El 80% de la violaciones que se denuncian en España nunca llega a juicio

Ocurría más de 100 veces al año, una vez cada tres días. Una mujer era atendida por violación en Urgencias de un hospital de la ciudad de Barcelona. Alertado el juzgado de guardia, un médico forense se desplazaba al centro para reconocer a la víctima e intentar tomar muestras biológicas del delito. En 2017, un equipo de profesionales del Instituto de Medicina Legal de Cataluña quiso saber qué pasaba después con esos casos, así que revisó los procedimientos judiciales de dos años: de las 200 causas que se habían abierto en 2011 y 2012, solo 22 se cerraron con una sentencia; y solo 11, con una condena. El estudio cuantificó por primera vez en España una realidad tan poco conocida como crucial en muchos debates actuales: la mayoría de las violaciones que se denuncian naufraga judicialmente.

Así ocurre también, y a nivel nacional, cuando el proceso arranca en comisarías y cuarteles: ocho de cada diez denuncias no llegan a juicio, según el cálculo de EL PAÍS con los datos del Ministerio del Interior y un rastreo de sentencias por violación desarrollado por una investigadora en Derecho de la Universidad de Salamanca, Isabel García Domínguez. Y no porque un acuerdo culmine el proceso, sino porque se archivan antes sin auto de procesamiento. Solo una de cada diez acaba en condena. Las tasas de enjuiciamiento y de condena de las violaciones frente a las denuncias están muy por debajo de las de otros delitos contra las personas y no muy por encima de los que afectan al patrimonio, que son los más numerosos y, en proporción, los menos castigados.

“En el fondo, lo que tienes es que agredir sexualmente sale gratis”, afirma la socióloga de la Universidad Complutense Esmeralda Ballesteros, autora uno de los pocos estudios sobre el desgaste procesal —la diferencia entre los casos que se inician y los que llegan al final del proceso— de los delitos de violación publicados en España, dentro de La violencia sexual contra las mujeres desde las ciencias sociales (Tecnos, 2021). “La mayoría, de largo, de casos denunciados no llega a juicio. Es un dato que se ha encontrado en la mayoría de los países”, afirma Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya y autor de varios estudios sobre el fenómeno, aunque en delitos sexuales en general, no solo de violación, y contra menores.

Según el estudio de Ballesteros, centrado en la Audiencia Provincial de Madrid durante 2018, los procesos duraron dos años y dos meses de media. Para calcular la tasa de enjuiciamientos y la de condenas, este diario ha contado con esos dos años de decalaje entre la denuncia y la sentencia y ha cruzado los datos recopilados por la criminóloga y profesora de Derecho penal García Domínguez para el periodo 2015-2021 con las denuncias registradas en el último Informe de Violencia Sexual, del Ministerio del Interior. El cálculo arroja un 19,3% de tasa de enjuiciamiento (2.851 sentencias frente a 14.726 denuncias). La tasa de condena se ha calculado con las condenas de adultos y una estimación de las dictadas con menores (a partir del porcentaje conocido que representan en el total de denuncias y en el de juicios). La estimación total arroja 1.432 condenas (un 9,7% de las 14.726 denuncias).

Después de la cifra oculta, esto es, las violaciones que ni siquiera se denuncian, el archivo de las investigaciones es el otro gran factor que ensombrece el conocimiento de la violencia sexual. “Creo que los jueces, las fiscalías y las policías ni siquiera son conscientes de que la violencia sexual queda impune”, afirma la socióloga Ballesteros. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio del Interior y la Fiscalía no disponen de análisis sobre el fenómeno. La Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha declinado comentar estos datos porque, según su portavoz, la violencia sexual no está entre sus competencias, que son solo la violencia de género: la ejercida por parejas o exparejas. Sin embargo, la ley dispone que sean los juzgados de violencia de género los que asuman la violencia sexual a partir de ahora.

El encapuchado y la víctima perfecta

Ninguno de estos estudios analiza por qué se archivan tantos casos de violación, lo cual exige una investigación en sí mismo. Más allá del alcance de esos estudios, a menudo la instrucción judicial describe versiones contradictorias irreductibles entre la denunciante y el denunciado para el archivo, según muchos autos publicados por el Centro de Documentación Judicial (Cendoj), pero no siempre las contrasta con rigor. La jueza en el caso de Paula, que denunció a una expareja, archivó la instrucción en diez días copiando y pegando el auto de otro caso: el nombre del denunciado aparecía en el auto con asteriscos, por dos veces, y el de la denunciante era el de otra mujer. Paula es un pseudónimo porque ella y sus padres “quieren pasar página”, según su abogado.

Las circunstancias materiales y legales del delito, y la sombra de los prejuicios que acompaña a sus víctimas emborrona los casos archivados y sus causas.“Si la víctima ha ingerido alcohol, muchas veces se archivan sin ni siquiera tomar declaración”, señala Sonia Ricondo, abogada que ejerce la acusación particular en violencia sexual en Barcelona. Un tercio de las víctimas del estudio de los médicos forenses había tomado alcohol, lo que dificulta el recuerdo de los hechos y facilita el archivo; y no siempre la denuncia se presenta inmediatamente, lo que entorpece la recogida de pruebas. Legalmente, tanto si los procedimientos se abren de urgencia por la llamada de un hospital, como si se inician con una denuncia policial, las víctimas tienen que personarse en el proceso judicial para que la fiscalía pueda acusar.

A veces “la víctima o bien no puede colaborar (por una intoxicación con alcohol de por medio, por ejemplo), o bien porque se ha repetido tan machaconamente que ir a juicio por una violación es casi una tortura, hay víctimas que prefieren olvidar”, explica Daniel Varona, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Girona y magistrado suplente en esa Audiencia Provincial. “Es que lo es, es una tortura”, señala Ana Gutiérrez Salegui, psicóloga forense que participó en el juicio a La Manada en Pozoblanco (Córdoba).

Los dos mitos principales que habría que desterrar en la investigación de estos delitos, a juicio de Salegui, son los del “violador encapuchado” y “la víctima perfecta”. La mayoría de los hechos denunciados son obra de conocidos, muchos exparejas o con algún tipo de relación con las víctimas, lo que supone también una barrera casi inconsciente para la investigación. Es como si el consentimiento, al menos hasta la reforma de la ley en 2022, se diera de entrada por hecho.

“Eso es uno de los automatismos, sin duda. En el ámbito de la pareja se presupone que la mujer tiene que estar siempre disponible; y que no puede no haber consentimiento”, explica la abogada Ricondo. Un sesgo que se proyecta sobre las condenas: “Las parejas o exparejas de las víctimas tienen menos probabilidades de ser condenados”, según un análisis cuantitativo de casi 1.000 sentencias liderado por Tamarit y publicado en 2023. Otro de los estudios dirigidos por este catedrático, sobre violencia sexual contra menores en la provincia de Lleida en 2010 y 2011, halló que el 15% de las denuncias se archivaban sin que la Fiscalía hubiera pedido ninguna diligencia de investigación. “Yo creo que la actuación de la Fiscalía al menos en algunos lugares está mejorando”, señala Tamarit.

La víctima perfecta debe actuar y responder sin sombra de duda sobre nada. Oponerse a la agresión, denunciar de inmediato, mantener la coherencia e idealmente, aportar pruebas. Sin embargo, para el magistrado Varona, la dificultad de la prueba y la dependencia casi exclusiva del relato de la víctima no son tanto las causas, como las consecuencias de una mala investigación. “Por mi experiencia, en instrucción muchos casos se caen porque al final no se ha tenido celo y cuidado en recabar las pruebas suficientes para apoyar el relato de la víctima”, explica. “Aunque hay jueces y policías que ya han captado que no todo es una cuestión de credibilidad y que para que la declaración pase de ser creíble a estar corroborada, hay que reunir elementos [de prueba]”.

“Las barreras que impiden seguir judicialmente estos casos son excesivas y hay un margen para mejorar y para intentar conseguir que se refuercen las pruebas y se proteja a las víctimas”, afirma el catedrático Tamarit. “Estas tasas [de archivo] se puedan reducir y que más casos puedan llegar a ser enjuiciados”, añade.

Para Varona, la condena en primera instancia al futbolista Dani Alves es “un caso paradigmático”, aunque en sentido contrario. Si la discoteca donde ocurrieron los hechos no hubiera activado el protocolo contra las agresiones sexuales inmediatamente y los Mossos no hubieran reaccionado con la diligencia con la que lo hicieron ―llevaban cámaras para grabar la escena, el estado de la víctima, precintaron los baños para tomar huellas―, señala Varona, es muy probable que hubiera acabado como otro caso archivado. Otro más.

Abandono y colapso

Las dimensiones del fenómeno sitúan a España entre los países de nuestro entorno con menor tasa de condena por delitos sexuales, pero apenas existen estudios al respecto. “Nos llamó la atención que en la literatura de otros países se hablaba mucho de la atrición [el desfase entre denuncias y sentencias], pero no fuimos capaces de hallar datos en España de este asunto”, explica el subdirector del Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC), Alexandre Xifró, coautor del estudio de 2017, Taxa de condemna en delictes d’agressió sexual. “No es que lo que esté pasando en España sea una absoluta anomalía internacional, pero sí hay países en los que la persecución de estos casos es un poco más exitosa. Hay margen de mejora”, según Tamarit.

El rastreo de García Domínguez sobre la base de datos del (Cendoj), que publica “todas las sentencias” por violación, según fuentes del CGPJ, revela también un punto ciego en las estadísticas oficiales que dificulta ver el problema. La memoria anual de la Fiscalía General del Estado es especialmente significativa, porque olvida al menos dos tercios de las sentencias al procesar los datos. Por otro lado, las estadísticas policiales resumen y presumen como “hecho esclarecido” el 87% de las denuncias, para lo cual basta con que conste el nombre del presunto autor, con independencia de que luego la investigación conduzca o no a su procesamiento y mucho menos, al juicio.

El cruce de los datos de Interior y la Fiscalía es el único que puede hacerse con datos oficiales y es el que ha realizado otra investigadora en Derecho, Irene de Lamo, en De la denuncia a la sentencia, un artículo publicado en diciembre en la Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos de la Universidad de Cádiz. El interés principal de ese cruce, sin ser el más preciso, es comparar “los delitos de violación con los delitos contra las personas en general”.

La comparación “evidencia” la distancia: “los delitos contra las personas superan la fase de instrucción en el 58,25% de los casos”, según dicho artículo. Tres veces más que los de violación. Las tasas de enjuiciamiento y condena por violación están más cerca de la de delitos contra el patrimonio (menos del 5% de los cientos de miles de denuncias al año). Más del 90% de los homocidios, por ejemplo, “se esclarecen”, según el primer informe nacional sobre homicidios que el miniterio del Interior publicó en 2018. En ese caso, “esclarecer” significaba de verdad resolver.

Durante más de dos décadas, la lucha contra la violencia sexual ha estado conceptual y judicialmente separada de la lucha contra la violencia machista. A partir de ahora, los juzgados de violencia de género asumirán la instrucción de todas las violaciones. Si de la violencia de género, la lección principal es que la apuesta política y la inversión en medios judiciales mejora la eficacia de la acción penal (a finales de los noventa, más del 90% de las casi 100 asesinadas por sus parejas o exparejas habían denunciado previamente, según el primer informe del Defensor del Pueblo sobre el asunto; hoy son asesinadas la mitad y solo un 25% de ellas han denunciado previamente), la absorción de la violencia sexual por los juzgados de violencia de género está llamada a provocar, según todas las voces consultadas, un colapso judicial que empeorará la calidad de las investigaciones. Y de sus resultados.