos precontratos se realizan 'por coherencia' con la postura que ha venido la patronal de la fresa onubense ya que han demandado reiteradamente mano de obra con documentación en las pasadas campañas.

El dirigente agrícola aprovechó para lanzar un mensaje al subdelegado del Gobierno en Huelva, Carmelo San Martín: 'Esperamos que sepa leer entre líneas este acuerdo', afirmó. Los empresarios soportan un total de 51 expedientes sancionadores -que pueden llegar a concretarse en multas millonarias- por proporcionar trabajo sin contratos a una gran parte de los inmigrantes sin papeles a los que ahora van a contratar.Romero espera que el Estado o la Inspección de Trabajo resuelvan de manera favorable a los empresarios estas actas levantadas en la pasada campaña fresera.

Unos y otros se felicitaron por el final de las negociaciones. El coordinador provincial del Izquierda Unida en Huelva y portavoz de la Plataforma, Pedro Jiménez, subrayó que 'todos los esfuerzos se han dirigido a resolver un conflicto que ha creado el Gobierno con su Ley de Extranjería'. Y añadió: 'la Subdelegación del Gobierno no puede poner más obstáculos a este problema y debe aceptar lo acordado'.

En opinión de Jiménez el final del conflicto en Huelva no va a solucionar el problema 'ya que la Administración va a seguir manteniendo a numerosos extranjeros irregulares en una situación muy paradójica, ya que no serán repatriados ni expulsados, pero tampoco regularizados'.

El final de los encierros en la capital onubense permitirá a sus protagonistas, una vez legalicen los papeles, la posibilidad de desplazarse a otros puntos del territorio nacional para participar en diversas campañas agrícolas. No obstante, otro importante grupo de inmigrantes, sobre todo marroquíes, que ocupa desde hace días el centro de la ciudad, sigue amaneciendo ante las puertas de las dependencias policiales y de la Subdelegación del Gobierno con la esperanza de obtener papeles.

Asimismo las expectativas de regularización han llevado a cientos de inmigrantes a guardar largas colas ante las oficinas de extranjería de Madrid desde la semana pasada. Los sindicatos CC OO y UGT atribuyen esas aglomeraciones a la 'improvisación' y 'descoordinación' por parte del Ministerio del Interior respecto a la nueva regularización de indocumentados. Una vez que el ministro Mariano Rajoy anunció el pasado día 6 que se extenderían a toda España los acuerdos alcanzados con los inmigrantes encerrados en Barcelona y Valencia comenzaron las demandas de información por parte de los extranjeros sin papeles.

La Delegación del Gobierno informó de que se han reforzado los servicios de extranjería con 48 funcionarios y 60 puntos de atención. Los sindicatos consideran que las instrucciones de Interior no son suficientemente claras. 'Hay poco plazo y mucha gente', dijo Isabel Navarro, de UGT. Calcula que unas 100.000 personas podrían solicitar papeles en Madrid hasta finales de julio, cuando entrará en vigor el reglamento.