Argentina: lobos juzgando a lobos

Para el autor de este trabajo, poeta y escritor argentino, los procesos abiertos en Argentina contra los responsables de los crímenes de la dictadura militar no están muy claros y parece como si el Gobierno de Raúl Alfonsín hubiera pactado algunos chivos expiatorios para saldar una larguísima cuenta de sangre y horror que exige una mayor claridad y rigor.

El general Camps, ex jefe de policía de Buenos Aires bajo la dictadura militar, se jactó públicamente del asesinato de 5.000 opositores a la dictadura militar. Acaba de ser citado por la justicia para declarar sobre la desaparición de uno de ellos, pero anda libre por la calle.El terrorismo de Estado en Argentina produjo 30.000 desaparecidos como mínimo, 10.000 muertos declarados, miles de prisioneros, dos millones de exiliados. Pero el Gobierno radical del doctor Alfonsín, recién electo, ha establecido una diferencia entre los militares responsables de ese terrorismo, les ha clasificado en tres categorías: los que dieron las órdenes, los que las cumplieron con excesivo celo y los que simplemente las cumplieron.

Así, el general Camps no tuvo problemas en autoinstalarse entre quienes se limitaron a cumplir las órdenes.

Llama la atención que el Gobierno radical instituya como categoría lo que los nazis juzgados en Nuremberg esgrimieron como disculpa: "Cumplimos órdenes", dijeron. Como si hubiesen sido empleados de tienda o de oficina que movieron cajas o papeles según, capricho de un burócrata, y no actores de un genocidio feroz. Fue disculpa no aceptada.

Proceso sin revisión

También llama la atención que el Gobierno del doctor Alfonsín ponga un signo igual entre los militares y los llamados subversivos y juzgue a un grupo de ellos no iniciándoles proceso, sino prosiguiendo una causa incoada... por la dictadura militar. Así, se legaliza un procedimiento de la dictadura militar sin revisar al menos los presupuestos que motivaron la, apertura de esa causa y se aplica el mismo calificativo que los militares propinaron a los miles de muertos y desaparecidos, a los presos, a los exiliados.

Centenares de subversivos -mejor dicho, sus restos, con tiros en la cabeza y las manos cortadas- están apareciendo en los cementerios clandestinos que la gente ha comenzado a denunciar. Todos hemos visto esas imágenes por televisión. ¿Qué habrá pensado una de las Madres de la plaza de Mayo mirando alguna tibia, un occipital semicubierto de tierra y no identificable?

Otra cosa que llama la atención es que el Gobierno radical haya incluido entre los subversivos al ex gobernador peronista de la provincia de Córdoba, el doctor Obregón Cano.

El doctor Obregón Cano integra un grupo político con dirigentes montoneros, pero nunca fue miembro de esa organización guerrillera. Jamás participó en una acción armada, pero fue preso igualmente cuando retorné al país después de un largo exilio. Tiene proceso por asociación ilícita. En este terreno, el Gobierno radical aplica menos sutileza, categoriza menos que cuando se trata de los militares. Tampoco ha decretado una amnistía general: se revisarán los procesos de los presos políticos de. la dictadura todavía en prisión -unos 60-habrá indultos, revisiones, condonación de penas; pero el principio aberrante en que se basaron esos juicios no ha sido cuestionado.

En realidad, no hay mayor asociación ilícita en Argentina que las fuerzas armadas. Porque en muchas ocasiones (1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976) violaron la Constitución, derrocaron a las autoridades civiles y se autoconstituyeron en Gobierno. Pero también porque cometieron numerosos delitos penados por el Código Civil argentino: a) asesinato; b) secuestró; c) daño físico a terceros; d) detención ilegal de personas; e) juicio ilegal contra personas; f) condena ilegal de personas; g) robo; h) hurto; i) robo calificado; j) robo con escalamiento; k) violación de domicilio; l) violación; m) daño a la propiedad privada; n) estafa; o) defraudación fiscal; p) concusión; q) corrupción; r) ocultación de pruebas; s) falso testimonio; t) asalto a mano armada; u) entrega de riquezas nacionales; v) atentados contra la seguridad y la estabilidad nacionales; w) destrucción del patrimonio nacional; x) violación de la libertad de Prensa; y) violación de las libertades públicas; z) violación del derecho de asociación.

Se acabaron las letras del abecedario, no la lista de delitos cometidos por la dictadura militar.

Esa asociación ilícita que son las fuerzas armadas argentinas también violó el derecho público internacional: llevó al país a una guerra aventurera (las Malvinas); intentó una guerra con un país vecino (Chile); apoyó a Estados racistas condenados por la ONU (Suráfrica, Israel); se entendió a nivel represivo con otras dictaduras latinoamericanas (Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Guatemala); participó directamente por vía de hecho, en el derrocamiento del Gobierno de un país vecino (Bolivia); asesinó a refugiados políticos molestos para las dictaduras vecinas (el ex presidente boliviano general Torres, los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz) y a decenas de ciudadanos -refugiados o no- chilenos, uruguayos, brasileños, españoles, franceses (las monjas, por ejemplo), suecos, etcétera; intervino en conflictos internos de otros países (El Salvador); procuró el derrocamiento de Gobiernos de otros países (Nicaragua); violó la soberanía nacional de otros países (secuestró a ciudadanos argentinos en Perú, asesinó a una ciudadana argentina en España), etcétera.

De modo que si el Gobierno radical aplicara a las fuerzas armadas argentinas el mismo criterio que utiliza para los subversivos, agrupados bajo el rubro de asociación ilícita, debería procesar a todo el cuadro de jefes, oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas con mucha mayor razón y por cuestiones muchísimo más graves.

Pareciera que el Gobierno radical ha elegido -o pactado- algunos chivos expiatorios para saldar una cuenta larguísima de sangre que las madres de la plaza de Mayo llevan escrita en sus pañue los blancos.

Centenares de asesinos Pasarán al retiro centenares de asesinos que, como el general Camps, cumplieron órdenes y seguirán percibiendo altísimos sueldos extraídos del sudor nacional. Otros serán enviados al exterior hasta que el tiempo pase y el olvido venga. La suave purga de las fuerzas armadas se hará mediante tribunales militares, con recurso a la justicia civil, es verdad; pero el Gobierno radical ha establecido el principio de que los lobos deben juzgar a los lobos. Me pregunto cuántas ovejas y corderos se presentarán a testimoniar ante un tribunal de lobos.

Y también me pregunto por qué el Gobierno radical, que pone un signo igual entre la dictadura militar y la subversión -aunque no tan igual-, no dispone igualmente que los, subversivos sean juzgados por otros subversivos. Claro que muchísimos subversivos ya no están en condiciones de hacerlo. Están muertos, desaparecidos; vimos sus huesos anónimos por la televisión.

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