Argentina, en el diván

EL ETERNO problema de la acomodación de la justicia a la política acaba de plantearse nuevamente con toda su crudeza en la República Argentina. La pasada semana el Gobierno radical de Raúl Alfonsín aprobó un proyecto de ley de Reconciliación Nacional en el cual se fija un plazo de 30 días para formular nuevas denuncias sobre violación de derechos humanos en el país, anteriores al 10 de diciembre de 1983 -fecha de asunción del Gobierno democrático-, y de otros 30 días para que los tribunales castrenses u ordinarios dicten nuevos procesamientos. Cumplidos estos plazos no podrá enjuiciarse a nadie por la "guerra sucia contra la subversión", excepto a los prófugos y a los implicados en la desaparición de niños que aún no han sido hallados. De esta manera, con el apoyo de la Iglesia Católica y de las Fuerzas Armadas y con el rechazo de la mayoría de la oposición, de los organismos defensores de los derechos humanos y de no pocos radicales, Alfonsín ha hecho una apuesta política que le aportará un inevitable desgaste.Aducen los opositores al proyecto de ley que los crímenes de la humanidad no deben prescribir jamás y que de hacerlo en Argentina debería ser a partir de diciembre de 1983, en que pudieron formularse las denuncias sin temor a la represión. Estiman también que estos tres años de juzgamientos militares y policiales no han sido suficientes, dado el obstruccionismo que durante buena parte de ellos ejerció el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, máximo tribunal militar. Señalan, asímismo, que el principio de igualdad ante la ley debería extender la prescripción a los delincuentes de derecho común.

Alfonsín replica que durante tres años el Gobierno ha decretado procesamientos y ha estimulado otros contra los responsables de la "guerra sucia", ha propiciado y sufragado la investigación de los hechos a través de la Comisión Sábato y ha realizado un esfuerzo sin precedentes para aplicar la justicia desde Nuremberg. El Gobierno estima que mantener el estado de inseguridad jurídica permanente, de sospecha eterna, sobre el conjunto de las Fuerzas Armadas, Policiales y Penales de la nación es un camino maximalista que sólo conduce a la debilidad institucional. Porque el Gobierno -y la sociedad argentina más sensibilizada ante aquella tragedia- sabe perfectamente que la última Junta Militar incineró archivos, demolió hasta los cimientos de los campos clandestinos de detención, cremó toneladas de restos humanos, e hizo todo lo posible para la destrucción de pruebas. En la mayoría de los casos falta el cuerpo del delito y las pruebas elementales. Sólo cabría un juicio político y moral contra el conjunto de las Fuerzas Armadas y su filosofía acerca de la seguridad interior.

El presidente Alfonsín firmó, a los tres días de su llegada al poder, un decreto de enjuiciamiento de las tres primeras Juntas Militares, del general Camps y sus compinches como responsables policiales de la provincia de Buenos Aires, y del contralmirante Chamorro y sus secuaces en la Escuela de Mecánica de la Armada. No se puede negar que lo avanzado ya en Argentina, en materia de distribución de justicia, ha sido mucho; y mucho más si se contempla la inminente ley de amnistía en Uruguay y el hecho de que 20 años de dictadura militar en Brasil no hayan deparado un solo procesamiento. No existen precedentes de que tres ex presidentes militares consecutivos de una nación hayan sido procesados y condenados en primera instancia, junto a sus conmilitones en el gobierno, ni puede acusarse de debilidad ante los militares a la Administración radical argentina.

Que la ley de Reconciliación Nacional reconcilie realmente a los argentinos es otra cosa. No es seguro ni que los militares hagan en su conjunto un acto de contricción por sus pasados pecados, ni que los deudos de los desaparecidos y torturados puedan llegar a olvidar y perdonar. La ley solo será eficaz si Argentina se levanta del diván del psicoanalista en el que sigue postrada y enfrenta sus problemas de vertebración social y crecimiento económico.