El jefe de Urgencias de un hospital concertado en Santa Coloma dimite tras múltiples denuncias por abuso de poder

El que fuera médico del Gobierno argentino de Mauricio Macri y luego Jefe de Urgencias de la Fundació de l’Esperit Sant (FHES) de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Carlos Palacio, renunció el pasado 31 de enero a todos sus cargos en dicho hospital, según confirma una portavoz de la entidad. Palacio, que ejercía también como Coordinador docente de los residentes de Medicina de Familia, llevaba más de dos meses sin acudir a trabajar después de que seis médicas residentes hubieran alertado tanto al Instituto Catalán de Salud (ICS), del que dependen durante su formación, como a la dirección FHES de sus presuntos abusos de poder. El ICS se había comprometido por escrito con 18 residentes, la mayoría mujeres, a que no volverían a coincidir con él en su periodo de formación.

La renuncia “voluntaria” de Palacio, según los términos de la portavoz del hospital, llega meses después de que saltaran las primeras alarmas. Durante todo el otoño pasado, la dirección del centro, una fundación privada en concierto con el ICS, trató de imponer un cortafuegos de silencio en torno a la labor del médico argentino: entre otras medidas, se le abrió un expediente informativo sobre una polémica actuación en urgencias en julio pasado, pero que se instruyó cambiando el nombre de personas clave y citando el relato de al menos una testigo con quien no se había hablado, tal y como reflejan los documentos a los que ha tenido acceso este diario.

La situación llegó a un punto de difícil retorno el pasado 23 de diciembre, cuando el Instituto Catalán de Salud se comprometió por escrito con las seis residentes iniciales y otros 12 que se solidarizaron con ellas, a que no volverían a coincidir con quien era entonces el jefe de Urgencias y coordinador docente de dicho hospital. “En ningún caso los residentes realizaran su formación (ni como estancia formativa ni como guardia) en el servicio de Urgencias del hospital o en el servicio que ejerza sus funciones el profesional implicado”, afirma el documento de la Comisión de Docencia del ICS, en referencia a Palacio.

El 5 de diciembre, los 18 residentes habían denunciado por carta “la nula respuesta [...] por parte de la gerencia del hospital”. En conversación con EL PAÍS, el gerente de la entidad, Vicenç Perelló, sostenía aún a mitad de enero que la labor de Palacio había sido en todo momento “impecable” y que así lo demostraba la investigación interna abierta después de la polémica intervención de Palacio durante la guardia de julio.

El patronato que gobierna la Fundación del hospital, en el que están representados el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, la Generalitat, el Arzobispado, además de representantes de la sociedad civil, tiene prevista una reunión hoy jueves.

Médico de la Casa Rosada

Carlos Palacio, 40 años, licenciado por la Universidad de Buenos Aires, empezó a trabajar en la Fundación el 26 de noviembre de 2018. Seis meses antes, había dejado su puesto como médico asistente de la unidad médica de la Casa Rosada argentina, en la que trabajó durante casi dos años de la presidencia de Mauricio Macri, y emigró a Cataluña sin tener aún el título homologado, según dos fuentes médicas de la Fundación. Especialista en Urgencias, una especialidad sin equivalente entonces en España, ascendió hasta convertirse en coordinador del servicio de Urgencias y de los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria de la FHES. Palacio no ha respondido a las llamadas ni los mensajes de este diario.

Las primeras residentes que denunciaron los presuntos abusos de poder de Palacio lo hicieron en una reunión con Celia Tajada, presidenta de la Comisión de Docencia del ICS, en abril de 2024, según confirman varias asistentes y diversos documentos. Relataron que su jefe decidía arbitrariamente cuándo y quién podía disfrutar las libranzas, insultaba a determinadas residentes en presencia de otras, amenazaba con suspenderlas e incluso aireaba datos clínicos de algunas de ellas, sin que su labor médica pudiera justificar cómo había llegado a tener conocimiento de dichos datos.

Durante la guardia del 21 de julio pasado, en la que no estaba previsto que Palacio trabajara, una médica residente, al saber que sí iba a compartir ese día guardia con su jefe, sufrió un primer ataque de ansiedad —y se lo comunicó a una doctora veterana en un whastapp leído por este diario—. A las once de la noche, sintió de nuevo ansiedad y se refugió en un despacho para calmarse. Palacio la localizó, la convirtió en su paciente, activó el código suicidio y después de dos intentos la derivó de madrugada a urgencias psiquiátricas de otro hospital (el psiquiatra de guardia no había aceptado la primera derivación porque no la consideró indicada). Al llegar al otro hospital, la residente fue dada de alta por el psiquiatra que la atendió y se fue a dormir a casa.

“Lo que pretendió fue fabricar una loca”, dice la residente al recordar aquella noche. La residente tiene claro que “será un juez” quien decida si aquella intervención fue médicamente reprobable. Pero también sabe que Palacio compartió información clínica suya con al menos dos personas, según varios registros a los que ha accedido este diario, sin que su labor asistencial lo justificara. Y eso fue lo que primero que quiso denunciar.

Cuando dicha residente quiso conocer además quién había accedido a su historial clínico desde el hospital semanas después de aquella intervención, un derecho que tiene cualquier paciente, la respuesta de Perelló fue inequívoca: “Tenemos cuatro despachos de abogados”, le advirtió durante una reunión el 20 de noviembre de 2024, según ha confirmado este diario por dos vías distintas. El hospital estaba “obligado” a facilitarle los accesos a esos datos, corrobora un correo electrónico del departamento jurídico del ICS.

A lo largo del otoño, otras cinco residentes activaron protocolos de acoso frente a Palacio. Lo hicieron de forma anónima, siguiendo una opción ofrecida por una psicóloga externa contratada por el hospital. Todas las actuaciones fueron archivadas con la misma fórmula: no hay evidencias. Palacio estuvo suspendido de empleo, pero no de sueldo, hasta el pasado 31 de enero, cuando su “baja voluntaria” se hizo efectiva.

La renuncia del médico desencalla la situación sin que varíe la versión oficial del hospital. “No facilitaremos más información sobre el caso”, dijo ayer su portavoz. La Generalitat mantiene su postura. “Hemos dado apoyo a nuestros residentes desde el primer momento y llevado a cabo las acciones que dependen del Institut Català de la Salut”, afirma una portavoz del instituto, que se remite al derecho a la privacidad de los residentes para no revelar “detalles confidenciales”.

Si quieres contactar con el autor de este artículo, escribe a bgarcia@elpais.es