La Fiscalía exige a Boluarte el parte médico que justifique su ausencia del cargo por la rinoplastia

A inicios de semana, la presidenta Dina Boluarte declaró por primera vez acerca de la cirugía a la que se sometió a mediados del 2023 en el secretismo más absoluto. La diligencia en el Ministerio Público duró cuatro horas y la mandataria, acusada de abandono del cargo, debió responder un interrogatorio de 45 preguntas. “Esta investigación nace muerta […] Estuvo lúcida, consciente, fue una cirugía menor”, ha subrayado su defensa. Su abogado, Juan Carlos Portugal. sostuvo que en cuanto al post-operatorio “la presidenta de la República hizo uso de sus horas de sueño como cualquier ser humano en el planeta tierra”.

La intervención, asegura Portugal, fue el 28 de junio de 2023 y duró 40 minutos que no la limitaron en cumplir sus funciones. Lo cierto es que existen ejemplos de jefes de Estado que ante una eventualidad cedieron su cargo por un breve lapso de tiempo. En noviembre del 2021, el entonces presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se sometió a una colonoscopia de rutina y, a sabiendas de sus impedimentos, le transfirió el poder temporalmente a su vicepresidenta Kamala Harris por una hora y 25 minutos.

Este jueves la Fiscalía, a través de su área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, le ha solicitado a la presidenta del Perú que remita en un plazo de 24 horas los documentos que certifiquen el estado de salud que la indujeron a realizarse una operación a la nariz. A mediados de diciembre, cercada por las denuncias periodísticas y la confesión de su exjefe del gabinete Alberto Otárola, Boluarte se vio en la obligación de aceptar que sí pasó por el quirófano. “No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria”, dijo tras siete meses de negativas para referirse al tema, alegando que era parte de su “derecho a la intimidad”.

Entre los requerimientos de la Fiscalía también figuran las 91 normas en original que la sucesora de Pedro Castillo asegura haber firmado entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en que apenas participó de una reunión de Consejo de Ministros de manera virtual —y sin mostrar su rostro—. En las redes sociales de Presidencia se compartieron fotos de Boluarte encabezando eventos públicos pasados haciéndolos pasar por actuales, ha alertado el podcast informativo La Encerrona.

El semanario Hildebrandt en sus Trece analizó las firmas de Boluarte con un especialista, y puso en tela de juicio su autenticidad al sostener que presentan notorias diferencias. “¿Alguien firmó por la mandataria, con su consentimiento? O, dicho de otro modo, ¿alguien falsificó la firma de la jefa de Estado debido a que ella estaba ausente y no podía firmar?”, cuestionó la periodista del semanario, Sonia Suyon. Entre las 91 normas se encuentran dos decretos supremos y una resolución.

El plazo para que la gobernante entregue su historial médico vence este viernes. En caso no cumpla con la petición, especialistas indican que repercutirá en la valoración que haga el Ministerio Público al concluir la investigación. En base a las pruebas reunidas determinarán si se archiva el caso o se formula la acusación. Aunque es cierto también que para iniciar la fase de investigación preparatoria se requerirá la aprobación del Congreso.

“Solo me queda decirle a Dios: ‘Dios, dame tolerancia porque no saben lo que hacen’. Nosotros sí sabemos lo que hacemos, tenemos que responder frente a la necesidad de la población y lo hacemos trabajando las 24 horas del día. Ahí están mis ministros testigos, dos, tres de la mañana”, ha declarado la mandataria hace unos días. Sobre sus investigaciones añadió: “Ya perdí la cuenta. No sé cuántas carpetas fiscales tengo. Pero ninguna, y lo digo con la frente en alto y sin rabo de paja, ningún por actos de corrupción. No soy mentirosa ni ladrona”.

Los otros líos que mantienen en jaque a Dina Boluarte es la presunción de que habría ayudado a fugar a Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, la agrupación que integró junto a Pedro Castillo; y el negarse a promulgar la autógrafa de ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia por fines políticos. A mitad de semana, el Poder Judicial anuló la orden de prisión preventiva de 36 meses contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, por liderar una presunta organización criminal dedicada a manipular designaciones políticas. El hermanísimo se encuentra en la clandestinidad desde noviembre.