Marruecos solicita una reducción del 70% de la pesca española en sus aguas

El esfuerzo de pesca español en Marruecos puede, quedar reducido en un 70% si se firman los acuerdos previstos en las condiciones reclamadas por los marroquíes en las negociaciones del fin de semana pasado. Cuatrocientos barcos en vez de los 1.400 actuales, 15.000 millones de pesetas en capturas en lugar de los actuales 50.000 y unas impredecibles consecuencias para las 120.000 familias que en el presente dependen de esta actividad sería el resultado.

La visita efectuada a Marruecos por los ministros de Transportes Enrique Barón, y de Agricultura y Pesca, Carlos Romero, que por el momento no es más que la reanudación por los socialistas de las negociaciones que dejó ya esbozadas el anterior Gobierno, encierra una cierta gravedad para los intereses españoles. He aquí el detalle:Pesca. Marruecos dijo que desea preservar sus riquezas piscícolas y en consecuencia, solicita una reducción del 70% del esfuerzo pesquero español en sus aguas. Los ministros españoles dijeron que, entendían este principio y sólo pidieron a sus interlocutores que esa reducción no entrase en vigor repentinamente, sino que fuese escalonada en cinco o seis años. Ello significa, concretamente, que los 1.400 pesqueros españoles que faenan en aguas marroquíes quedarían reducidos a cuatrocientos y que el valor de las capturas efectuadas se reduciría de los actuales 50.000 millones de pesetas a 15.000 millones.

Tránsito de cítricos. Durante muchos años Marruecos planteó el tema. Por fin los marroquíes habían aceptado tácitamente que quedara en suspenso hasta el ingreso de España en la CEE y sus agrios tuvieran el mismo régimen tarifario que los marroquíes. Los ministros españoles aceptaron que esta reivindicación figure de nuevo en el papel de los propósitos escritos, aludiendo a que Sánchez Terán cuando fue ministro de Transportes, aceptó en documento firmado el principio del tránsito de los agrios marroquíes por España.

Sánchez Terán aceptó efectivamente ese principio, pero condicionó su firma a que fuese refrendada por el Consejo de Ministros y el Parlamento, que después le desautorizaron Marruecos alega este hecho para pretender una presunta falta de seriedad de España, y olvida que Marruecos sí denunció unilateralmente el convenio firmado de 1977 porque, como diría más tarde el propio príncipe Mulay Abdalá, "un país soberano tiene derecho a defender sus riquezas, y ningún tratado internacional es válido si va contra sus intereses".

Cooperación financiera. Como parte del convenio global que se negociaba, España había aceptado en el pasado conceder a Marruecos créditos por 670 millones de dólares. Esa cantidad se dividía en 200 millones para la ampliación y restauración de puertos pesqueros marroquíes -y, en consecuencia, a fondo prácticamente perdido- y 470 millones para adquirir bienes de equipo en España. Marruecos solicita ahora que el crédito se distribuya así: 550 millones de dólares para infraestructura portuaria, y solamente 120 millones para adquisición de bienes de equipo.

Trabajadores inmigrados. Marruecos solicita la inclusión en la Seguridad Social española de los -según cifras marroquíes- 25.000 trabajadores marroquíes que trabajan en España, y critican que sólo 3.600 han sido legalizados hasta ahora.

Los ministros españoles entendieron muy justa esta reivindicación y prometieron que se le daría una solución satisfactoria por una cuestión de principios y por la hospitalidad, según dijo Barón, que Marruecos brinda a los 40.000 españoles que trabajan en Marruecos.

Así pues, los ministros españoles parecen haber sido víctimas de tres confusiones superpuetas: las cifras, ya que los marroquíes en España pasan de los 50.000 y los españoles que trabajan en Marruecos no son más de 4.000; de los principios, ya que leí inmigración marroquí en España no es histórica, sino coyuntural, y debido a las restricciones que éstos encontraron en la CEE en los últimos tres años, y del verbalismo, en este caso marroquí, ya que las prestaciones que la Seguridad Social marroquí puede ofrecer a esos 4.000 españoles y a los que en el futuro pudieran instalarse es inexistente en materia de sanidad, no existe seguro de paro, el despido es libre y la jubilación sólo llega, cuando llega, a cantidades que no son homologables en España.

Al margen de esos aspectos, suficientemente graves por sí solos, Marruecos pretende incluir en el convenio que eventualmente se concluya una cláusula que le permita denunciarlo unilateralmente el día en que España ingrese en la CEE, por entender que entonces se habrían modificado las circunstancias que dieron lugar al convenio.

Por pescar aproximadamente la cuarta parte de lo que España pesca ahora, Marruecos pide además cooperación para desarrollar sus industrias pesquera y turística, para atacar terceros mercados de pescado, reparto de beneficios derivados del tránsito de personas y mercancías por el estrecho de Gibraltar, además de un túnel o puente en el Estrecho, de utilidad dudosa, pero que permita alcanzar la posteridad al rey Hassan II.