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La industria del cine exige diálogo con la Generalitat antes de imponer filmes en catalán

El sector cree que la norma que establece cuotas lingüísticas es contraria a sus intereses

Críticas o mutismo. Estas dos palabras resumen la reacción que tuvo ayer la industria cinematográfica ante la difusión, el lunes, del borrador del decreto de la Generalitat que establece cuotas de catalán en el cine. Los distribuidores y exhibidores medianos lamentaron que la norma no se haya negociado y exigieron diálogo al Gobierno catalán antes de su aprobación. Las grandes empresas callaron. Los políticos se dividieron. El PSOE y el PP se declararon abiertamente en contra del decreto, mientras que los independentistas de Esquerra Republicana y el Partit per la Independència lo celebraron.

La norma obligará a los distribuidores de cine a repartir como mínimo el mismo número de copias de filmes dobladas al catalán que al castellano en el caso de las películas más taquilleras. Tendrán esta consideración durante los dos primeros años de aplicación las cintas con más de 20 copias en Cataluña, y posteriormente ese número se reucirá a 16. Los exhibidores, por su parte, deberán programar al año un 25% de películas en catalán o subtituladas en esta lengua. En el primer caso, la norma obliga a mantener la versión en catalán en la cartelera todo el tiempo que dure la distribución en Cataluña, tanto si las salas están vacías como si el público acude a ellas.El borrador del decreto, que el Departamento de Cultura de la Generalitat envió el lunes a los empresarios del sector y a los partidos políticos, no ha gustado a la industria cinematográfica, al menos a la que ha expresado su opinión, como lo ha hecho el exhibidor Antoni Llorens, de Lauren Films, una empresa con fuerte asentamiento en Cataluña. Llorens mostró su «descontento» porque considera que el sistema de cuotas de catalán puede restar espectadores. El empresario lamentó, además, que el reglamento haya sido elaborado «directamente por la Generalitat», sin la participación del sector. Lluís del Val, de Manga Films, criticó la fórmula de las cuotas, si bien se declaró a favor de la normalización del catalán. La respuesta más contundente en contra del decreto se produjo en Madrid, donde José Antonio Rodríguez, portavoz de la Federación de Distribuidores Cinematográficos, consideró la norma «restrictiva» y «muy peligrosa». En declaraciones a Servimedia, Rodríguez dijo que es «incoherente» que el Gobierno catalán intente imponer al sector una ley distinta a la del mercado. «No existe demanda de cine en catalán, por eso se quiere aplicar el decreto e imponer una cuota de pantalla», afirmó, y añadió que el decreto es muy perjudicial para los intereses de los distribuidores. Además, opinó, «abre un camino muy peligroso, porque se corre el riesgo de que el efecto dominó impulse a otras comunidades con lengua propia a imponer normativas similares».

Los responsables de las grandes empresas distribuidoras, como Buena Vista -que comercializa las películas de la factoría Disney-, Columbia Tri-Star y Alta Films, rechazaron opinar sobre el decreto, aunque son estas compañías precisamente las más afectadas por él, ya que generalmente venden los filmes con mayor número de espectadores. Los productores también se reservaron comentar la norma. El presidente de la FAPAE, Gerardo Herrero, señaló que lo harán tras la próxima junta, en la que debatirán el asunto.

Quienes sí se prestaron a hablar de ella fueron personajes de la cultura en Cataluña, como el director teatral Albert Boadella, quien abominó del decreto. A su juicio, la política lingüística de la Generalitat «convierte la lengua en un efectivo militar» y «esta imposición», añadió, «tendrá un efecto bumerán porque las imposiciones en materia lingüística acaban consiguiendo un efecto contrario del pretendido, es decir, acabará convirtiendo el catalán en una lengua minoritaria». En su habitual línea socarrona, Boadella indicó: «Las lenguas son como el sexo: cada uno debe practicarlo en la intimidad como quiera». El director teatral opinó que «Cataluña está cayendo en el mismo juego en que se cayó en época de Franco, pero al revés». «Resulta paradójico», apostilló, «que no aprendiéramos la lección y que sigamos con decretos y sanciones».

El intelectual y analista cinematográfico Román Gubern se declaró asimismo contrario a este decreto. «Estoy convencido de que la agonía del cine hecho en Cataluña se debe en buena parte a que la política de la Generalitat da prioridad a la lengua por encima de cualquier otra consideración industrial, comercial o estética», señaló. A su modo de ver, esta política ha fomentado hasta ahora «cierto clientelismo» y, a partir del decreto, lo que hará es «favorecer a las multinacionales, o sea, acabar de acuchillar el cadáver». Gubern subrayó que está a favor del fomento de la lengua, pero no a costa de la destrucción del cine.

El cineasta catalán Francesc Bellmunt ofreció, sin embargo, un parecer favorable al decreto: «Es una consecuencia de la normalización lingüística que, desde mi punto de vista, no lesiona los intereses de los espectadores ya que les ofrece una mayor oferta y podrán elegir, cosa que hasta ahora no era posible. Yo no veo ningún problema, aunque soy partidario de las versiones originales y lo mejor sería subtitular en catalán en lugar de doblar».

Por su parte, el consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Maria Pujals -responsable del contenido del decreto-, reiteró su oferta de diálogo al sector implicado, pero subrayó que «la responsabilidad última del decreto es del Gobierno de la Generalitat». Para Pujals, «el decreto de cine es la apuesta más fuerte que se ha hecho para potenciar la industria cinematográfica catalana y española, así como la del doblaje».

Sólo 34 de las 958 películas de la cartelera de Cataluña tuvieron versión catalana el año pasado

De los 958 filmes exhibidos en Cataluña el año pasado, sólo 34 fueron doblados al catalán. Otros 34 títulos ya estaban originariamente en esta lengua y dos subtitulados. En total, asistieron a las proyecciones de dichas cintas 435.986 espectadores, que representan un 1,84% del público que acudió a las salas catalanas en 1997 (23,6 millones). La mayoría de los que eligieron una película doblada al catalán fueron a ver dos películas que están entre las más taquilleras del año pasado, El pacient anglès y Hèrcules, con menos copias distribuidas que la versión en castellano. El año anterior, del que se tienen cifras más concretas, sucedió lo mismo con El geperut de Notre Dame -con 11 copias en catalán frente a las 26 en castellano-, cuya versión en lengua autóctona consiguió superar en porcentaje el número de espectadores de la castellana. Con el 28% de copias en catalán, logró el 31% de público.La Generalitat subvencionó en 1996 y 1997 el doblaje al catalán y las copias en esta lengua de dos cintas de Disney: con 13,9 ( El geperut...) y 20,7 millones de pesetas ( Hèrcules ). El Departamento de Cultura contribuyó también a las versiones catalanas de la película de dibujos Un ratolí enamorat , con tres millones de pesetas, y de Western , con 1,9.

La constatación de que los espectadores optan por filmes taquilleros independientemente de la lengua en la que estén doblados es lo que ha hecho decidir a la Generalitat a introducir en el decreto la cuota del 50% en catalán para las películas que llegan a la cartelera envueltas de una aureola de éxito.

El decreto de la Generalitat, que está previsto que entre en vigor el 1 de enero del próximo año, no sólo fomenta el cine en catalán, sino también el cine en castellano, según se ha encargado de recordar el consejero de Cultura, Joan Maria Pujals. Un ejemplo de ello es que para calcular el 25% de cine en catalán que los exhibidores tienen la obligación de programar al año, no se cuentan las producciones en castellano. Es decir, si una sala ofrece durante el año sólo películas españolas -como las taquilleras Airbag y Torrente, el brazo tonto de la ley -, no necesitará proyectar ninguna en catalán.

Respecto a las sanciones que establece el decreto en caso de incumplimiento, de hasta 10 millones de pesetas para los distribuidores y de cierre durante un máximo de seis meses para los exhibidores, el director general de Política Lingüística, Lluís Jou, insistió ayer en que son las que marca la ley estatal de Protección y Fomento de la Cinematografía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de junio de 1998

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