El Gobierno duplicó su cupo de temporeros en Huelva y dejó sin trabajo a 1.200 marroquíes

El Gobierno autorizó la contratación en origen de casi 7.000 temporeros para la campaña de la fresa en Huelva, a pesar de que el contingente de extranjeros adjudicado a la provincia para este año se limitaba a 3.500. El consejero andaluz de Gobernación, Alfonso Perales, criticó ayer que por 'incapacidad o torpeza' el Ejecutivo incumpliese un acuerdo propio, aprobado en el Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001. La llegada de estos inmigrantes, en su mayoría del este de Europa, ha dejado en situación crítica a 1.200 magrebíes que el año pasado obtuvieron papeles para trabajar en esta campaña.

Las tres organizaciones que representan a los empresarios freseros (Freshuelva, Asaja y COAG) han formalizado casi 7.000 contratos en Polonia, Rumania, Marruecos y Colombia para trabajar en esta campaña. La cifra, autorizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, duplica la fijada por la propia Administración dentro del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2002, que limitaba la contratación del sector agrícola de Huelva a 3.500 temporeros.

El consejero andaluz de Gobernación, Alfonso Perales, desveló ayer en el Parlamento autonómico que el Ejecutivo había incumplido un acuerdo propio, aprobado el 21 de diciembre de 2001 en Consejo de Ministros. 'El Gobierno no ha controlado su propia cifra y ha dejado que los empresarios decidan parcialmente', dijo. Perales recordó que este incumplimiento ha provocado el evidente desajuste entre los empleos existentes y la mano de obra ofertada. Alrededor de 5.000 inmigrantes -casi todos magrebíes- se han asentado en campamentos chabolistas por las localidades freseras ante la imposibilidad de encontrar un trabajo.

Magrebíes en la calle

Unos 2.000 de ellos no tienen los documentos en regla, según la Subdelegación del Gobierno en Huelva. Pero otros 1.200 fueron regularizados el año pasado y autorizados a trabajar exclusivamente en el sector agrícola de esta provincia, según confirmó José Antonio Millán, alcalde de Cartaya, uno de los municipios freseros más importantes. La llegada de los contratados en origen les ha dejado sin medios de subsistencia. 'Esa gente fue regularizada para trabajar ahí y sólo ahí', recalca Perales.

El consejero explicó que la Administración no ha tenido en cuenta los criterios establecidos para los contratos temporales en origen, que obligan a atender a los trabajadores españoles y a los inmigrantes regularizados y asentados en la zona antes de recurrir a mano de obra en el extranjero. 'Una vez descontados éstos, se establecieron 3.500 para este año', señaló. Sin embargo, los casi 7.000 contratos autorizados finalmente por la Dirección General de Coordinación de las Migraciones, que incluían una pequeña rebaja del 10% sobre las demandas de los empresarios, duplicaban lo aprobado por el Consejo de Ministros.

El alcalde de Cartaya reveló que la contratación de los 7.000 temporeros en sus países de origen fue decidida en una reuinón de la Comisión de Ordenación de los Flujos Migratorios celebrada 'en noviembre o diciembre' del año pasado. A ella asistieron, según Millán, representantes de la Subdelegación del Gobierno, de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, de las patronales COAG y Asaja y de los sindicatos CC OO y UGT. Es decir, que la cifra se cerró antes de la publicación del contingente de 3.500 personas en el Boletín Oficial del Estado del pasado 12 de enero. Representantes de la patronal viajaron a los países elegidos y seleccionaron a los trabajadores.

Los empresarios han justificado la contratación masiva en origen que han realizado este año con el argumento de que pretendían garantizarse mano de obra suficiente para evitar las pérdidas económicas que sufrieron el año pasado. La falta de trabajadores echó a perder 2.000 hectáreas de cultivos, según Freshuelva. 'Han hecho lo que les conviene, es el Gobierno el que no lo ha hecho bien', precisó Alfonso Perales.

Este periódico intentó obtener ayer la versión del Ministerio de Trabajo y de la Delegación para la Extranjería, sin resultado.