EL pago de indemnizaciones en Buenos Aires divide a las familias de los desaparecidos

La emisión de los bonos del Tesoro BOCON (Bonos de Consolidación), por 3.000 millones de dólares ( medio billón de pesetas) para indemnizar a los familiares de los miles de desaparecidos durante la última dictadura militar, decidida por el Gobierno argentino, ha provocado respuestas encontradas entre los afectados. Mientras la presidencia de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo reaccionó muy duramente, calificándolo de "un invento de mafiosos", otros familiares lo hicieron con resquemor; pero la gran mayoría se acogerá a los beneficios. Dirigentes de los grupos de derechos humanos insisten en que la aceptación de las políticas de indemnizaciones no significa olvidar la exigencia de verdad y justicia."Eso es una jugarreta económica. Hay personas ancianas que van a tener que esperar hasta el año 2000 para cobrar", protestó Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de de Mayo. Fuentes oficiales niegan la existencia de trampas en los bonos, que pretenden cumplir una deuda Moral y ayudar económicamente a las familias de las víctimas del período más salvaje de la historia contemporánea argentina (19761983).

"Queridos hijos, hace más de veinticinco años" -escriben Hebe de Bonafini y Juana Pergament, por las Madres de la Plaza de Mayo, en una carta abierta- "ustedes, los 30.000 desaparecidos, decidieron jugarse y donar su vida en un sueño increíble, en una esperanza hermosa, la transformación profunda de este sistema capitalista que explota y reprime cada vez con más fuerza". "Leemos", agregan, "que este Gobierno de mafiosos inventó el bono BOCON, que se cotizará en Bolsa. Sí, aunque ustedes no lo crean, la sangre preciosa de Ustedes, cotizada en Bolsa de valores junto con las multinacionales a las que ustedes combatían". Añaden que "si se estima que cada uno de ustedes vale 220.000 dólares en bocones, también se especula con la cotización y la cantidad de vendedores que se anotaron para cobrar".

La nueva emisión de bonos del Tesoro fue decidida en decreto presidencial y afronta los pagos establecidos en la ley del 28 de diciembre de 1994, que obliga al Estado a indemnizar a las víctimas del terrorismo castrense. Cifras oficiales sitúan en aproximadamente 10.000 el número de desaparecidos, relación que grupos de derechos humanos aumentan, hasta los 30.000. El único cálculo relativamente preciso de personas cuyos destinos aún se desconocen fue el de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), que funcionó durante el Gobierno radical del presidente Raúl Alfonsín (1983-19,89), y que lo fijó en 8.961. Las nuevas denuncias recibidas durante el Gobierno neoperonista del presidente Carlos Menem llevaron el triste balance hasta las 9.000 y 9.500 personas asesinadas y después arrojadas al río de la Plata, al océano Atlántico o quemados en zanjas.

Según Alicia Pierini, subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, 1.500 personas pueden cobrar ya los bonos, "que en él momento de cotizarse van a valer más". Pierini anticipa que para el 2000, año de vencimiento del plazo de reclamación, habrán solicitado la ayuda unas 15.000 personas. Hasta ahora se han registrado cerca de 7.500 peticiones de parientes de desaparecidos y unas 1.500 de familiares de personas cuyo fallecimiento fue comprobado.