La industria del cine exige diálogo con la Generalitat antes de imponer filmes en catalán

Críticas o mutismo. Estas dos palabras resumen la reacción que tuvo ayer la industria cinematográfica ante la difusión, el lunes, del borrador del decreto de la Generalitat que establece cuotas de catalán en el cine. Los distribuidores y exhibidores medianos lamentaron que la norma no se haya negociado y exigieron diálogo al Gobierno catalán antes de su aprobación. Las grandes empresas callaron. Los políticos se dividieron. El PSOE y el PP se declararon abiertamente en contra del decreto, mientras que los independentistas de Esquerra Republicana y el Partit per la Independència lo celebraron.

La norma obligará a los distribuidores de cine a repartir como mínimo el mismo número de copias de filmes dobladas al catalán que al castellano en el caso de las películas más taquilleras. Tendrán esta consideración durante los dos primeros años de aplicación las cintas con más de 20 copias en Cataluña, y posteriormente ese número se reucirá a 16. Los exhibidores, por su parte, deberán programar al año un 25% de películas en catalán o subtituladas en esta lengua. En el primer caso, la norma obliga a mantener la versión en catalán en la cartelera todo el tiempo que dure la distribución en Cataluña, tanto si las salas están vacías como si el público acude a ellas.El borrador del decreto, que el Departamento de Cultura de la Generalitat envió el lunes a los empresarios del sector y a los partidos políticos, no ha gustado a la industria cinematográfica, al menos a la que ha expresado su opinión, como lo ha hecho el exhibidor Antoni Llorens, de Lauren Films, una empresa con fuerte asentamiento en Cataluña. Llorens mostró su «descontento» porque considera que el sistema de cuotas de catalán puede restar espectadores. El empresario lamentó, además, que el reglamento haya sido elaborado «directamente por la Generalitat», sin la participación del sector. Lluís del Val, de Manga Films, criticó la fórmula de las cuotas, si bien se declaró a favor de la normalización del catalán. La respuesta más contundente en contra del decreto se produjo en Madrid, donde José Antonio Rodríguez, portavoz de la Federación de Distribuidores Cinematográficos, consideró la norma «restrictiva» y «muy peligrosa». En declaraciones a Servimedia, Rodríguez dijo que es «incoherente» que el Gobierno catalán intente imponer al sector una ley distinta a la del mercado. «No existe demanda de cine en catalán, por eso se quiere aplicar el decreto e imponer una cuota de pantalla», afirmó, y añadió que el decreto es muy perjudicial para los intereses de los distribuidores. Además, opinó, «abre un camino muy peligroso, porque se corre el riesgo de que el efecto dominó impulse a otras comunidades con lengua propia a imponer normativas similares».

Los responsables de las grandes empresas distribuidoras, como Buena Vista -que comercializa las películas de la factoría Disney-, Columbia Tri-Star y Alta Films, rechazaron opinar sobre el decreto, aunque son estas compañías precisamente las más afectadas por él, ya que generalmente venden los filmes con mayor número de espectadores. Los productores también se reservaron comentar la norma. El presidente de la FAPAE, Gerardo Herrero, señaló que lo harán tras la próxima junta, en la que debatirán el asunto.

Quienes sí se prestaron a hablar de ella fueron personajes de la cultura en Cataluña, como el director teatral Albert Boadella, quien abominó del decreto. A su juicio, la política lingüística de la Generalitat «convierte la lengua en un efectivo militar» y «esta imposición», añadió, «tendrá un efecto bumerán porque las imposiciones en materia lingüística acaban consiguiendo un efecto contrario del pretendido, es decir, acabará convirtiendo el catalán en una lengua minoritaria». En su habitual línea socarrona, Boadella indicó: «Las lenguas son como el sexo: cada uno debe practicarlo en la intimidad como quiera». El director teatral opinó que «Cataluña está cayendo en el mismo juego en que se cayó en época de Franco, pero al revés». «Resulta paradójico», apostilló, «que no aprendiéramos la lección y que sigamos con decretos y sanciones».

El intelectual y analista cinematográfico Román Gubern se declaró asimismo contrario a este decreto. «Estoy convencido de que la agonía del cine hecho en Cataluña se debe en buena parte a que la política de la Generalitat da prioridad a la lengua por encima de cualquier otra consideración industrial, comercial o estética», señaló. A su modo de ver, esta política ha fomentado hasta ahora «cierto clientelismo» y, a partir del decreto, lo que hará es «favorecer a las multinacionales, o sea, acabar de acuchillar el cadáver». Gubern subrayó que está a favor del fomento de la lengua, pero no a costa de la destrucción del cine.

El cineasta catalán Francesc Bellmunt ofreció, sin embargo, un parecer favorable al decreto: «Es una consecuencia de la normalización lingüística que, desde mi punto de vista, no lesiona los intereses de los espectadores ya que les ofrece una mayor oferta y podrán elegir, cosa que hasta ahora no era posible. Yo no veo ningún problema, aunque soy partidario de las versiones originales y lo mejor sería subtitular en catalán en lugar de doblar».

Por su parte, el consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Maria Pujals -responsable del contenido del decreto-, reiteró su oferta de diálogo al sector implicado, pero subrayó que «la responsabilidad última del decreto es del Gobierno de la Generalitat». Para Pujals, «el decreto de cine es la apuesta más fuerte que se ha hecho para potenciar la industria cinematográfica catalana y española, así como la del doblaje».