La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional pide detener al líder de los talibanes por perseguir a las mujeres

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha anunciado este jueves que ha solicitado a los jueces que emitan órdenes de arresto contra el líder supremo de los talibanes, Haibatulá Ajundzadá, y el presidente del Tribunal Supremo del “Emirato Islámico de Afganistán”, Abdul Hakim Haqqani. El fiscal jefe, Karim Khan, cree que hay motivos razonables para considerarlos “penalmente responsables del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género”. Los hechos que sustentan esta acusación han sucedido al menos desde el 15 de agosto de 2021, cuando los fundamentalistas volvieron al poder en Afganistán, y se refieren especialmente a la persecución de niñas y mujeres afganas, a quienes se les ha privado de sus derechos más básicos: la educación, el trabajo e incluso la posibilidad de hablar en público. La acusación también se refiere a la violencia cometida contra personas que los talibanes consideran “que no se ajustaban a sus expectativas ideológicas de identidad y expresión de género”.

La autorización de estas órdenes es competencia de los jueces del tribunal, que serán quienes decidan si aceptan o no la petición del fiscal. Estas son las primeras peticiones de detención relativas a Afganistán desde que la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI autorizase a la Fiscalía en octubre de 2022 la reanudación de las investigaciones sobre un caso que se remonta a 2007, pero que estaba paralizado hasta entonces.

En su solicitud, Karim Khan recuerda que su trabajo de investigación se ha beneficiado de las contribuciones del “dedicado Equipo Unificado de Afganistán”, y de múltiples expertos. Sobre la base de las pruebas reunidas, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que la persecución constante de la que considera responsables en primer lugar a Ajundzadá y Haqqani, “conlleva numerosas privaciones graves de los derechos fundamentales de las víctimas”.

Es, además, contrario al derecho internacional, “incluido el derecho a la integridad física y la autonomía, a la libre circulación y expresión, a la educación, a la vida privada y familiar y a la libertad de reunión”. El fiscal resume así las privaciones y prohibiciones impuestas a las mujeres afganas, “y a las personas que los talibanes consideraban aliadas de las niñas y las mujeres”. Y advierte de que la interpretación que hacen los talibanes de la sharía —la ley religiosa islámica— “no debe ni puede utilizarse para justificar la privación de derechos humanos fundamentales ni la comisión de crímenes conexos contemplados en el Estatuto de Roma”, el texto legal fundacional del tribunal, que vertebra su labor.

La Fiscalía se fija también en la situación de quienes aparentemente se resisten u oponen a los talibanes, que “fue y es brutalmente reprimida”, mediante “la comisión de crímenes que incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y otros actos inhumanos”. Las solicitudes de arresto se basan en testimonios de expertos y testigos, estudio de material audiovisual, declaraciones públicas de los propios sospechosos, así como decretos oficiales de los talibanes, entre otros. En su escrito a los jueces, la Fiscalía subraya que “tanto las mujeres y las niñas afganas como la comunidad LGBTQI+ se enfrentan a una persecución sin precedentes, inadmisible y continua por parte de los talibanes”. Y el fiscal Khan reconoce personalmente en su texto dirigido a los jueces “el extraordinario coraje y la resistencia de las víctimas y testigos afganos”, que han cooperado en las investigaciones.

Un centenar de edictos

El pasado 23 de agosto, los gobernantes afganos ratificaron una ley de moralidad que sentenció definitivamente el borrado de las mujeres de la esfera pública y esa privación de derechos que Richard Bennett, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Afganistán, definió en junio como un apartheid basado en el género en un informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esa norma incluye la prohibición a las afganas de hablar en espacios públicos y de mostrar sus rostros, que, desde ese día, tienen que cubrir íntegramente. Las mujeres y niñas del país centroasiático ni siquiera pueden mirar a hombres que no sean parientes muy cercanos.

Las afganas tienen prohibido estudiar a partir de los 12 años y trabajar en la Administración, las fuerzas de seguridad, los bancos, las ONG y Naciones Unidas. Tampoco están autorizadas a obtener el pasaporte ni viajar sin la compañía de un pariente varón cercano. El ocio también les está vedado. A la prohibición general de escuchar música se suma que las afganas no pueden ya entrar en parques, jardines ni gimnasios. Tampoco acudir a peluquerías —cerradas también por los talibanes—ni a baños públicos. Cinco de cada diez afganos no tiene acceso a instalaciones de saneamiento básicas, según datos de Unicef. Para muchas mujeres y niñas, esos baños eran la única forma de lavarse con agua caliente y de tener una adecuada higiene menstrual.

La persecución a las afganas alcanzó un nuevo culmen el pasado 2 de diciembre, cuando Ajundzadá rubricó un decreto para prohibir a las mujeres formarse en profesiones sanitarias. Las consecuencias de esa decisión van mucho más allá de la ya de por sí grave de privar a las afganas de uno de los últimos reductos para estudiar y trabajar que les quedaban. Sin médicas, odontólogas, matronas ni enfermeras, muchas mujeres se verán privadas de asistencia médica, dado que, en varias provincias del país, los sanitarios varones tienen prohibido tratarlas.

Como ese decreto, el resto del más de un centenar de edictos que han suprimido derechos de las mujeres —adoptados por los talibanes desde su llegada al poder en agosto de 2021—, proceden también del líder supremo de los fundamentalistas afganos, cuya detención reclama ahora Khan.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani, a cuyo arresto aspira también la Fiscalía del TPI, es considerado un ultraconservador, alineado completamente con los dictados del líder supremo, y cuyo desempeño en su cargo se considera decisivo para justificar y legalizar las políticas misóginas dictadas por Ajundzadá contra las mujeres y las niñas afganas. Haqqani fue ya sancionado por ese motivo en julio de 2023 por la Unión Europea.

A finales de noviembre, España —junto a Francia, México, Chile y Costa Rica― remitió un informe al fiscal del TPI, en el que le pedía que incluyera en su investigación sobre Afganistán los crímenes cometidos contra mujeres y niñas tras la toma de Kabul, en agosto de 2021.