El crimen de ser mujer en Afganistán: “Un talibán puede llamar a tu puerta por la noche, violarte, llevarte y casarse contigo”

“Estoy muy cansada y sin ánimo de nada”. La voz suave y cohibida de Nahid llega desde Mazar-i-Sharif, en el norte de Afganistán. Nahid tiene 25 años y no se llama Nahid. Cada vez es más difícil que las afganas confíen en alguien que no conocen para describir su día a día bajo el régimen talibán. En agosto de 2021, esta joven trabajaba como peluquera, pero tuvo que dejarlo a las pocas semanas para no terminar golpeada o arrestada por los fundamentalistas. “Los días pasan y nada cambia. Cada vez tengo menos contacto con mis amigas y ahora, con estas nuevas normas, vamos a estar aún más aisladas. Tengo miedo incluso de quedar con ellas en una casa para hablar. He perdido la esperanza de recuperar una vida normal”, explica por teléfono a este diario.

Nahid se refiere al último edicto emitido por los fundamentalistas a finales de agosto, que da un paso más en la opresión contra las mujeres y prohíbe que su voz se oiga en público, que su rostro sea visible fuera de casa, que miren a los ojos a un hombre que no sea de la familia o que salgan de casa sin un acompañante masculino.

ONG, activistas y afganas, dentro y fuera del país, califican estas medidas de “último clavo en el ataúd de las mujeres”. Desde su retorno al poder el 15 de agosto de 2021, los talibanes han publicado más de 100 edictos que han ido borrando la presencia femenina del espacio público. Han cerrado las puertas de la educación a las mujeres de más de 12 años, una situación inédita en el mundo, y las han excluido de la mayoría de los puestos de trabajo y de los lugares de ocio. También han restringido al máximo sus movimientos y su derecho a recibir asistencia sanitaria y legal.

“Ser mujer en Afganistán hoy significa que no puedes tomar un taxi sin un acompañante masculino o que no puedes hablar normalmente con el comerciante que te vende la comida. Y si eres viuda, por ejemplo, y no tienes hijos o hermanos, ¿cómo haces?. Las mujeres están viviendo como criminales, se les priva de la mínima dignidad que merecen los seres humanos”, lamenta Fawzia Koofi, exparlamentaria afgana que participó en las conversaciones de paz con los talibanes antes de 2021, por teléfono desde Estados Unidos.

Reconocer el apartheid de género como crimen contra la humanidad allanaría el camino para exigir la rendición de cuentas tanto de Afganistán como Estado como de personas concretas del país.

Dorothy Estrada Tanck, ONU

Mariam Safi, directora de la Organización de Investigación Política y Estudios sobre el Desarrollo (DROPS), que realiza sondeos e investigaciones sobre los derechos humanos en Afganistán gracias a una red de colaboradores locales, recuerda que es la primera vez que estas normas, aplicadas en la práctica por los talibanes desde su primer periodo en el gobierno (1996-2001), se plasman por escrito en una ley. “Parece que estas nuevas reglas han sorprendido a la comunidad internacional. A nosotras no. Sabíamos que los talibanes no retrocederían y que había que ser muy firmes con ellos. Pero la ONU optó por traerlos a la mesa de negociaciones para hablar directamente con ellos sobre la situación de las mujeres. Está claro que no funcionó”, explica a este diario, en una conversación telefónica desde Toronto.

‘Apartheid’ de género

Cuando regresaron a Kabul en 2021, tras la retirada de las tropas extranjeras del país, los talibanes garantizaron que las libertades fundamentales serían respetadas y que necesitaban un tiempo para crear entornos seguros para que las mujeres pudieran estudiar y trabajar. La comunidad internacional quiso creerles. “Pero hace tres años que tomaron el poder, no parece que se vayan a ir y no han cumplido lo que dijeron. Los países, que no reconocen oficialmente a los talibanes como Gobierno pero sí tienen trato con ellos, podrían exigirles un calendario. Por ejemplo: ‘dijisteis que abriríais las escuelas de secundaria, pues dadnos una fecha. Prometisteis anular tal medida a medio plazo, decidnos cuándo ocurrirá’”, sugiere Dorothy Estrada Tanck, que forma parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación de mujeres y niñas.

Este Grupo de Trabajo y Richard Bennett, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, son autores del informe presentado en 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos en el que concluyeron que el régimen talibán ha instaurado un apartheid de género y una persecución contra las mujeres. En junio, Bennett recomendó de nuevo que se reconozca este delito como un crimen de lesa humanidad. La semana pasada, el régimen talibán prohibió la entrada del relator a Afganistán. “Reconocer el apartheid de género como crimen contra la humanidad allanaría el camino para exigir la rendición de cuentas tanto de Afganistán como Estado como de personas concretas del país”, recalca Estrada Tanck.

Hay que reflexionar sobre quién está apagando la voz de estas mujeres. Lo estamos haciendo entre todos, porque no les prestamos atención, pese a que no hay en el mundo una situación comparable

María López de la Usada, Netwomening.

Tras la publicación del nuevo edicto talibán, un grupo de mujeres españolas está recogiendo firmas para instar al Gobierno a acudir ante el Tribunal Penal Internacional para que este declare crimen contra la humanidad el trato que reciben las afganas. Además, el jueves, los eurodiputados socialistas españoles pidieron a la Unión Europea que denuncie ante la justicia internacional las últimas decisiones de los talibanes y que clarifique el papel del bloque en la protección internacional para las afganas que huyen y llegan a Europa.

“Hay que reflexionar sobre quién está apagando la voz de estas mujeres. Lo estamos haciendo entre todos, porque no les prestamos atención, pese a que no hay en el mundo una situación comparable”, estima María López de la Usada, vicepresidenta de Netwomening, una de las organizaciones que apoya la integración social de mujeres afganas en España.

“Nadie hace nada”

Hussnia Bakhtiyari, fiscal afgana refugiada en España desde hace casi dos años, entró en pánico en estos días cuando llamó a su familia a Kabul y, al otro lado de la pantalla, apareció su hermana de 18 años con el ojo amoratado. “No me quería decir qué le había pasado, pero terminó contándome que un talibán le golpeó en la calle porque estimó que su vestido era demasiado corto. Le llegaba al tobillo, pero al parecer no era suficiente”. Bakhtiyari no duerme pensando en sus dos hermanas, que siguen en Afganistán.

“¿Cuáles son los derechos de una mujer afgana con esta nueva ley? Prácticamente ninguno. ¿No era suficiente con no dejarnos ir a la universidad, a nuestras oficinas, a la peluquería? Pero nadie hace nada, nadie dice nada”, se indigna esta mujer de 35 años que formó parte de un grupo de fiscales, juezas y abogadas evacuadas y acogidas por España en enero de 2023.

DROPS y otras ONG han alertado de que uno de los efectos colaterales de que las mujeres no puedan trabajar ni estudiar son los matrimonios forzados e infantiles, de niñas de 12 y 13 años. Además, el miedo, la falta de perspectivas de futuro y la pobreza merman peligrosamente su salud mental. Muchas mujeres viven encerradas en ellas mismas, sin apenas pronunciar palabra, otras padecen profundas depresiones en medio de una soledad total y algunas recurren, desesperadas, al suicidio. En 2023, DROPS entrevistó a 2.000 mujeres en 17 provincias de Afganistán sobre los daños psicológicos que provocaban las normas de los fundamentalistas y un 68% de las encuestadas afirmó que conocía a una mujer en su entorno con problemas mentales. Pero la salud mental sigue siendo un tema tabú en un país musulmán donde ir al psicólogo nunca estuvo bien visto y ahora es algo imposible para una joven. “Las familias acallan los problemas, tapan los suicidios”, asegura Bakhtiyari.

¿Cuáles son los derechos de una mujer afgana con esta nueva ley? Prácticamente ninguno. ¿No era suficiente con no dejarnos ir a la universidad, a nuestras oficinas, a la peluquería? Pero nadie hace nada, nadie dice nada.

Hussnia Bakhtiyari, fiscal afgana

Porque los hogares tampoco son un lugar seguro para las afganas y las ONG que trabajan en el país han detectado un aumento de la violencia contra las mujeres dentro de las familias y en general una incomprensión ante la merma de sus derechos. “Hemos hablado en estos días con mujeres en varias provincias y sentimos que cada vez tienen más miedo. Este edicto ahondará sin duda sus problemas psicológicos. Se lo pensarán dos veces antes de salir de casa o de ir a trabajar en los dos únicos sectores en los que aún se toleraba su presencia: la salud y la educación infantil. ¿Tendrá que hablar su acompañante masculino por ellas en la escuela o el hospital?”, se pregunta Safi.

Escondidas en Islamabad

Razea es una de las muchas afganas que espera en Islamabad, la capital de Pakistán, que algún país les conceda protección internacional. Por ejemplo, España. Estas mujeres viven escondidas, sin apenas recursos y con miedo a ser deportadas. “¿De qué huí? En Kandahar, mi ciudad, un talibán puede llamar a tu puerta por la noche, violarte, llevarte a la fuerza y casarse contigo. La angustia es difícil de imaginar. Mis amigas que siguen allá me llaman llorando cada día”, explica por teléfono esta mujer de 31 años, que escapó clandestinamente de su país por carretera con su hermano hace más de un año y tampoco desea que su nombre verdadero se publique.

Según la ONU, en Irán y Pakistán hay unos 7,7 millones de refugiados afganos, de los cuales al menos 1,6 millones llegaron después de agosto de 2021. El calvario de las mujeres no termina cuando salen de Afganistán. Organizaciones de apoyo a afganas, como Netwomening y Afghan Women on the Run, explican que hay mujeres que solicitaron en 2021 una cita en la embajada de España en Islamabad para pedir protección, recibieron un número que indica su lugar en la fila y aún esperan ser convocadas para una primera entrevista. Entre agosto de 2021 y agosto de 2022, es decir, en el primer año tras el retorno de los talibanes, España evacuó a 3.900 personas de Afganistán, según cifras oficiales. Desde entonces, llegan con cuentagotas.

Estas ONG ayudan a las mujeres a preparar su petición de protección ante las autoridades diplomáticas y hay casos que las estremecen especialmente, como el de una periodista a la que se le ha denegado el traslado a España por estimar que no corre peligro. “Hemos presentado un recurso ante la propia embajada y hemos llevado el caso ante la Audiencia Nacional. Consideramos que deben reestudiarlo. La mujer está desesperada y ha amenazado con ir a la puerta de la embajada y suicidarse”, explica López de la Usada.

En estos momentos Afganistán ni es emergencia ni es prioridad. Da igual las leyes que hagan los talibanes

Queralt Puigoriol, Afghan Women on the Run

“El hecho de ser mujeres y ser afganas en estos momentos ya debería bastar para darles protección”, estima, en una entrevista con este diario, Queralt Puigoriol, voluntaria en Afghan Women on the Run, entidad que ha logrado traer a España a 700 familias afganas. “Pero en estos momentos Afganistán ni es emergencia ni es prioridad. Da igual las leyes que hagan los talibanes”, agrega.

Porque, ¿cuándo fue la última vez que hubo en España una manifestación importante para denunciar la opresión y el acoso que sufren las afganas? Ni siquiera las activistas de larga data se acuerdan. “Hay que seguir apoyando a las mujeres y a sus organizaciones dentro y fuera de Afganistán. Recabar apoyos de peso para las campañas y hacer presión y más presión. A los gobiernos, y estos a la Asamblea General de la ONU y al Consejo de Seguridad. En Sudáfrica se logró. Tardó más de 20 años, eso sí. Ojalá aquí no haya que esperar tanto”, confía Estrada Tanck.

Mientras tanto en Kabul, Soraya, de 53 años, madre de familia que ha trabajado como maestra casi 30 años, contempla encerrada en su casa cómo la sociedad se desmorona. “Creo que la enseñanza transformó la vida de muchos de mis alumnos. No podemos convertirnos en un país donde la mitad de la población no reciba educación. Espero que la comunidad internacional haga algo para salvar nuestra sociedad de la ignorancia”, pide a este periódico.

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