La sede imposible del Archivo Provincial de Huelva

En 1981, la Junta de Andalucía pidió al Ministerio de Cultura que construyera una sede para el Archivo Histórico Provincial de Huelva y, como estas cosas nunca son rápidas ni sencillas, no fue hasta 1986 cuando el Gobierno andaluz cedió una parcela en la avenida de Andalucía de la capital onubense para construirla. La misma en la que hoy, más de tres décadas después, languidece el esqueleto de un edificio a medio hacer. Parece la Historia interminable, se quejaba hace un año en el Congreso de los Diputados José Juan Díaz Trillo, del PSOE, al defender una Proposición No de Ley que instaba al Gobierno a que se retomasen las obras que prometían ser el cierre definitivo del largo periplo, pero que se habían abandonado unos meses antes, a finales de marzo de 2017, por un conflicto entre la Administración y la empresa concesionaria, Acciona. La proposición fue aprobada en la Comisión de Cultura, pero los trabajos, un año después, no se han reanudado. Ahora, Acciona ha mostrado su interés por retomar la obra, y el ministerio se va a reunir con la constructora para decidir si acepta o resuelve el contrato y vuelve a adjudicar la obra a otra empresa, según una respuesta del Gobierno del pasado 8 de octubre a una pregunta en el Congreso de Díaz Trillo. 

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“Lo que le iba pidiendo al anterior Gobierno [del PP] —que, por cierto, no solía responderme por escrito—, se lo pido ahora al nuevo [del PSOE], para que cuanto antes se pueda resolver este embrollo jurídico, con diligencia y celeridad”, reitera por teléfono el diputado socialista, que ya explicó hace un año en sede parlamentaria la importancia del archivo provincial de Huelva y la necesidad de un edificio que lo albergue. Aseguró que la provincia “tiene una notable e importante historia”, especialmente en el siglo XIX por su actividad minera, sin contar la actividad agraria, vitivinícola, etcétera. Y se quejó de que todo ese patrimonio documental — que ocupa 2.600 metros lineales y en el que el papel más antiguo es de 1487—, lleva décadas en situación de provisionalidad, disperso en distintos espacios de la Junta de Andalucía y de los Ayuntamientos.

También hizo un repaso de toda esa historia interminable que comenzó en 1981, cuando la Junta pidió al Ministerio de Cultura que construyese la sede (los archivos históricos provinciales son de titularidad estatal, aunque los gestionan las comunidades). Contó el diputado socialista que ya entonces el ministerio aceptó, aunque hasta 1986 no se cedió la parcela para levantar la sede. Todo iba a paso de tortuga, aunque al parecer avanzaba —en 1991 se estaba trabajando en el proyecto—, pero en 1996 el Consistorio de Huelva comenzó a poner pegas. Díaz Trillo resumió en el Congreso ese periodo de casi 12 años como un tiempo de “cambios y conflictos” en torno a la parcela. El Ayuntamiento quería destinarla a fines sociales en lugar de culturales, completa un artículo de 2017 de Huelva Información.

El proceso se desatascó, volviendo al relato del diputado socialista en sede parlamentaria, en 2007, cuando por fin se resolvió el concurso del diseño —lo ganó el arquitecto Andrés Perea Ortega— y el ministerio presentó públicamente el proyecto. Pero esta vez fue la crisis y el cambio de Gobierno [el PP de Rajoy sustituyó al PSOE de Rodríguez Zapatero en La Moncloa] lo que se metió por medio, con lo que no se adjudicó definitivamente la obra hasta enero de 2015, cuando Acciona se comprometió a hacerla en 42 meses por 6,3 millones de euros, muy por debajo de lo que inicialmente se había calculado en la licitación (algo más de 10 millones). “Creo que en el fondo de los problemas de los últimos tiempos está una baja temeraria”, opina Díaz Trillo.

Sea como sea, el hecho es que, poco después de que comenzaran las obras en mayo de 2015, un problema con la cimentación obligó a parar y a modificar cálculos. Los trabajos se retomaron en febrero de 2016, pero para entonces ya estaba fraguado el conflicto entre la empresa el ministerio que acabó con la paralización, que dura hasta hoy, desde finales de marzo de 2017.

Entonces, la constructora reclamó la nulidad del contrato y que se le indemnizara por los gastos hechos hasta ese momento. El ministerio se negó y le impuso una multa de 1.055,91 euros al día hasta que “presentase el nuevo programa de trabajo y se constatase la reanudación de la obra”, dice la respuesta del Gobierno a la pregunta del diputado Díaz Trillo. La constructora recurrió esa decisión ante los tribunales, pero en algún momento cambió de postura y “manifestó su interés en retomar la obra, por lo que se van a realizar las reuniones precisas para valorar dicha posibilidad”, aclara el texto.

La empresa, a través de una portavoz, aclara que la paralización y la petición de anular el contrato se produjo porque se enfrentaban a penalizaciones por los retrasos de 2016 y admite que ahora "está habiendo negociaciones para ver si se puede finalizar la obra". Preguntados por este periódico, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva han preferido no hacer ningún comentario porque el asunto, señalan, no está dentro de sus competencias.