La ruina del pequeño ganadero

La economía de Lleida se sustenta en la actividad agrícola y ganadera. De cada 100 pesetas que produce el campo, 40 provienen del sector porcino, un negocio que en los últimos dos años está atravesando momentos delicados a causa de la peste porcina clásica, que se declaró en 1997, y por la posterior crisis de precios, la más grave de las que se recuerdan en el sector. Los productores de las seis comarcas afectadas aún no se han recuperado de los efectos devastadores de una epidemia que diezmó una de las cabañas de porcino más grandes de Cataluña, con más de 2,5 millones de cabezas, y arruinó a centenares de ganaderos. Tras una época de euforia económica en porcino, manifestada en un aumento de la producción y de las explotaciones, llegó la pesadilla cuando a mediados de febrero de 1977 fueron sacrificados 1.800 lechones en Bellvís (Pla d"Urgell) ante la sospecha de que estuvieran enfermos. Una vez realizados los análisis de sangre, la versión oficial fue que no tenían la peste, sino otra enfermedad llamada aborto azul, de síntomas parecidos. El Departamento de Agricultura sabía que aquellos cerdos procedían de Holanda, donde ya se habían detectado una cuarentena de focos de peste, pero se empeñó en pregonar a los cuatro vientos que en Cataluña no había un solo caso. En aquellas fechas, Mercolleida, la lonja de referencia para el porcino, marcaba las cotizaciones más altas para los lechones (más de 10.000 pesetas por animal) y algunos intermediarios sin escrúpulos hicieron el negocio del siglo importando de Holanda, a precios muy bajos, miles de animales susceptibles de estar infectados. Nadie pudo evitar que la epidemia se extendiera, con lo que se demostró una vez más la vulnerabilidad del sistema sanitario animal. La declaración oficial de la peste significó el cierre de las exportaciones de cerdos en el Pla d"Urgell, Noguera, Segrià, Garrigues, Segarra y Urgell, en las que se concentraba más del 80% de la cabaña porcina. La alarma se disparó cuando los análisis demostraron que el virus había incubado en muchas granjas. Los veterinarios de Agricultura tuvieron que trabajar a destajo para sacrificar con métodos poco civilizados los cerdos, enfermos y sanos, de las granjas situadas cerca de los focos enfermos. Durante un año fueron eliminados casi un millón de animales y 1.800 explotaciones permanecieron vacías varios meses. Los ganaderos y el sindicato Unió de Pagesos criticaron duramente los mecanismos para erradicar la peste. Los sacrificios masivos tuvieron para la Generalitat, el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea un coste superior a 20.000 millones de pesetas. La Fiscalía Anticorrupción investigó a la Generalitat por presuntas irregularidades en el reparto de las indemnizaciones. La repercusión de la epidemia fue notoria entre los productores, principalmente para los criadores por cuenta propia. En cambio, las principales empresas integradoras, al tener buena parte de sus explotaciones en provincias libres de peste, pudieron compensar en los primeros nueve meses de peste las pérdidas con los beneficios generados por la elevada cotización del cerdo. El sector no extrajo ninguna enseñanza de la tragedia ni tomó conciencia de que debía corregir los problemas estructurales y sanitarios (tres de cada cuatro granjas no reúnen las condiciones mínimas de bioseguridad) para no reincidir en los mismos errores del pasado.