Todos los sectores del cine español se rebelan en el último momento contra la 'ley Alborch'

El cine español se ha puesto de nuevo en pie de guerra. Pero en esta ocasión todos están en la misma trinchera. La división que provocó la promulgación de la ley de cine entre los distintos sectores afectados ha dado paso a la unión de todos en contra del texto que hoy pasa su último trámite parlamentario en el Pleno del Congreso. La manzana de la discordia es ahora la enmienda aprobada en el Senado por la que las autonomías con más de una lengua ofi cial gozarán de la potestad de cambiar cuotas de pantalla, licencias de doblaje y sanciones. Todos coinciden en que esta facultad supone una utilización del cine español con fines claramente políticos, como el de la normalización lingüística.

La elaboración del complicado castillo de naipes que ha supuesto todo el entramado de la ley de cine desde su presentación como decreto hasta su tramitación parlamentaria como proyecto se ha derruido de un soplo. ras el revuelo provocado por exhibidores y distribuidores en contra de la ley con huelga de salas de cine incluida el pasado 20 de diciembre -la primera en la historia de España-, parecía que las aguas habían vuelto a su cauce. Aunque las cuotas de pantalla y las licencias de doblaje, verdaderas bestias negras de la ley, no han sufrido ningún cambio importante en su tramitación parlamentaria, los exhibidores y distribuidores claudicaron, no todos con buena cara, y se sentaron a negociar con los restantes sectores.Sin embargo, la enmienda transacional, propuesta por el Grupo Vasco y apoyada por los socialistas, CiU y el Grupo Mixto en el Pleno del Senado del pasado 18 de mayo, ha dado al traste con todas las esperanzas negociadoras. Ayer, Cultura comunicó la suspensión de las cuatro reuniones previstas para ayer por la tarde y hoy y a las que iban a asistir representantes de todos los sectores cinematográficos con el objetivo de dialogar sobre los puntos más polémicos de la ley.

Balmaseda, de viaje

Aunque la excusa dada por Cultura fue que Enrique Balmaseda, director del ICAA, se encontraba de viaje y que hoy tenía una reunión en Madrid, la realidad es que tanto los productores como distribuidores y exhibidores fueron anulando su asistencia progresivamente a lo largo de la mañana en señal de protesta con la enmienda aprobada en el Senado. Cultura no tuvo más remedio que comunicar la suspensión.

La enmienda de la discordia señala textualmente: "Las comunidades autónomas con más de una lengua oficial española podrán, oídas las asociaciones afectadas, adaptar las modalidades de cumplimiento a que se refieren los artículos 6, 7 y 8 de la ley". Estos artículos hacen referencia a las cuotas de pantalla, las licencias de doblaje y las sanciones.

Hasta los productores, los únicos que como un solo hombre han apoyado y mimado el texto de esta ley desde un principio, están que trinan. José María Otero, director general de la Fundación Procine, que reúne a los principales productores españoles y cuyo comité ejecutivo se reunió ayer con carácter de urgencia, mostró su preocupación por el riesgo que implica el que cada autonomía pueda libremente fijar sus porcentajes. "Se ha utilizado el cine para otras finalidades extracinematográficas como es la normalización lingüística. El cine tiene una vocación internacional y no se puede pensar en hacer cine para un determinado territorio", señaló Otero.

El director de la Fundación Procine mostró su extrañeza y sorpresa por el hecho de que se haya aprobado esta enmienda en un momento en el que tanto las licencias de doblaje como las cuotas de pantalla se están negociando entre los distintos sectores afectados. "Son los productores, exhibidores y distribuidores quienes tienen que ponerse de acuerdo y no dejarlas al libre albedrío de las diferentes políticas autonómicas", dijo Otero. Según un comunicado de la Fundación Procine, "si la enmienda aprobada en el Senado se incorpora definitivamente a la ley, destruirá la finalidad que la propia ley buscaba de promover el cine español y afectará negativamente por igual al cine en cualquier lengua española, castellano, catalán, euskera o gallego y a los productores, distribuidores y exhibidores".

Esta misma opinión es compartida por el distribuidor y exhibidor Enrique González Macho, que afirma lacónico que "esto es lo peor que le ha podido pasar al cine español en los últimos 20 años". "Va a suponer la fragmentación del mercado unitario del cine en España; a partir de ahora habrá un mercado castellano, otro catalán, otro vasco y muchos más", señala González Macho. "Al tener competencias las comunidades autónomas para legislar en este campo no se persigue el bien del cine sino el de la normalización lingüística", añade.

También el presidente de la Federación de Exhibidores, José del Villar, quiere alertar sobre la peligrosidad y la inseguridad jurídica que va a suponer "el que la ley se aplique de una manera en una parte del Estado y de otra en las distintas autonomías bilingües".

Por su parte, el subsecretario de Cultura negó intencionalidad política en dicha enmienda. "No hay ningún motivo de preocupación. Es una simple adaptación para reconocer y asumir la complejidad del Estado de las autonomías. Muchas comunidades tienen competencia en materia de espectáculos y esto lo teníamos que reconocer. No implica ninguna modificación sustancial de la ley".

Para Miguel Ángel Cortés, portavoz de Cultura del Partido Popular, con esto se demuestra que "el Gobierno utiliza el cine primero para conseguir apoyo electoral y ahora para obtener apoyo parlamentario".