Tres ex presidentes y seis jefes, en el banquillo

M. P.El juicio contra los integrantes de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1982, procesados por uno de los primeros decretos del presidente Raúl Alfonsín, comenzará mañana en Buenos Aires.

Simbólicamente, se sentarán en el banquillo de los acusados -no tienen obligación de comparecer, salvo en determinadas circunstancias procesales- los tenientes generales Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, ex presidentes de la República y comandantes en jefe del Ejército de Tierra; los almirantes Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini e Isaac Anaya, comandantes en jefe de la Armada e integrantes de la juntas militares, y los brigadieres del Aire, comandantes de la Fuerza Aérea y triunviros militares Orlando Ramón Agosti, Omar Graffigna y Basilio Arturo Lami Dozo.

Los nueve se encuentran procesados por detención ¡legal, desaparición de personas, aplicación de tormentos a los detenidos y robos de bienes a los ciudadanos. Sólo el teniente general y ex presidente Videla ha rechazado el proceso, reclamando su juez natural -la justicia militar-, y es defendido de oficio.

El juicio se celebrará, ante la Cámara Federal de Apelaciones de lo Criminal y Correccional, por el fuero militar, tras que ésta reclamará la causa al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (máximo tribunal castrense) por demora injustificable de la instrucción del juicio. La cámara está integrada por seis jueces civiles y su presidente, y en el juicio intervendrán 21 abogados defensores. Al menos 2.200 personas comparecerán como testigos del fiscal y las defensas en las audiencias, que serán orales y públicas. El primer testigo en comparecer será Italo Argentino Lúder, vicepresidente de la nación, en su calidad de presidente del Senado con Isabelita Perón y candidato peronista en las últimas elecciones presidenciales.

Las medidas de seguridad son excepcionales, y se ha llegado a cortar el tráfico en los aledaños del Palacio de Tribunales, situado en pleno centro urbano de la capital. Unos 400 periodistas argentinos y extranjeros habrán de repartirse por sorteo 80 plazas diarias para seguir directamente el juicio.

La fiscalía centrará su alegato en 709 casos documentados y representativos de todas las provincias del país de desaparición de personas, detenciones ilegales, internamiento en campos de concentración clandestinos, aplicación sistemática de torturas y robos de bienes llevados a cabo por personal de las tres armas de las fuerzas armadas.

Las defensas plantearán una línea de actuación política basada en el estado de necesidad -conculcación de un derecho para alcanzar un bien común superior-, en la orden impartida a los militares por la presidenta Isabel Perón de exterminar a las guerrillas de izquierdas, en la supuesta injusticia de que el proceso no se vea ante el tribunal militar correspondiente y en la supuesta ausencia de conexión directa entre los crímenes presentados por el fiscal y los nueve encausados.

Se espera todo un cuestionamiento en regla del sistema democrático por parte de las defensas y todo tipo de provocaciones desestabilizadorás y extraprocesales por parte de la extrema derecha militar y civil involucionista. Los acusados y sus valedores no acaban de entender por qué se les procesa por lo único que, a su juicio, han hecho bien: el aniquilamiento de la subversión, sobre la que indudablemente triunfaron, en contraste con el desastre económico de su gestión administrativa y la derrota en las islas Malvinas frente a las tropas británicas. El contralmirante Mayorga, defensor del general Camps, ex jefe de la policía bonaerense y procesado en otra causa, ha sido explícito a este respecto: "Teníamos que haber fusilado en la cancha del River, con coca-cola gratis y televisándolo. El error fue hacerlo todo ilegalmente y no haber firmado la declaración de guerra interna".