Las autoridades demócratas de Chicago rechazan cooperar en las redadas masivas de migrantes ordenadas por Trump

Donald Trump pretende convertir Chicago, con gobernador y alcalde demócratas, en la punta de lanza de su promesa de deportar masivamente a migrantes sin papeles. La operación, iniciada este domingo, se ampliará previsiblemente estos días, con la presencia sobre el terreno de varios responsables de la Administración republicana para garantizar los resultados. Su intento, sin embargo, se topa con el rechazo de los responsables locales, que rehúsan colaborar. Y con el miedo cerval de los vecinos de los barrios de mayoría inmigrante, como el de Brighton Park, donde preguntar por una dirección desde la ventanilla de un vehículo desconocido hace acelerar el paso a los pocos transeúntes que recorren unas calles lúgubremente iluminadas.

Aunque teóricamente, el objetivo de esta primera fase del plan del presidente republicano son los extranjeros sin papeles con antecedentes delictivos y órdenes de expulsión pendientes, cualquier extranjero en Brighton Park, y otros barrios de la periferia de Chicago, se da por aludido. “Muchos niños han dejado de ir a clase. El primer día del mandato de Trump se quedaron en casa 400 alumnos del instituto de secundaria, luego la ratio de absentismo se ha mantenido en 30 o 40 por día”, explica una trabajadora, que pide no ser identificada, del Consejo Vecinal de Brighton Park, un barrio “con un 95% de hispanos y un 5% de asiáticos y polacos” pegado al aeropuerto, y donde los escasos negocios -no es una zona boyante- exhiben sin excepción reclamos en español.

El Consejo Vecinal de Brighton Park es una de las organizaciones que el sábado demandaron al ICE (siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), que dirige las operaciones de registro e identificación en curso en todo el país. Los grupos de activistas consideran que las redadas son una represalia contra la ciudad por su carácter de ciudad refugio, abierta a los extranjeros.

De hecho, el papel de las autoridades de Chicago, una de las grandes ciudades bajo Gobierno demócrata a las que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, empezó a enviar autobuses llenos de migrantes en la primavera de 2022 para presionar a la Casa Blanca de Joe Biden, puede resultar crucial en el rumbo de la operación. Al igual que el gobernador del Estado, el también demócrata JB Pritzker, el alcalde, Brandon Johnson, ha declarado que la policía de la ciudad no participa en la macrooperación, pese a la amenaza de represalias contra los funcionarios locales y estatales que no colaboren en las razzias, e instado a todos los residentes a “conocer sus derechos constitucionales”, una forma nada velada de expresar su resistencia a la persecución. La postura de Johnson está en las antípodas de la de su homólogo de Nueva York, el también demócrata Eric Adams, abierto incluso a modificar la normativa que desde hace décadas hace de la ciudad un lugar seguro para los migrantes.

El apoyo de la alcaldía no alivia a los atemorizados migrantes, como las huidizas figuras que este lunes rehuían al visitante en Brighton Park al caer la noche. O los vecinos del cubano Yorani, que llegó a EE UU con un estatuto de protección temporal, en el barrio de Archer Heights. “Están muy inquietos, los de mi planta no se atreven a asomarse ni al descansillo hace días, no salen ni siquiera a comprar comida. Tampoco los hijos, porque los colegios ya no son un lugar seguro”, explica, en alusión a la eliminación de garantías de protección por la nueva Administración en lugares hasta ahora inviolables, como centros educativos, hospitales e iglesias. Yorani elude calificar la operación de Trump, “no me meto en política, ¿sabe? Aunque la verdad, me perjudica, porque los planes de reunificación familiar con mi hijo, que está en Cuba, han quedado de momento en suspenso”.

El Consejo Vecinal de Brighton Beach ha intensificado su labor de defensa de los extranjeros “en las escuelas comunitarias [públicas], con talleres presenciales, y también virtuales, para explicar a los menores, y por extensión a sus padres, cuáles son sus derechos y cómo deben actuar, a quién llamar, en caso de que sean arrestados” por agentes del ICE, explica Gonzalez. Pero incluso los residentes con papeles están inquietos, añade, “porque si no ellos, es más que probable que algún miembro de su familia pueda acabar en el punto de mira”.

Frente a la resistencia de las autoridades municipales y estatales, el llamado zar de la frontera nombrado por Trump, Tom Homan, supervisa personalmente desde Chicago la operación de expulsión de irregulares lanzada este domingo a gran escala en EE UU, y que en su primera jornada se ha saldado con un millar de arrestos e interpelaciones. De estas personas, 554 han quedado detenidas, según confirmó en su cuenta de X el ICE. Este lunes se han producido registros generalizados en puntos de Nueva York y Nueva Jersey.

Después de operaciones esporádicas la semana pasada, como un registro en un negocio de Newark (Nueva Jersey) con tres detenidos, además de los primeros vuelos de deportación, como los que devolvieron a Guatemala a cerca de 170 irregulares, el ICE informó este domingo de la incorporación de funcionarios del Departamento de Justicia ―a los que teóricamente no corresponde la aplicación de las leyes migratorias― para paliar en parte la escasez de personal de la policía migratoria. Además de las “operaciones selectivas reforzadas” ―el eufemismo de la Administración republicana para referirse a la caza de migrantes― del ICE en Chicago, también se ha informado de registros en Atlanta, Puerto Rico, Colorado, Los Ángeles y Austin (Texas). En Nuevo México y Arizona, líderes indígenas han dado la voz de alarma por el arresto de una quincena de miembros de sus comunidades.

La participación de varias agencias federales, entre las dependientes del Departamento de Seguridad Nacional, como el ICE, y las de Justicia, corrobora la dimensión de la operación, prometida repetidamente por Trump durante la campaña y consagrada el lunes pasado en las primeras órdenes ejecutivas que firmó tras asumir el poder. A los funcionarios de las distintas agencias de Justicia se les han concedido poderes adicionales para poder realizar registros y eventualmente detenciones, por la situación de “amenazas a la seguridad pública y la seguridad nacional” que plantea, según los responsables del ICE, la presencia en las calles de indocumentados con antecedentes.

Se calcula que en EE UU viven once millones de extranjeros en situación irregular, “y deportaremos a todos los que podamos. Si estás en el país ilegalmente, vas a tener problemas”, amenazó el domingo el zar de la frontera. Una cuestión clave será conocer cómo gestionará la Administración republicana la presencia vital de miles de indocumentados que trabajan en la agricultura, y de los que depende la funcionalidad del sector.

Homan evitó en la medida de lo posible hablar de migrantes para referirse en su lugar a criminales que suponen una amenaza para la seguridad de EE UU. Para el zar de la frontera, no hay macrorredadas en curso, sino una “operación criminal”, subrayó en declaraciones a la CNN. El fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, le secunda en Chicago.

Cada una de las comisarías del ICE en EE UU -hay 25 repartidas por todo el país- deberá practicar un mínimo de 75 detenciones diarias en virtud de las nuevas cuotas establecidas, lo que permitiría superar el volumen del año pasado. En el último año fiscal ―termina en septiembre―, el departamento de expulsiones del ICE efectuó 113.431 detenciones administrativas, lo que equivale a unas 310 detenciones diarias en total.