Pasado y futuro

Los motivos que llevaron a la detención en Buenos Aires del ex dictador Jorge Rafael Videla reúnen en una estremecedora simultaneidad muchos de los elementos de la tragedia vivida en Argentina a consecuencia del terrorismo de Estado de los años setenta, y algunas de las heridas aún abiertas por ese proceso y por la impunidad de sus responsables y ejecutores.

Las imputaciones formuladas por el juez Roberto Marquevich contra el máximo responsable militar del golpe de Estado de l976 -sustracción de cinco menores, supresión de sus estados civiles y falsificación de sus documentos de identidad, en calidad de autor mediato- aluden a niños o niñas que fueron arrebatados en el momento de nacer a sus madres, que estaban en cautiverio, y entregados en muchos casos a miembros de las fuerzas militares que eran los victimarios de sus progenitores.

El mero enunciado de estos hechos, que salen a la luz merced -principalmente- al abnegado rastreo de las Abuenas de Plaza de Mayo, sirve para revelar hasta qué punto la perversidad de la represión institucional de las Juntas Militares superó todos los límites. El medio millar de niños -hoy en su mayoría jóvenes de alrededor de 20 años- que no saben aún cuál es su verdadera filiación constituye con su sola existencia, y con su drama vital, el testimonio más claro de que hay una zona que los decretos de olvido -aunque éstos sean funcionales al poder político de turno y a una parte de la sociedad- no pueden invadir, ya que constituyen un sustento moral sin el cual personas o países vagan en un presente sin futuro.

Delitos excluidos

Delitos como el robo de recién nacidos están excluidos de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida de 1986 -en este caso, el acusado, por su función en el vértice militar de la dictadura, era a quien había que obedecer - y no prescriben. Videla dijo actuar en defensa del Occidente cristiano y aseguró en una conferencia de Ejércitos americanos que en su país morirían «todos los que hagan falta». El primer gobierno de la democracia lo juzgó y condenó en l985 a cadena perpetua por hechos probados. En 1990 fue indultado. Ocho años más tarde, se le imputan delitos cometidos en una maternidad clandestina del Hospital de Campo de Mayo, en Buenos Aires, cuartel en el cual funcionó en los años negros el campo de concentración El Campito, a cargo del Ejército, equivalente de la Escuela de Mecánica de la Armada.Ahora, en el caso de los niños robados, la llama de la verdad -siempre dolorosa para los protagonistas directos- tal vez sirva para iluminar al resto de la sociedad. Laura Bonaparte, de la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, lo definió así: «Nos estamos jugando el futuro».