Alfonsín cede a la presión de la Armada para que ascienda el teniente Astiz, acusado de torturas y otros graves delitos

Antes del próximo 31 de diciembre el teniente de navío Ignacio Alfredo Astiz será ascendido a capitán de corbeta, al haber sido declarado apto para el empleo inmediato superior por la junta de calificaciones de la Armada argentina. Astiz debería haber ascendido en 1985, pero los procesos en que se vio involucrado por violación de los derechos humanos demoraron su ascenso.

Una vez ascendido, el flamante capitán de corbeta deberá iniciar su período anual de vacaciones, por lo que podrá retrasarse hasta comienzos de febrero la decisión de otorgarle destino, sugerirle el retiro, obligarle a retirarse o dejarle indefinidamente a disponibilidad del Estado Mayor de su arma.No obstante, la presión de la Armada es muy fuerte y cerrada para que Astiz prosiga su carrera naval sin ninguna interferencia del poder político. El presidente Raúl Alfonsín y su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, han mantenido reuniones con expertos jurídicos civiles y militares sin encontrar el menor resquicio legal para impedir el ascenso del oficial que comandó un grupo de tareas en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la guerra sucia contra la subversión, bajo el apodo de Cuervo. Astiz es acusado, entre otros delitos, de la desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, y de las monjas francesas Alice Domon y Leoni Duquet.

Su pase a retiro por orden del ministro de Defensa sería una decisión política que debería enfrentarse a la explícita amenaza de la dirección de la fuerza, que encabeza el vicealmirante Ramón Arosa, de dimitir el bloque. Sólo dentro de 10 años, si el régimen democrático pervive en la Argentina, Astiz podría ver truncada su carrera sin traumas institucionales; en 1997 deberá hipotéticamente ascender a capitán de fragata, rango a partir del cual sólo se puede ascender mediante acuerdo secreto del Senado de la nación.

Esperanza remota

Resta una remota esperanza de que Astiz solicite voluntariamente su retiro y acepte las ofertas que se le están haciendo de trabajar como instructor de la Marina, en astilleros civiles o incluso como agregado a una embajada como la de Argentina en Suráfrica, donde ya sirvió durante algunos años a plena satisfacción del régimen surafricano. El caso es que el presidente Alfonsín, tras el golpe de Estado blando del Ejército de Tierra durante la pasada Semana Santa, y perdida su mayoría parlamentaria y en las gobernaciones de las provincias en las elecciones del 6 de septiembre, carece de poder real para plantarle cara a la Armada.Cabría una última posibilidad de solucionar el caso Astiz en un terreno judicial.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, máximo tribunal castrense, juzgó y condenó a los responsables militares de la pérdida de la guerra de las Malvinas. Dado que, desde la asunción del Gobierno radical, las sentencias militares son apelables ante la justicia ordinaria, el fiscal federal Julio César Strassera recurrió aquellas por no estimarlas ajustadas a derecho; particularmente la que absolvía a Astiz por la rendición de las islas Georgias del Sur sin disparar un solo tiro, aún en el supuesto de haber recibido órdenes para hacerlo así.

Código de honor

La fiscalía de la Cámara Federal de Apelaciones estima que según el código de honor de las Fuerzas Armadas argentinas, el jefe de una plaza no puede rendirla sin haber agotado el parque o haber perdido dos tercios de sus hombres en la batalla.Si en esta apelación, que comenzará a verse en febrero próximo, el ahora capitán de corbeta Alfredo Astiz resultara condenado, se facilitaría políticamente su definitivo retiro de la Armada argentina.