La presidenta del tribunal de La Haya responde al ataque de Trump: “Daña nuestra independencia e imparcialidad”

La presidenta de Tribunal Penal Internacional (TPI), la jueza Tomoko Akane, ha reaccionado este viernes a la orden ejecutiva firmada el día anterior por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinada a imponer sanciones a los funcionarios del organismo. Esta iniciativa se trata “solo del último de una serie de ataques sin precedentes y cada vez mayores”, destinados a “socavar la capacidad [del TPI] para administrar justicia”. La orden ejecutiva “daña la independencia e imparcialidad del tribunal y priva de justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades”.

En un comunicado, Akane ha aseverado que el Tribunal se ha vuelto “indispensable” y representa el legado más significativo “del inmenso sufrimiento infligido a los civiles por las guerras mundiales, el Holocausto, los genocidios, la violencia y la persecución”. “Siempre hemos cumplido la ley y siempre la cumpliremos, en cualquier circunstancia”, asegura la jurista, que concluye con un llamamiento a todos los que comparten los valores del Estatuto de Roma [texto fundacional del TPI] a que se unan “en la defensa del tribunal: nuestros 125 Estados miembros, la sociedad civil y todas las naciones del mundo”. Hasta 79 países que integran el tribunal han firmado una declaración de apoyo, entre ellos los principales de la UE (Alemania, Francia y España, aunque se desmarcó Italia).

En un correo electrónico, Reed Brody, abogado especialista en derechos humanos, se pregunta: “¿Será el Tribunal Penal Internacional, y con él la promesa de la justicia internacional, una víctima más que muera en los escombros de Gaza?”.

El Tribunal Penal Internacional ha condenado este viernes en un comunicado las sanciones anunciadas en la noche del jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, con un doble mensaje. Por un lado, respaldando a su personal afectado —incluidos sus familiares inmediatos— por las multas y restricciones de visado incluidas en la orden ejecutiva dictada con la que se pretende, dice el TPI, perjudicar su labor “independiente e imparcial”. Por otro, el tribunal ha prometido seguir proporcionando “justicia y esperanza” a millones de “víctimas inocentes de atrocidades” en todo el mundo. En circunstancias normales, es una tarea que solo puede lograr con el apoyo de la comunidad internacional, puesto que el TPI carece de policía propia. Hoy, necesita más que nunca el respaldo de sus 125 Estados, y el de “la sociedad civil y todas las naciones del mundo”, a los que ha pedido unidad en defensa de la justicia y los derechos fundamentales.

Entre sus 125 miembros no figuran Estados Unidos, Rusia, China, Israel, la India ni Corea del Norte. A pesar de ello, uno de los casos más conflictivos de los últimos años sí puede ser investigado por la Fiscalía. Se trata de las órdenes de arresto emitidas en noviembre pasado por el TPI contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023.

Tanto EE UU como Israel sostienen que el tribunal carece de competencia ante un Estado que no es miembro. Sin embargo, Palestina sí forma parte del TPI desde 2015, y los jueces pueden fallar sobre los supuestos delitos perpetrados por tropas o ciudadanos israelíes en territorio palestino. Lo mismo sucede a la inversa, y de ahí las órdenes de arresto contra los máximos dirigentes de Hamás, responsables de los ataques terroristas en Israel el 7 de octubre de 2023. La Casa Blanca ha aducido en un memorándum que se crea así una “vergonzosa equivalencia moral” entre Hamás —una organización fundamentalista islámica que administra la franja de Gaza— e Israel. Por el contrario, Washington sí respaldó las órdenes de arresto emitidas por el propio TPI contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su comisionada para los derechos de los niños, María Lvova-Belova, por la deportación de menores de zonas ocupadas de Ucrania hacia territorio ruso.

Establecido en 2002, el TPI es la única instancia permanente para juzgar a los principales sospechosos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos después del 1 de julio de ese año, fecha de entrada en vigor de su texto fundacional: el Estatuto de Roma. Tiene su sede en La Haya (Países Bajos) y entre sus mayores contribuyentes se encuentran el Reino Unido, Japón, Alemania y Francia.

Durante sus primeros años fue acusado de inclinarse por los delitos perpetrados en países africanos, pero los distintos presidentes y fiscales del tribunal lo han negado siempre, alegando que su trabajo se ceñía a los hechos y no a las nacionalidades.

La justicia no suele ser rápida, y la justicia internacional requiere investigaciones en países de varios continentes y en condiciones muchas veces peligrosas. Tanto para los expertos que se desplazan como para los testigos sobre el terreno. En estos momentos, el TPI examina de forma preliminar supuestos crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela y por Bielorrusia en Lituania, así como también crímenes de guerra en Nigeria. Entre los 17 casos con investigación en marcha, figuran nueve países africanos (Uganda, Kenia, Darfur/Sudán, República Democrática de Congo, Libia, Costa de Marfil, Malí, Burundi, República Central Africana en dos ocasiones) además de Ucrania, Afganistán, Palestina, Bangladés/Myanmar, Filipinas, Georgia y, de nuevo, Venezuela.

No es la primera vez que el presidente Trump se opone a la labor del tribunal. En 2020, durante su primer mandato entre 2017 y 2021, ya dictó una orden ejecutiva separada imponiendo prohibiciones de viaje y la congelación de activos contra la entonces fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda. La jurista, de Gambia, llevaba a cabo un análisis preliminar sobre las denuncias de crímenes de guerra cometidos en Afganistán y en los territorios palestinos ocupados.

En el primer caso, el actual fiscal, Karim Khan, ha pedido a los jueces que emitan órdenes de detención contra los líderes talibanes por perseguir a las mujeres. El otro incluye al ejército israelí y a los miembros de Hamás, y en 2021 se dio paso a una investigación de carácter penal formal. Esta causa también fue heredada por Khan, británico de origen paquistaní, que la aceleró después de los ataques perpetrados por Hamás y el posterior bombardeo y ofensiva de Gaza por parte de Israel.