El Consejo de Ministros envía al Parlamento el estatuto del becario

Compensar los gastos de transporte o manutención de los estudiantes que no tienen una nómina, limitar las prácticas no vinculadas a los planes de estudios y reforzar las multas a las empresas incumplidoras. Esos son los principales objetivos que persigue del estatuto del becario, el anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros de este martes, como anticipó este periódico la semana pasada. Se trata de la segunda lectura de proyecto en el gabinete, tras la primera en noviembre del año pasado, antes de enfrentarse al escrutinio del Congreso, donde tiene escasas opciones de triunfar. A la previsible oposición del bloque que ya tumbó la reducción de jornada (PP, Vox y Junts) se suman las dudas de socios habituales del Ejecutivo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha catalogado el estatuto como “la reforma laboral para la gente joven de España”. Ha explicado que la norma intenta evitar el fenómeno de los falsos becarios, “una distorsión de la economía y del mundo del trabajo”, y que aspira a “expulsar” la precariedad de la vida de estas personas.

El estatuto del becario fue acordado por Trabajo, UGT y CC OO en junio de 2023, poco antes de las elecciones generales. No solo tenía el rechazo de las patronales y de los rectores universitarios, también de la parte socialista del Gobierno. Fuentes de Moncloa y de Economía dijeron que el texto estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Nunca antes (y nunca después) una parte del Gobierno había criticado a la otra el mismo día de la presentación de un pacto alcanzado con los sindicatos

El rechazo socialista, las elecciones y la primacía de otros proyectos (como la reducción de jornada), retrasaron el progreso de la medida, lo que generó un fuerte enfado de los sindicatos. Dos años y medio después de la presentación del acuerdo, en noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó en primera ronda el anteproyecto de ley sin cambios sustanciales respecto al texto que rechazaba el PSOE, que nunca ha llegado explicar por qué pasó a respaldar la norma.

“La aprobación no puede ser más oportuna, cuando ayer mismo [por este lunes] superamos los dos millones de jóvenes que han cotizado durante sus prácticas formativas no remuneradas desde el 1 de enero de 2024 [cuando entró en vigor ese nuevo derecho]″, ha indicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también responsable de la Seguridad Social.

Entre la primera lectura en el Consejo de Ministros y la de este martes fue emitido el informe del Consejo Económico y Social. El organismo, integrado por patronales, sindicatos y miembros propuestos por el Ejecutivo, cargó contra la “carencia” de datos para medir el impacto económico del proyecto y también criticó que no contemple una red de apoyo para las pymes.

El Estatuto propone limitar a un máximo de 480 horas (la mitad que ahora) las prácticas extracurriculares por alumno, figura en la que se concentra el fraude al no estar directamente vinculadas con la formación. También propone un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos más graves con hasta 225.000 euros y la obligación de que las empresas cubran los gastos del estudiante, como el transporte al lugar en el que desarrolle las prácticas. Esta compensación no aplica a los becarios con nómina, ya que con esa retribución ya se consideran nivelados los gastos. La normativa no obliga a retribuir al becario, una de las reclamaciones más insistentes de la izquierda política y sindical y que finalmente no formó parte del acuerdo.

¿Y en el Congreso?

La medida tiene muy pocas opciones de salir adelante. Para empezar, es previsible el rechazo de los tres partidos que ya tumbaron la reducción de jornada, que suman mayoría absoluta: PP, Vox y Junts. “Hoy este texto sale al Congreso de los Diputados. Me dirijo claramente al Partido Popular”, ha indicado Díaz, antes de interpelar directamente a Alberto Núñez Feijóo: “Queremos ver si está del lado de la juventud de nuestro país o si va a volver a golpearles en la cara”. Desde que el político gallego dirige el PP, el partido sostiene que su posición es previsible ante los cambios de índole laboral: si hay acuerdo con todos los agentes sociales pueden apoyarlo, pero no si solo hay respaldo sindical, como es el caso en el estatuto del becario.

Más allá de esa oposición, hay socios habituales del Ejecutivo, como ERC, Bildu y PNV, que vienen expresando dudas respecto al texto. Fuentes del partido catalán recuerdan que ellos reclaman la remuneración obligatoria de las prácticas, precepto que no contempla el estatuto, y que hay otros elementos en los que no están de acuerdo. El BNG dice que le parece “positivo” regular la situación de los becarios: “Es una forma de combatir la precariedad de las personas becarias. Esperaremos a ver cómo queda y qué sale del Consejo de Ministros y Ministras”.