Trump inicia su cruzada contra las ciudades santuario con una demanda a Illinois y Chicago

Donald Trump ha iniciado su prometida cruzada legal contra las ciudades santuario. El Departamento de Justicia demandó este jueves a Illinois, a Chicago y a varios funcionarios del Estado y la ciudad, acusándoles de obstaculizar las políticas migratorias de la Administración Trump. La demanda — la primera de su tipo— busca que se declararen inconstitucionales las medidas estatales y locales que protegen a los inmigrantes en estas jurisdicciones. Se trata de una importante escalada en la batalla entre el republicano y las ciudades y Estados liderados por los demócratas sobre su agenda migratoria, incluidas las detenciones y deportaciones de millones de personas.

En la denuncia se acusa a estas jurisdicciones y a sus funcionarios de “obstruir” intencionadamente las competencias del Gobierno federal para regular la inmigración. El Departamento de Justicia cita varias normativas locales y estatales —como la Ley de Confianza de Illinois, la Ley Camino a Seguir y la Ordenanza Ciudad Acogedora de Chicago— y afirma que “están diseñadas para interferir y discriminar la aplicación de la ley federal de inmigración”, “en violación de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos”, que establece que la ley federal prevalece sobre una estatal.

Las normas, en general, impiden que los funcionarios estatales y locales colaboren en materia migratoria con el Gobierno federal. La Ley de Confianza de Illinois, por ejemplo, prohíbe a la policía del Estado detener o arrestar a una persona por su condición de inmigrante o por una orden federal de retención de inmigrantes. Y la Ordenanza de Ciudad Acogedora de Chicago limita la información sobre los inmigrantes que se encuentren en la ciudad que las autoridades locales pueden compartir con las autoridades federales. Son leyes similares a otras en vigor en cientos de ciudades, condados y jurisdicciones, como Nueva York, Los Ángeles o Atlanta, a lo largo de todo el país.

Chicago ha estado en el punto de mira de la Administración Trump desde que el republicano juró el cargo hace poco más de dos semanas. Tanto la ciudad como Illinois cuentan con algunas de las protecciones más estrictas del país para los inmigrantes; de hecho, el Estado entero es uno de los pocos —13 en total— que han elevado el estatus de ciudad santuario al nivel estatal. Por ello, Chicago ha sido una de las principales ciudades donde el Gobierno ha puesto en marcha redadas y operaciones de detenciones a gran escala.

La demanda del Gobierno, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, nombra como acusados al Estado de Illinois, al gobernador demócrata JB Pritzker, a Chicago, al alcalde Brandon Johnson (también demócrata), al superintendente de policía de la ciudad y a otros funcionarios locales. En ella se cita la emergencia nacional que Trump declaró en la frontera sur del país tan solo horas después de asumir el cargo el pasado 20 de enero. El Departamento de Justicia alega que esa emergencia nacional es agravada aún más por el hecho de que los inmigrantes “encuentran refugio de la detección de las fuerzas del orden federales en las llamadas ciudades santuario, donde viven y trabajan entre estadounidenses inocentes, que más tarde pueden convertirse en víctimas de sus delitos”.

La demanda llega un día después de que la nueva fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que juró su cargo ayer, anunciara el mismo miércoles que el Departamento de Justicia se asegurará de que las jurisdicciones santuario no puedan acceder a ninguna financiación federal, y pidió al departamento que suspenda la distribución de “todos los fondos” destinadas a ellas hasta que se complete una revisión.

Como parte de ese esfuerzo, en un memorándum Bondi instruyó a la división civil del Departamento de Justicia a identificar a los gobiernos locales cuyas políticas impidan las operaciones federales de inmigración y, “cuando proceda”, se “emprenderán acciones legales para impugnar dichas leyes, políticas o prácticas”.

La medida de retener las subvenciones federales marca un retorno a una política implementada por la primera Administración Trump, que trató de retener la financiación de esas jurisdicciones, pero estas se defendieron y en gran medida lograron derrotar esos esfuerzos en los tribunales. Pero el panorama de entonces no es el de ahora. Trump cuenta con un poder judicial afín, con jueces nombrados por él, incluidos tres de los seis magistrados de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, lo cual complica el futuro de estas ciudades.