Los talibanes restringen aún más la educación femenina con el cierre de centros financiados por ONG en dos provincias de Afganistán

Afganistán es el único país del mundo donde se priva a la mitad de la población, las mujeres y las niñas, de un derecho humano básico: el de la educación. Cuando acaban sexto de primaria, con 12 años, las afganas tienen que abandonar los bancos de las escuelas regladas por orden de los talibanes, la milicia fundamentalista en el poder desde el 15 de agosto de 2021. Muchas niñas y jóvenes afganas no se han resignado a la prohibición de proseguir sus estudios y han buscado alternativas a esa educación formal que se les niega. Una de ellas es asistir a clases de inglés, de otras materias, o de formación profesional, en centros educativos apoyados por ONG o Naciones Unidas. Esa vía alternativa ya no existe en dos provincias del sur de Afganistán. Los talibanes ordenaron este lunes la clausura “hasta nuevo aviso” de esas instituciones en Helmand y Kandahar.

En una carta dirigida a las autoridades de esas provincias, el Ministerio de Educación afgano instó a “suspender todas las actividades educativas hasta revisar los proyectos y actividades de esas instituciones, y resolver los temas controvertidos a escala nacional”, asegura la misiva difundida por el diario independiente Hasht-E Subh. El portavoz del Departamento de Educación de Kandahar, Mutawakil Ahmad, confirmó luego la orden en unas declaraciones retransmitidas por televisión, explica por WhatsApp desde Kabul, Sara, el nombre falso de una activista por la educación de 20 años. Ese portavoz, recalca la joven, no explicó cuáles son esos temas controvertidos a los que alude la carta del Ministerio: “Lo único que dijo es que [los talibanes] habían recibido quejas de la gente”.

Tanto Helmand como Kandahar son dos provincias conservadoras, consideradas feudos de los fundamentalistas. Kandahar, cuya capital homónima es la segunda ciudad del país con unos 600.000 habitantes, es la cuna de los talibanes, y acoge a su líder supremo, el mulá Haibatulá Ajundzadá. A él se atribuye la decisión de vetar a las afganas el acceso a la educación secundaria y, desde diciembre pasado, también la universitaria.

El nuevo veto de este lunes no solo afecta a las niñas. A esos centros también acuden niños varones. Un activista de Kandahar citado por la agencia Efe, Mubin Ahmad Khalil, deploró que la medida afectará a “decenas de miles de estudiantes que asisten a más de 600 clases que serán cerradas”.

Desde septiembre de 2021, cuando se pospuso indefinidamente el regreso de las afganas mayores de 12 años a las aulas, 1,1 millones de niñas y adolescentes afganas han quedado excluidas de la educación formal, calcula la UNESCO. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura eleva a 2,5 millones el porcentaje de afganas en edad escolar privadas de educación. Además, casi el 30% de las niñas del país nunca ha accedido a la educación primaria, la única que aún permiten los talibanes. Cuando el 20 de diciembre de 2022 los fundamentalistas prohibieron la educación universitaria a las mujeres, 100.000 afganas que cursaban estudios superiores en centros públicos o privados fueron también expulsadas de sus clases.

Pulso de poder

El anuncio de la suspensión de las actividades de los centros educativos en Helmand y Kandahar no solo podría ser un primer paso antes de la clausura de esas instituciones en todo el país —un temor expresado por activistas afganos en las redes sociales—. También apunta a un nuevo capítulo del pulso a cuenta de la educación femenina que los talibanes mantienen con la comunidad internacional, e incluso en su propio seno, donde algunos altos cargos del Gobierno talibán de Kabul han dado muestra de un insólito disenso respecto al líder supremo y su círculo en Kandahar, según diversos analistas.

La prohibición a las afganas de formarse —y de trabajar en la Administración, las ONG y, más recientemente, en Naciones Unidas— se ha convertido en el marchamo de pureza ideológica fundamentalista con el que el líder supremo Ajundzadá está tratando de imponer su autoridad en el plano político, asegura en un análisis Andrew Watkins, experto del centro de estudios federal Instituto de Estados Unidos para la Paz (USIP en sus siglas en inglés).

De momento, Ajundzadá parece haberlo conseguido, como indican las sucesivas prohibiciones relativas a la educación de las afganas y la represión en aumento contra los activistas en favor de ese derecho, sometidos incluso a desapariciones forzadas. Es el caso de Matiullah Wesa, de 30 años, fundador de la ONG PenPath, que lleva desde el 27 de marzo en paradero desconocido, tras ser detenido por los servicios de inteligencia de los talibanes.

La activista Laila Basim detalla desde Kabul a través de WhatsApp algunas de las claves que explican la desconfianza de los talibanes hacia los centros alternativos, ahora cerrados en Helmand y Kandahar, más allá de que muchas de sus estudiantes fueran niñas. Uno de esos motivos es que, en su gran mayoría, “están financiados por instituciones extranjeras”. Otro, que los talibanes pretenden “revisar el plan de estudios y el material didáctico, preparado por las instituciones que los financiaban”, recalca.

Parasto Hakim, directora de Srak, una organización que gestiona escuelas secretas para niñas en Afganistán, coincide con Basim. Apunta a dos aspectos, también por WhatsApp, desde un lugar que no revela “por motivos de seguridad”. Ella también cree que los talibanes quieren controlar lo que se enseña en esos centros educativos, pero otra clave que cita es “el dinero” que les permite funcionar. Esos fondos proceden a menudo de ONG y de Naciones Unidas, y escapan al control de los fundamentalistas. Hakim cita, por ejemplo, las escuelas comunitarias financiadas por UNICEF, a menudo en zonas remotas donde no existen otros colegios.

Esta activista denuncia que el cambio de los planes de estudio que los talibanes confirmaron hace meses obedece al propósito de convertir “todas las escuelas en madrasas [islámicas]”. Y alerta de que “el mundo habla de reabrir las escuelas de niñas, pero no se habla de lo que se está enseñando en los colegios de niños ni lo que se enseñaría a las adolescentes si los institutos [femeninos] reabrieran”.

El pasado 17 de diciembre, el diario Hasht-E Subh publicó un resumen del nuevo currículo escolar de los talibanes. En él, se propone eliminar asignaturas enteras y despojar a los libros de texto de todas las imágenes de seres vivos, especialmente de mujeres. Incluso en los libros de biología se descartará incluir cualquier representación de la anatomía humana.

Este nuevo plan de estudios, según el diario independiente, prohíbe “cualquier mención positiva a la democracia y los derechos humanos; el fomento de la paz, los derechos de la mujer y la educación”. La ONU se describe como una “organización maligna” y se borra también toda mención a las elecciones, la música, la televisión, la radio y las fiestas y celebraciones, incluidos los cumpleaños. Las figuras de científicos e inventores no musulmanes desaparecen, y se cita como ejemplo de nombre vetado a Thomas Edison, el inventor de la bombilla. Los manuales tampoco alertarán a los niños afganos del peligro de las minas terrestres. Muchas de ellas las plantaron los talibanes.

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