Archiveros y defensores de patrimonio rechazan la destrucción de miles de expedientes del COAM

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) tiene previsto destruir buena parte de los dos millones de expedientes en papel de visados de obra —que contienen los proyectos, entre otros, para nuevas construcciones— que custodia el organismo, acumulados desde 1974 y referentes a toda la Comunidad. La eliminación “paulatina y selectiva”, según explica un portavoz, ha empezado por un paquete de casi 280.000 expedientes, aprobado en agosto por el Gobierno regional; los interesados (entre otros los Ayuntamientos) podrán reclamarlos en los próximos meses (en principio tres desde la publicación el boletín oficial madrileño, pero ampliables), antes de que sean definitivamente destruidos.

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El COAM insiste en que la medida, que reducirá los importantes gastos de almacenaje que comporta a los asociados, fue aprobada por la inmensa mayoría de la Junta de Representantes en 2015, respeta la ley y que se conservarán los documentos más significativos. Pero la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (Anabad) rechaza frontalmente la eliminación de documentos —“Se trata de un Archivo público, por ser los colegios profesionales entidades de derecho público”, protestan— y también la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que ha recibido la noticia “con sorpresa no ajena de indignación”. Además, un grupo crítico de asociados del propio COAM ha lanzado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org —están por encima de las 880— para detener “la destrucción” de patrimonio. La eliminación no merece la pena, para ahorrar “ocho euros al año a cada colegiado”, dice el texto de la petición de firmas.

Los visados son un permiso preceptivo para la solicitud de una licencia de obra (tanto de construcción como de demolición) que dan los Ayuntamientos. Un portavoz del COAM explica que, si los expedientes entre 1954 hasta el año 1973 están custodiados por el Archivo General de la Administración, del Ministerio de Cultura, el colegio profesional ha acumulado desde entonces una ingente cantidad (esos dos millones) que ocupa 80.802 cajas y supone, aproximadamente, 43.000 metros lineales de archivo. Un volumen carísimo de mantener —costeado por los asociados por medio de una empresa externa— que la Junta de Representantes del COAM acordó reducir en 2015 y que finalmente los responsables del organismo han decidido hacerlo eliminando una gran parte.

Conservación parcial

O, lo que es lo mismo, conservando solo lo siguiente: los expedientes posteriores a 1999 (para respetar los plazos de la responsabilidad civil); un mínimo estadístico del 10% de los expedientes generados anualmente; expedientes completos relacionados con Bienes de Interés Cultural y los protegidos por los planes urbanísticos municipales; los relacionados con edificios incluidos en las Guía de Arquitectura COAM; los censados en el Servicio Histórico del COAM; los incluidos en los legados de arquitectos cedidos al COAM y los de la Fundación Arquitectura COAM. Por ejemplo, de la primera tanda presentada al Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid con 514.154 expedientes de entre 1973 y 1995, se van a eliminar 279.897 y a conservar los otros 234.257. 

Pero los arquitectos representados la agrupación ADN COAM —los mismos que están pidiendo firmas para detener el proceso—, asegura que lo que se aprobó en 2015 en el colegio profesional era una selección más cuidadosa y no lo que consideran una auténtica destrucción de patrimonio. “Conservar nuestro archivo documental de la arquitectura y de los arquitectos es una obligación y parte de nuestro tributo a los ciudadanos”, explican en su web, donde recuerdan que su propuesta es eliminar la documentación administrativa innecesaria, pero guardar lo sustancial: memorias descriptivas, planos, mediciones, presupuesto… “No queremos y nunca hemos defendido mantener el archivo colegial con 2.000.000 de expedientes, pedimos que se expurgara con criterio de patrimonio”, insisten.

Por su parte, Anabad destaca que, “por el carácter público de la institución y del fondo, no se trata de defender los derechos e intereses del colectivo profesional, sino de la sociedad entera”, dice el presidente de la federación, José María Nogales. Lo hace en un texto que también recuerda que el periodo a destruir se corresponde “con el de mayor actividad constructora” en la Comunidad de Madrid y que, aparte del valor como patrimonio histórico, se trata de documentación muy importante para tareas cotidianas para administraciones y particulares como la conservación de edificios, las inspecciones técnicas, obras de restauración o de mejora como la instalación de ascensores y peritajes.

"Valor indiscutible e insustituible"

En la vertiente histórica, Amparo Berlinches, presidenta de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, habla “del valor indiscutible e insustituible de estos proyectos” que conocen bien los técnicos, arquitectos, historiadores y documentalistas que han trabajado alguna vez en el estudio de la arquitectura. Berlinches recuerda las dificultades, por ejemplo, que ella misma tuvo para estudiar los edificios anteriores a 1954, cuya documentación el COAM destruyó en su día. “Esta Junta [de Gobierno] se expone a que los investigadores y estudiosos de hoy y del futuro recuerden esta decisión como una gestión nefasta, del mismo modo que hoy recordamos a quienes en su momento quemaron más de 20 años de documentos colegiales”, escribe la arquitecta y presidenta de la asociación.

El portavoz del COAM responde, por un lado, que tanto la digitalización como el expurgo que proponen los arquitectos opositores a la actual junta tendrían un coste inasumible para la institución. Y, por otro, que los arquitectos interesados pueden recuperar los expedientes que, en cualquier caso, no son la única copia pública, ya que los Ayuntamientos deben guardar, por ley, su propio ejemplar. Sin embargo, Nogales matiza que la posibilidad de recuperación solo se les ofrece a los arquitectos colegiados y que muchos Ayuntamientos carecen en la práctica de esa documentación: “En ciertos casos, o no estuvieron nunca, o han desaparecido o se han deteriorado de manera extraordinaria”. asegura. De hecho, recuerda que la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto con los Consistorios de la región para que también ellos puedan recuperar los expedientes antes de que sean destruidos y el portavoz del COAM admite que ya están trabajando con 50 municipios (en toda la comunidad hay 179).

En todo caso, Nogales —aunque recuerda que los visados siempre han costado mucho dinero a los interesados que bien podría costear el mantenimiento del expediente— asegura que la institución que debería hacerlo de ese material sería el Archivo Histórico Provincial de Madrid. El problema, dice Nogales, es que ese archivo no existe en la Comunidad de Madrid y el archivo regional no cubre las mismas necesidades, añade. “Nos negamos a que se destruyan y exigimos que las instituciones cumplan con su deber creando un Archivo Histórico Provincial y transmitiendo a él la documentación pertinente”, resume Nogales.