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LA OBLIGATORIEDAD DE LA Ñ EN LOS ORDENADORES

La solución del Gobierno a la eñe puede chocar de nuevo con las normas de la CE

La Comunidad tiene unidad de mercado, pero carece de política cultural común

La solución del Gobierno español al conflicto de la eñe puede tener dificultades en la CE. El Ministerio de Industria permitirá que se vendan en España ordenadores sin esa letra, y una nueva norma de Sanidad y Consumo hará que sólo puedan comprarse con la eñe. El problema es consecuencia de la unidad de mercado de la CE, según afirmaron ayer fuentes comunitarias. La Comunidad carece de política cultural común: los Doce se oponen a ello, incluso como proyecto, según acuerdo de los ministros de Cultura del 29 de enero. Para la Comunidad, las mercancías tienen derechos que no son reconocidos a la lengua.

La solución adoptada por el Gobierno español al conflicto de la eñe -derogación de la legislación que hoy obliga a que la letra figure en los teclados de los ordenadores vendidos en España y, al tiempo, emisión de una nueva norma que exija la eñe como requisito para la venta- puede encontrar dificultades en la CE. Fuentes de la Dirección General de Mercado Interior y Asuntos Industriales de la CE -precisamente la que desencadenó la acción contra España porque la obligatoriedad de la eñe constituye un obstáculo comercial- afirmaron que la nueva norma no puede aportar distorsiones a la libre competencia.Las empresas que exportan equipos a España podrían presentar nuevas quejas si, una vez importados, los equipos no pueden ser vendidos en condiciones de igualdad.Traba

"La Comunidad Europea no actúa contra la integridad del idioma español", afirmaron ayer fuentes de la Comisión Europea. La queja contra España se basa en la vigencia de tres reales decretos sobre seguridad de los equipos informáticos, que exigen que ordenadores e impresoras comercializados en España tengan la letra eñe, lo cual "es una traba a la libre circulación de mercancías".

Ningún país comunitario puede rechazar la importación de un producto legalmente comercializado en otro Estado miembro exportador por el único motivo de que no responde a las reglamentaciones técnicas o comerciales del país importador.

Esta orientación fue formulada por la Comisión Europea a todos los Estados miembros en un escrito enviado en 1980, a raíz de la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la CE en la célebre sentencia Cassis de Dijon y Gilli, que sancionó el derecho de un licor francés a ser exportado libremente.El pasado febrero, según fuentes del Gobierno, la Comisión Europea amenazó a España con la apertura de un procedimiento si antes del 15 de abril no eran derogados los tres reales decretos de 1985.

El plazo se ha visto prorrogado, entre otras razones, porque los suministradores (japoneses, estadounidenses y algún fabricante europeo) han continuado vendiendo sin problemas.

El propio Ministerio de Industria admite que los decretos se han incumplido, y reconoce que "la gran mayoría de los ordenadores comercializados en España no tienen la letra eñe".

Sin embargo, según Antonio Muñoz, consejero de la Dirección General de Electrónica, "es un contrasentido que unas normas técnicas incluyan un artículo sobre la defensa del español que no tiene nada que ver con la seguridad de los equipos". Industria tiene preparado un proyecto para anular los decretos contestados por la CE.

Al Gobierno español, según otras fuentes, "sacar un decreto o una ley de defensa del castellano le plantea un problema político, porque es reconocer que el idioma está agredido". Por eso se ha elegido una norma dirigida a salvaguardar el interés de los consumidores. La importación de ordenadores e impresoras sin eñe será permitida, pero no su comercialización al usuario final.

El artículo 36 del Tratado de Roma sobre la libre circulación de mercancías autoriza excepciones a la prohibición de medidas nacionales protectoras, pero no menciona la competencia leal ni la protección de los consumidores.

No obstante, la jurisprudencia del Tribunal de la CE considera que esos dos principios son susceptibles de aplicación a partir de "la ley de razón". Esta interpretación es la que da pie al Gobierno para intentar amparar la integridad del alfabeto en un nuevo decreto que nada tenga que ver con las normas de seguridad y certificación de productos industriales. Lo que parece claro es que los tres reales decretos encausados por la Comisión Europea tienen que ser anulados.

Ello no eliminará el fondo del conflicto, afirman expertos en informática consultados. En realidad, conseguir que un teclado concebido sin la eñe escriba esa letra es muy sencillo.

Pero el programa continuará tratándola como un elemento extraño, y no permitirá abrir un archivo con un nombre que contenga esa letra ni ejecutar una orden básica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de mayo de 1991