Cientos de comercios de Castilla-La Mancha venden ilegalmente fármacos para el ganado

Sólo cuatro antibióticos pueden utilizarse para alimentar o tratar al ganado. El uso del resto es ilegal y puede generar bacterias resistentes que infectan al ser humano. Sin embargo, estos fármacos prohibidos se venden sin control en centenares de establecimientos de Castilla-La Mancha. La Junta, que es la que debería autorizar y controlar esos puntos de venta, ni siquiera dispone de un registro que los enumere. El Ministerio de Sanidad reconoce una gran "economía sumergida" en el sector. Los empresarios de farmacia estiman que el mercado negro de los fármacos animales mueve un billón de pesetas al año.

La ley está muy clara, pero no se cumple. Este diario comprobó la semana pasada que los antibióticos prohibidos pueden adquirirse sin problemas -y sin recetas veterinarias- en cinco tiendas de productos zoosanitarios elegidas al azar en Toledo capital. Muchos establecimientos pueden encontrarse en las Páginas Amarillas bajo los epígrafes "Animales (medicamentos)" o "Laboratorios veterinarios". Los productos adquiridos contenían penicilina, estreptomicina y tetraciclina, antibióticos de uso humano cuya administración a los animales es por completo ilegal, debido a los riesgos que ello comporta para la salud humana.La aparición en los seres humanos de bacterias resistentes a los antibióticos es un gravísimo problema médico que cada vez preocupa más a científicos, expertos y autoridades sanitarias. La fuente de resistencia mejor caracterizada es el suministro excesivo de antibióticos a las personas, tanto en los hospitales como en el mostrador de las farmacias. Pero cada vez es mayor la preocupación por la práctica, muy extendida, de suministrar rutinariamente antibióticos a los animales de granja para acelerar su crecimiento, ya sea mediante inyecciones o a través del pienso.

En España, como en el resto de la Unión Europea, está prohibido suministrar antibióticos al ganado, con la excepción de cuatro de ellos muy especiales que nunca se usan en humanos: flavofosfolipol (o flavomicina), avilamicina, monensina y salinomicina. Estas cuatro sustancias, como cualquier otro medicamento, sólo pueden venderse en establecimientos expresamente autorizados, registrados y controlados por las consejerías de Sanidad.

Puntos de venta

Francisco García-Merino, inspector farmacéutico municipal de Menasalbas (Toledo), y los farmacéuticos especializados en medicamentos para animales Belén Bautista y Miguel Palomino -que están preparando una acción legal sobre este asunto- aseguran que, al menos en las provincias de Toledo y Cuenca, las ventas incontroladas de antibióticos constituyen una práctica generalizada. Estos fármacos se venden en tiendas de "Productos zoosanitarios" y en cooperativas ganaderas. Sólo en la provincia de Toledo hay unos 400 puntos de venta de ese tipo.

El marco legal español sobre medicamentos para animales es estricto, meticuloso y transparente. El Real Decreto 109/95, del 27 de enero de 1995, establece que "nadie podrá poseer o tener bajo su control, con fines industriales o comerciales, medicamentos veterinarios o sustancias que posean propiedades anabolizantes, antiifecciosas, antiparasitarias, antiinflamatorias, hormonales o psicotrópicas que puedan utilizarse como medicamento veterinario, a menos que tenga una autorización expresa expedida por los órganos competentes de las comunidades autónomas".

Pero casi cinco años después de la entrada en vigor de ese texto legal, el órgano competente en Castilla-La Mancha, que es la Consejería de Sanidad, admitía por escrito el pasado mes de febrero que "únicamente se han otorgado las autorizaciones en relación a la distribución y dispensación de medicamentos veterinarios" a dos establecimientos, ambos propiedad de Belén Bautista y Miguel Palomino (los dos farmacéuticos que preparan una demanda contra la junta).

La gravedad del asunto se puede apreciar mejor con un ejemplo reciente. En diciembre de 1998, todos los países de la UE prohibieron el uso de cuatro antibióticos para animales por sus riesgos para la salud humana: bacitracina, espiramicina, tilosina y virginamicina. El periodo de gracia para retirarlos expiró el pasado 30 de junio. Pero los inspectores de Sanidad no han retirado esos fármacos de los puntos de venta. Difícilmente podrían hacerlo, si ni siquiera disponen de un registro de establecimientos.

Más aún, con registro o sin él, las autoridades sanitarias autonómicas no hacen gala de una excesiva diligencia para retirar los fármacos prohibidos del mercado. Los mismos farmacéuticos que preparan la demanda, y que son los únicos que figuran registrados por la junta, comunicaron hace meses a la consejería que tienen en su tienda 12 garrafas de 5 litros de uno de los medicamentos prohibidos. Ningún inspector ha acudido para retirarlos.

La administración a los animales de antibióticos para uso humano es particularmente perniciosa, puesto que las resistencias bacterianas que generan inutilizan los antibióticos más valiosos para tratar las infecciones humanas.

El decreto 109/95 establece que las comunidades autónomas deben comunicar al Ministerio de Sanidad la relación de distribuidores y detallistas que venden medicamentos para uso animal en sus territorios. Este sistema de control no funciona, como evidencia el hecho de que el Ministerio de Sanidad no dispone de ningún registro de esos establecimientos, según reconoce Ismael Díaz Yubero, subdirector de Medicina Veterinaria de ese ministerio.

"No puedo pronunciarme sobre el descontrol en los puntos de venta de medicamentos para uso animal", dice el director general de Salud Pública, Juan José Francisco Polledo. "Las comunidades autónomas son las responsables de su autorización y supervisión y, desde luego, yo soy el primer interesado en que se controlen esas prácticas, tanto para el tratamiento del ganado enfermo como para la producción de piensos".

Polledo admite la existencia de una considerable "economía sumergida" en el sector de la fabricación de piensos. Según él, persiste un número indeterminado de productores y minoristas de alimentos para animales que no están registrados por ninguna Administración y, por lo tanto, distribuyen piensos que carecen del más mínimo control sanitario.