Un fiscal irreductible

Julio César Strassera, de 52 años, casado y con dos hijos adolescentes, nacido en Comodoro Rivadavia -al sur del país, literalmente en el fin del mundo-, de mediana estatura, poblados bigotes negros y una vaga mirada ensoñadora, parece un hombre expeditivo y enérgico y sin ninguna duda moral sobre su inmediato y peligroso papel: fiscal en el juicio seguido contra las tres primeras juntas militares argentinas por presunta detención ilegal, aplicación de tormentos, desaparición, muerte y robo de efectos a los ciudadanos.En el Palacio de Justicia de Buenos Aires, los jueces y trabajadores judiciales, hambreados por salarios que una inflación de más del 800% anual devora día a día, han decretado una huelga a la japonesa: trabajan a ritmo acelerado. Manifestantes de las centrales sindicales deambulan por las galerías del palacio haciendo resonar los ecos de sus bombos contra las bóvedas; en un corredor lateral, un solo policía federal ceba su mate y calienta agua en la pava metálica sobre un infiernillo eléctrico: es la única custodia del fiscal Strassera, con quien trabaja un equipo joven de 14 personas, apelotonadas en tres despachitos mal alumbrados, incómodos y poco funcionales.

"Ni me han amenazado todavía", dice Strassera, "ni tengo temor. Mi mayor garantía reside en que quienes quisieran impedir este proceso saben muy bien que no podrán detenerlo atentando contra mi persona; cualquier intento intimidatorio en este sentido no servirá absolutamente para nada".

Hace pocos meses, un comando armado, con métodos y maneras de alta profesionalidad militar, tomó por asalto los tribunales de Rosario -al norte de la provincia de Buenos Aires, segunda capital del país- y robó toda la documentación y pruebas acumuladas por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) acerca de la guerra sucia contra la subversión en la provincia. Strassera mira sus pobres despachitos y sus archivadores de madera y sonríe. "Por supuesto que mi documentación y mis pruebas están guardadas en un lugar seguro; no tenga usted temor".

Julio César Strassera, de origen genovés y austriaco, ha desarrollado una carrera de 24 años en el poder judicial desde secretario de juzgado hasta fiscal de apelaciones; en la universidad de Buenos Aires fue discípulo de Luis Jiménez de Azúa, y en su calidad de profesor adjunto de Derecho mantuvo relación universitaria con Claudio Sánchez Albornoz.

"Yo creo que los integrantes de las tres primeras juntas militares son culpables de los delitos que se les imputan y serán condenados".

Pregunta. Le van a aducir que los cadáveres NN (ningún nombre) fueron muertos en enfrentamientos armados con las tropas.

Respuesta. Mire usted, le voy a citar tan sólo dos casos que tengo de cadáveres NN, posteriormente identificados y dados Por las fuerzas armadas como muertos en enfreintamientos armados: uno tiene pólvora en la lengua, y el otro, con las costillas seriamente dañadas por torturas, presenta un solo. disparo en el corazón. Ya me dirá usted en qué tipo de enfrentamiento armado una de las partes enfrentadas muere con las costillas machacadas o con un tiro en la boca, efectuado con el cañón del arma metido entre los dientes.

P. Pero se le replicará que no existe una relación directa entre la comisión de atrocidades por parte de algunos elementos de las fuerzas armadas y los miembros de las juntas militares que dirigie ron el país.

R. Mire, vamos a, probar la existencia de campos de detención clandestinos, instalados y dirigidos por las tres armas, en los que se detuvo ilegalmente, se aplicaron tormentos a los presos y de los que desaparecieron ciudadanos. ¿Es que un teniente o un capitán se entretenía organizando por su cuenta y riesgo, y sin conocimiento de sus superiores, campos de detención clandestinos? ¿Tenemos que creer que el responsable supremo de cada arma desconocía lo que estaban haciendo sus fuerzas? Tenga en cuenta que como testigos presentaré a militares en actividad durante aquellos penosos sucesos y a desaparecidos que regresaron de su cautiverio y que han reconocido sus lugares de detención y, en algunos casos, hasta a sus interrogadores por sus voces (los desaparecidos vivían permanentemente encapuchados).

P. Primero se barajó la cifra de 30.000 desaparecidos; posteriormente, la Conadep logró investigar poco más de 8.000 desapariciones Ahora usted anna su alegato fiscal sobre 709 casos. A usted y al Gobierno se les acusa de que a medida que pasa el tiempo los horrores de la dictadura militar se les desinflan entre las manos.

R. Ésa es otra argumentación banal destinada a influir en la opinión pública extranjera, porque los argentinos saben que por nuestro Derecho Penal las penas no son acumulativas. Para condenar a las juntas militares a 25 años de cárcel o a cadena perpetua tengo que desmontar un solo defito; no podemos condenarlas a 30.000 penas de 25 años, aunque probáramos 30.000 desapariciones. Y es de sentido común suponer que no vamos a plantear ni siquiera los 8.000 casos investigados por la Conadep, por la sencilla razón de que entonces el juicio duraría varios años. Yo he seleccionado los 709 casos que me parecen ilustrativos y ejemplares, a través de los cuales se podrá conocer judicialmente lo que ocurrió durante aquellos años en la nación. Estos casos bastarán para hacer justicia, y al menos, aunque sólo sea simbólicamente, algunas familias tendrán al fin conocimiento de lo que ocurrió con sus deudos desaparecidos, cuál fue su suerte y cuáles fueron los responsables de su drama. Y, pese a esta selección obligada, tendremos juicio para cuatro o cinco meses.

P. Si me permite seguir ejerciendo de abogado del diablo, le diría que los militares argentinos se limitaron a poner en práctica una orden del Gobierno peronista constitucional presidido por Isabelita Perón en la que se requiere de las fuerzas armadas combatir la subversión hasta su aniquilamiento total.

R. Sí, eso se va a plantear en el juicio, y también, como en el caso de ustedes durante el juicio por el golpe de Estado de 1981, aducirán el estado de necesidad. Militarmente, aniquilar al enemigo no consiste en exterminarle fiÍsicamente, sino en hacer desaparecer su resistencia y su voluntad de luchar. Un militar, aunque se vea obligado a matar, no es un matarife, no procura la extensión de la muerte. Y aquí han desaparecido ancianos, niños de corta edad o recién nacidos, amigos y familiares que sólo tenían una relación casual con las víctimas principales. Eso no tiene nada que ver con los usos de la guerra. Además, nos encontramos con decretos como el 604, firmado por el presidente Roberto Viola, que ordenan la eliminación de los agitadores marxistas "( ... ) y la bibliografía".

Eso me recuerda a mí la quema de libros por los nazis.

P. Algunos acusados, como el teniente general Jorge Videla, rechazan este juicio y reclaman su juez natural: el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, máximo tribunal castrense.

R. Los únicos jueces naturales de las personas son los jueces constitucionales, y la Cámara Federal es un juzgado constitucional. Pero es que además, según las ordenanzas de Carlos III, en las que nuestras fuerzas armadas han seguido muy bien el ejemplo español, la justicia militar es un tribunal de casta, de clase; un tribunal de privilegio, del que se excluye a quien se supone indigno de la justicia militar por ser sospechoso de la comisión de delitos comunes. Y éste es el caso de los nueve integrantes de las tres primeras juntas militares, a quienes se va a juzga no por supuestos delitos castrenses , sino por la sospecha fundada de que se cometieron delitos comunes, indignos del fuero militar como la detención ilegal de personas, la aplicación de tormentos o el robo a los ciudadanos.

Justicia para la paz

Señor fiscal: le acusan de haber lo un fiscal bajo la dictadura militar antes de serlo bajo la democracia.

R. Es como si me acusaran deberle plata al almacenero de la quina. En 24 años no he sido otra cosa que un buen funcionario de la justicia de mi país en todos sus avatares. Pero ya se sabe que cuando faltan argumentos ad causam aparecen los argumentos ad hominem. Lo único importante es que prevalezca la justicia y que se esclarezca el drama de estos últimos años. Porque tenga usted la seguridad de que sin justicia jamás podrá haber paz en este país.

Strassera, enérgico, un punto apasionado, siempre muy correcto, queda entre sus legajos y caretas y sus jóvenes ayudantes en sus arrumbados despachos. No a dispuesto ni de un ordenador para elaborar su trabajo. Rechaza despectivo el calificativo de Nuemberg criollo aplicado a este juicio en sus vísperas y lo aproxima intelectual y políticamente al juicio que, tras su caída, condenó a muerte a los coroneles griegos. Ha estudiado toda la bibliografía sobre casos que pudieran constituir precedente, incluido el juicio por el 23-F español. A su puerta, un modesto policía federal sigue calentando su pava y sorbiendo su mate como un símbolo de la tranquilidad deliberada de una democracia, aún muy frágil.