En busca de un desarrollo "a la brasileña"

La Junta de Comandantes en Jefe, compuesta por el general Jorge Videla (Ejército), el almirante Emilio Massera (Marina) y el brigadier Orlando Agosti (Aeronáutica), se hizo cargo del gobiernó argentino al mismo tiempo que las estadísticas oficiales registraban una virtual suspensión de pagos y la violencia política arrojaba un muerto cada cinco horas.Ante los hechos consumados, la opinión pública sólo atinó a especular sobre la suerte que correría el país. El general Viola, jefe del Estado Mayor Conjunto, se había encargado de alimentar este clima. En sus ediciones anteriores al golpe, el semanario «Ultima Clave» publicó las declaraciones de un «anónimo» militar que definió las características que tendría el próximo alzamiento. El nuevo gobierno, afirmó, trataría de conservar todas las libertades, siempre y cuando éstas fueran compatibles con una severa política destinada a «recuperar el país». Asimismo descartó la aplicación, de los modelos chilenos o brasileños, por su elevado costo social, y desestimó el régimen peruano, por no ajustarse al desarrollo económico argentino.

Sin embargo, al cabo de más de un mes de administración castrense, a ningún observador político se le escapa que «el nuevo modelo» fue diseñado de acuerdo a las directivas emanadas del Departamento de Estado norteamericano.

«Una auténtica bendición»

Tal apreciación, que en los primeros días de abril podría haberse calificado de apresurada, hoy no es más que la cruda interpretación de la realidad. Con el. pretexto de evitar la publicación de noticias alarmistas o de que se alimenten falsas versiones, los primeros bandos militares restringieron drásticamente la libertad de prensa. Posteriormente comenzaron a funcionar en todo el territorío Consejos de Guerra regidos por el código de justicia castrense y se dispuso la pena de muerte para los delitos que van desde la alteración del orden hasta los atentados contra la fuerza pública o los bienes de la comunidad. Apoyadas en estas disposiciones las tropas irrumpieron en los loca les de los sindicatos, en la Confederación General del Trabajo y en las sedes partidarias. Un nuevo decreto, firmaldo por la Junta de Comandantes, había dispuesto la suspensión de todas las actividades políticas y sindicales, a la vez que prohibía la existencia de agrupaciones izquierdistas.

A esta altura de los aconteci mientos a nadie extrañó que la embajada norteamericana manifestara la simpatía que sentía Washington hacia el régimen instaura do el 24 de marzo en Argentina. Con una celeridad inusitada -de moró menos de treinta y seis horas-, la Casa Blanca reconoció al nuevo gobierno mientras los influyentes diarios «New York Times» y «Washington Post» calificaban el golpe de Estado como «una auténtica bendición».

El plan de recuperación nacional

La constitución de gabinete ministerial que acompañara la gestión del presidente Videla reveló con precisión la orientación política del régimen. Sólo basta mencionar que en la cartera de Economía fue nombrado el doctor Martínez de Hoz, conocido latifundista que preside la compañía ACINDAR, brazo siderúrgico de la U.S. Stell, en tanto que, a través de la Western. Telegraph (grupo ITT), su apellido aparece ligado a la Banca Morgan. Como era de esperar, el proyecto de Martínez de Hoz no hace más que recoger las concepciónes antiproteccionistas elaboradas por la «Escuela de Chicago». Así, en el orden interno cómo en el externo, las medidas más destacadas del programa pueden resumirse de la siguiente manera:

-Derogación de la Ley de control de inversiones Extranjeras.

-Supresión del sistema de nacionalización de depósitos bancarios.

- Traspaso de la industria petrolífera a la esfera privada (debido a la inexistencia de capitales nacionales independientes que pudieran hacerse cargo de la explotación petrolera, ésta pasaría a manos de las compañías multinacionales).

- Control privado del comercio exterior de carne y granos (principal rubro de exportación).

- Reforma del sistema impositivo, con el fin ole suprimir los gravámenes que pesan sobre Ias ganancias, la actividad lucrativa y el enriquecimiento patrimonial.

- Aumento de los incentivos para las inversiones particulares en las empresas estatales, hasta lograr su total privatización.

- Mercado libre de cambio y regulación de los «capitales negros».

En síntesis, sumado a otras disposiciones de parecido tenor, es evidente que el programa de Martínez de Hoz no tiene otro objetivo que el de emular el «desarrollismo brasileño». Montado éste sobre una economía en ruinas -la deuda externa ronda los diez mil millones de dólares mientras las reservas no superan los 300 millones-, de hecho logró despertar un creciente interés en los círculos financieron internacionales. en cuestión de horas, el Fondo Monetario Internacional libró el crédito de 127 millones de dólares que. infructuosamente había gestionado el justicialismo desde la Casa Rosada. Asimismo, la Banca privada norteamericana ya previ , para el curso del presente año, la inversión de otros cuatrocientos millones en el parque industrial argentino.

Las primeras consecuencias

La afluencia de capital foráneo fue garantizada por el gobierno militar emitiendo diversos decretos que afectan sensiblemente la vida laboral. Clausurado el Congreso, los uniformados modificaron la Ley de Contratos de Trabajo, restringiendo los derechos obreros hasta el punto de autorizar los despidos libres. presidente Videla va a permitir próximamente la creación de organizaciones sindicales «apolíticas». y autorizaría la pluralidad gremial para resquebrajar la unidad del movimiento obrero.

Pero, a pesar de ello, los primeros focos de resistencia han comenzado a interponerse en el camino escogido por. los militares. La política de liberación de precios y congelamiento salarial auspiciada por el gobierno no frenó la espiral inflacionaria, que en el mes de marzo marcó un aumento del 50 por 100 en los productos de primera necesidad.

Por el contrario, sólo contribuyó a fomentar el descontento popular, que gestó el repentino avasallamiento de los derechos de los trabajadores. No habían transcurrido los primeros veinte días desde la asunción. del nuevo, gobierno cuando el Ejército y la policía tuvieron, que intervenir para sofocar, a punta de metralleta, las huelgas que estallaron en el cordón industrial de Buenos Aires. Obviamente, ala par de los millares de detenidos que arrojan las cotidianas batidas de los organismos de seguridad, los dirigentes de los conflictos obreros, de «provocadores marxistas», fueron encarcelados, a la espera de que un tribunal militar decida su suerte.