Los chilenos acuden hoy a las urnas presionados para votar "sí"
Seis millones de chilenos deberán acudir hoy a las urnas para votar la nueva Constitución elaborada por la Junta Militar. De no hacerlo, habrá que presentarse ante la policía en un plazo de diez días para justificar su abstención, cuyo precio puede ser de 6.000 pesos (12.000 pesetas) o dos meses de cárcel. Con todo, no parece fácil que estas medidas puedan aplicarse sobre un 20% de chilenos con derecho a voto, ya que de ese orden ha sido la abstención histórica de este país en tiempos de democracia.
Como «concesión» de última hora, Pinochet anunció ayer que sólo permanecerá en el poder otros ocho años más, sin optar a un nuevo mandato que le mantendría en la presidencia hasta 1997. Al mismo tiempo, la Junta de Gobierno ha decidido prorrogar desde hoy, por otros seis meses, el estado de emergencia.
Pese a que en las últimas horas se han multiplicado las denuncias sobre la limpieza del proceso plebiscitario, hay una auténtica expectación en el país por conocer el desarrollo de la jornada. El Ejército fue puesto ayer en estado de alerta. Existe aquí el convencimiento de que, cualquiera que sea el resultado oficial, nada será igual en Chile.
Durante las horas anteriores al Flebiscito no se han registrado incidentes de importancia, aunque cinco artefactos de escasa potencia hicieron explosión en la capital sin daños.
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Editorial en página 8
La oposición no podrá controlar el escrutinio del referéndum
Viene de primera páginaDos presuntos miembros del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron detenidos en la capital, mientras otros dos conseguían huir tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad.
A falta de acceso a los medios de comunicación de masas, las fuerzas de oposición recurren al panfleto en la calle para exponer su rechazo de la Constitución. La propaganda por el sí se ha hecho si cabe más insistente en la víspera electoral. Desde ayer a las cero horas está prohibida toda reunión, incluso en locales cerrados, y las licencias de armas quedaron suspendidas. Durante todo el día de hoy no se podrán vender bebidas alcohólicas en los establecimientos públicos.
Las mesas electorales empezaron a constituirse a las 7.30 horas y podrán cerrar cuando lleven ocho horas de funcionamiento y no tengan ningún votante más. Al carecer de un censo puesto al día, es el carné de identidad el documento que permite ejercer el voto. Tampoco hay listas electorales y, por tanto, puede depositarse el voto en cualquier mesa del país.
Los presidentes de las mesas son designados libremente por los alcaldes, que son, a su vez, cargos nombrados por el presidente Pinochet.
El único recuento público de votos es el que se efectúa en la propia mesa electoral. Cada alcalde, en presencia de su secretario, efectúa la suma de su municipio, y lo mismo hace el intendente en su provincia. Sólo la presencia de testigos en todas las mesas del país permitiría tener unos resultados paralelos a los oficiales. Y esto, en una situación de ilegalidad de los partidos y sin posibilidad de nombrar apoderados oficiales, resulta poco menos que imposible.
Las autoridades insisten en que el fraude es imposible, aunque en ningún caso han contestado a las denuncias de los disidentes ni a las exigencias planteadas por la Iglesia para garantizar la limpieza del proceso. Quizá la disposición legal más atípica que regirá en el recuento es que los votos en blanco serán contabilizados como positivos.
En el plebiscito de hoy los chilenos votan de una sola vez tres cuestiones diferentes: una Constitución, unas disposiciones transitoria y al propio presidente, general Augusto Pinochet. A este paquete de medidas sólo cabe un sí o un no conjunto. Incluso los sectores conservadores han hecho hincapié en que la suma de temas tan heterogéneos es el principal motivo para invalidar la consulta.
El texto constitucional tiene 120 artículos distribuidos en quince capítulos. El relativo a los derechos individuales de la persona recoge prctcticamente todos los que se incluyen en la declaración de derechos humanos, si bien los de información, reunión, si.ndicación y asociación política quedan en un mero enunciado teórico, pendientes, en la práctica, de lo que la ley deterinine.
De los partidos políticos, cuyo funcionamiento se concreta en una futura ley orgánica, se establece que no podrán tener ningún monopolio sobre la participación ciudadana en la vida política, que su contabilidad tendrá que ser pública, que no podrán recibir recursos del exterior y que sus estatutos habrán de asegurar tina democracia interna. Se declaran ¡legales los partidos que propugnen la lucha de clases -en clara alusión a los de izquierda- y los que se opongan a conceptos tan genéricos como la moral, el orden público y la segutidad del Estado.
