Trump sancionará al personal del Tribunal Penal Internacional que investigue a ciudadanos de EE UU o sus aliados, incluido Israel

Estados Unidos impondrá sanciones contra el personal del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, que haya participado en causas contra Washington, ciudadanos estadounidenses, o aliados como Israel. Así lo indica una nueva orden ejecutiva que el presidente republicano ha firmado este jueves en el Despacho Oval, y que critica explícitamente la decisión de este tribunal, del que EE UU no forma parte, de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant, como sospechosos de crímenes de guerra durante la ofensiva israelí en Gaza. El TPI, encargado de procesar crímenes de guerra y contra la humanidad, ha condenado la decisión en un comunicado escueto, en el que pide a los 125 Estados que forman parte de este organismo unidad en la defensa de la justicia y los derechos fundamentales. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha pedido a Trump que rectifique.

El paquete de castigo de Trump incluye sanciones económicas como la congelación de bienes en territorio estadounidense, además de prohibiciones de viaje para esos funcionarios y sus familiares más cercanos, según indica el texto de la orden ejecutiva difundido por la Casa Blanca. El Departamento de Estado tendrá 60 días para presentar los nombres de personas a sancionar.

“El TPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel, pues ninguno de los dos países es signatario del Estatuto de Roma o miembro del tribunal. Ninguno de los dos ha reconocido nunca la jurisdicción del TPI, y ambos son democracias florecientes cuyas Fuerzas Armadas se adhieren estrictamente a las leyes de la guerra”, sostiene el texto de la orden. “Sin una base legítima, el tribunal ha establecido su jurisdicción y ha abierto investigaciones preliminares que afectan a personas de EE UU y algunos aliados, incluido Israel, y ha abusado más aún de su poder al emitir órdenes de arresto contra [Netanyahu y Gallant]”.

Esos pasos, continúa el documento firmado por el presidente estadounidense, “sientan un precedente peligroso” que pone en peligro a militares estadounidenses “al exponerlos a acoso, abuso y posible detención”, y perjudica “la seguridad nacional” del país.

Trump ha firmado la orden ejecutiva cuando Netanyahu se encuentra en Washington para mantener reuniones con las autoridades del país. El primer ministro israelí se vio con el presidente de EE UU en la Casa Blanca el martes. Ambos líderes ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que Trump propuso “tomar el control de Gaza” y expulsar a los cerca de dos millones de palestinos de la Franja. Este jueves, el mandatario matizó que Estados Unidos se haría cargo del territorio después de que Israel se hubiera hecho cargo de la operación de reasentamiento de los gazatíes.

La firma de la orden en el Despacho Oval también se produce una semana después de que la oposición demócrata en el Senado bloqueara un intento de la mayoría republicana de sancionar al TPI por su decisión contra las autoridades israelíes.

Trump ya había amenazado durante su campaña electoral con nuevas medidas contra el TPI. En diciembre, la presidenta del tribunal, la jueza Tomoko Akane, advirtió que la imposición de sanciones estadounidenses “socavaría rápidamente las operaciones del tribunal en todos los casos y situaciones, y pondría en peligro incluso su propia existencia”.

No es la primera vez que Trump impone sanciones contra personal del TPI. En 2020, durante su primer mandato como presidente, el magnate ya dictó una orden ejecutiva separada imponiendo prohibiciones de viaje y la congelación de activos contra la entonces fiscal jefe, Fatou Bensouda. La jurista, de Gambia, llevaba entonces a cabo una investigación preliminar sobre las denuncias de crímenes de guerra cometidos en Afganistán y en los territorios palestinos ocupados. Las denuncias abarcaban al ejército israelí y a los miembros de Hamás. En 2021, la investigación preliminar dio paso a una de carácter penal formal, heredada por el fiscal actual, Karim Khan. Este, británico de origen paquistaní, la aceleró después de los ataques perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre y el posterior bombardeo y ofensiva de Gaza por parte de Israel.

En la nota difundida este viernes, el TPI se ha comprometido a seguir proporcionando “justicia y esperanza” a millones de “víctimas inocentes de atrocidades” en todo el mundo. La cuenta oficial en la red social X de la institución recoge el encuentro entre su presidenta, la japonesa Tomoko Akane, y António Costa, presidente del Consejo Europeo, celebrado este jueves en Bruselas. Costa incidió en el apoyo de la UE a la labor “esencial” del TPI con “las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo”. El hilo de X del tribunal recoge estas palabras del antiguo primer ministro portugués: “La independencia e imparcialidad son características cruciales del trabajo del TPI”.

Con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, su labor “es esencial en la lucha contra la impunidad”, ha declarado Caspar Veldkamp, ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos. El TPI comenzó a funcionar en 2002, tras la aprobación del Estatuto de Roma, como la única instancia permanente para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad, delitos de genocidio y agresión territorial cuando los Estados miembros no quieren o pueden hacerlo por sí mismos. Cuenta con el apoyo de numerosos países y la Unión Europea, pero no el de naciones como EE UU, Rusia, China o Israel. Todos ellos temen que se pudiera utilizar esta institución para juzgar a sus ciudadanos por motivos políticos.

En mayo, el fiscal jefe, Karim Khan, encontró que hay “motivos razonables para creer” que Netanyahu y Gallant eran “penalmente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. El letrado también pidió a los jueces la detención de tres líderes de Hamás, entre ellos, su jefe en Gaza Yahia Sinwar —muerto a manos israelíes en septiembre pasado—. Aunque Israel no es miembro del TPI, el paso elevó la presión sobre ese Gobierno y complica los desplazamientos al exterior de sus líderes.