Trump cancela la ayuda financiera a Sudáfrica por su papel en la causa del TPI contra Israel y supuesto racismo contra los blancos

La revancha de Donald Trump contra sus supuestos enemigos también continúa y se amplía en el exterior. El presidente de Estados Unidos ha suscrito una nueva orden ejecutiva que suspende toda la asistencia financiera de Washington a Sudáfrica, hasta ahora en torno a los 440 millones de dólares anuales. Con ello busca castigar a ese país por una política agraria que el presidente estadounidense considera que perjudica a los granjeros blancos. Pero también por personarse en el caso del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Israel por posible genocidio en Gaza.

Trump ya había firmado el jueves una orden ejecutiva que le permite sancionar a personal del TPI —la única entidad con competencias para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad, y casos de genocidio, si los países afectados no quieren o pueden— que participe en causas contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados como Israel. En mayo pasado, el TPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra dirigentes de Hamás, en relación con la guerra en Gaza.

La nueva orden ejecutiva contra Sudáfrica, firmada el viernes, alude al papel de Pretoria en ese caso y a una ley aprobada el mes pasado que facilita expropiar propiedades privadas en interés público. Es la última en una serie de pasos en los últimos treinta años que buscan atajar algunas de las desigualdades dejadas por el apartheid, el sistema de segregación racial vigente en ese país hasta 1991. Pero esa legislación, alega el documento suscrito por Trump, permite incautar propiedades agrícolas a la “minoría étnica de los afrikáners” (descendientes blancos de los colonos europeos) “sin compensación”.

Trump, que en Estados Unidos ha desmantelado los programas de igualdad e inclusión para las minorías en la fuerza laboral, se queja de que el Gobierno sudafricano, en su opinión, ha puesto en práctica con esta ley y otras medidas previas “innumerables políticas gubernamentales diseñadas para desmantelar la igualdad de oportunidades en empleo, educación y empresas”, así como “una retórica de odio” que alienta “una violencia desproporcionada contra unos propietarios de tierras desfavorecidos racialmente”.

“Además, Sudáfrica ha adoptado posiciones agresivas contra Estados Unidos y sus aliados, incluido el acusar en el TPI a Israel, no a Hamás, de genocidio”, agrega el presidente.

Washington, que tras la el regreso de Trump a la Casa Blanca suspendió de la noche a la mañana sus programas de asilo, pondrá en marcha un plan para acoger a estos agricultores blancos y sus familias como refugiados en Estados Unidos, según se estipula en la orden ejecutiva. El documento también ordena a los funcionarios estadounidenses dar todos los pasos necesarios para priorizar la ayuda humanitaria a esas personas.

Trump había puesto a Sudáfrica en su punto de mira desde comienzos de este mes. Su mano derecha y principal aliado, el oligarca tecnológico Elon Musk, al frente de los esfuerzos para recortar el gasto burocrático, es sudafricano de nacimiento, y considera que la minoría blanca de ese país es víctima de “leyes racistas sobre la propiedad”. El presidente estadounidense, a su vez, ha declarado sin demostrarlo que Sudáfrica confisca tierras y trata “muy mal” a determinadas minorías.

El Ministerio de Exteriores sudafricano ha respondido en un comunicado: “es irónico que la orden ejecutiva prevea el estatus de refugiado en Estados Unidos para un grupo de personas en Sudáfrica que sigue estando entre los más privilegiados económicamente, mientras personas vulnerables del resto del mundo en Estados Unidos son deportados y se les niega el asilo, pese estar en muy mala situación”.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha asegurado: “no nos dejaremos amedrentar”. Puntualiza que el Gobierno no ha confiscado ningún tipo de terreno y que la ley a la que alude Trump tiene como objetivo atajar las profundas disparidades raciales que aún existen en el país africano tras el fin del sistema de apartheid hace 30 años: solo un 4% de las tierras de propiedad privada están en manos de dueños negros, mientras que la minoría blanca, un 8% de la población, controla tres cuartas partes del total.

Esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, dio a conocer que no asistirá en noviembre a la cumbre del G-20, las principales economías del mundo, que se celebrará en Johannesburgo, porque considera que Sudáfrica quiere aprovecharla para “promover la igualdad y la solidaridad”.

En un tuit, Rubio anunciaba: “no asistiré a la cumbre del G-20 en Johannesburgo. Sudáfrica está haciendo cosas muy malas. Expropia propiedad privada. Utiliza el G-20 para promover la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad. En otras palabras, la DEI [el acrónimo para resumir los programas de inclusión de minorías a los que Trump ha declarado la guerra] y el cambio climático. Mi trabajo es promover los intereses nacionales de Estados Unidos, no despilfarrar el dinero de los contribuyentes ni acunar el antiamericanismo”.