Sin casa y en los tribunales: los vecinos sin hogar por la L-7B de Metro pleitean con el Ejecutivo de Ayuso por una indemnización mejor

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dirimirá a partir de esta primavera la queja de una treintena de vecinos de San Fernando de Henares que solicitan en el contencioso-administrativo una compensación mejor de la ofrecida por el Gobierno regional tras perder su vivienda, plaza de garaje o local por culpa de la línea 7B de Metro de Madrid. La llegada del suburbano a este municipio de 40.000 habitantes provocó un terremoto en el subsuelo: facilitó que el agua entrara en contacto con terrenos solubles, alterando su firmeza y causando tanto el hundimiento de la infraestructura (que lleva casi tres años cerrada en uno de sus tramos) como el de los edificios de la superficie. Como consecuencia, 73 viviendas han sido condenadas al derribo, y alrededor de 200 vecinos han tenido que abandonar sus casas. Ahora, casi 20 años después de que Esperanza Aguirre inaugurara en 2007 la L-7B, su tragedia llega a los tribunales.

“Ya hay vistas para los primeros juicios fijados para finales del mes de mayo de este año, por lo que probablemente en octubre aproximadamente se sabrán las primeras sentencias, que ojalá sean favorables y hagan justicia”, dice Juan Antonio Fuentes, presidente de una de las asociaciones de afectados. La Comunidad de Madrid ha destinado más de 11 millones de euros a indemnizaciones patrimoniales correspondientes a 74 expedientes, según detalla un portavoz gubernamental. Quedan, además, 25 en tramitación. Pero los vecinos consideran insuficiente el dinero recibido para poder rehacer sus vidas.

Porque esta es la historia de una tragedia. La de Eva, que de un día para otro se vio fuera de su casa y en un apartahotel reventado de olores porque también alojaba cocinas fantasma, además de a vecinos de vida alegre. O la de Rosario, una viuda separada entre lágrimas de sus rutinas con su nieta, con la que convivía cinco días a la semana, porque ya es demasiada la distancia que las separa al tener que abandonar su hogar. O las de los que han tenido que seguir pagando las letras de la hipoteca que firmaron para comprar una casa que ya no existe. Y la de todos los que han visto cómo la indemnización por la casa que tenían era insuficiente, totalmente insuficiente, para comprarse un piso similar al que tenían en el Madrid de los precios disparados y las ofertas de compra a quemarropa.

“El caballo de batalla principal son las valoraciones que hacen los peritos de los inmuebles”, explica una fuente conocedora del caso. “La administración hizo una tasación con una empresa conocida”, abunda. “Los vecinos, en la vía administrativa, aportaron dos: la de otra tasadora y la de un arquitecto”, añade. “Ahora, el tribunal, con buen criterio, les ha permitido presentar un tercer peritaje, este de otro arquitecto, para un total de tres que se tendrán que ratificar durante el proceso”.

Según las cuentas de la Comunidad de Madrid, en estos momentos el TSJM ha admitido a trámite los casos que afectan a 27 casas, de ellas nueve con plaza de garaje; cuatro locales y cinco plazas de garaje independiente, para un total de 36 expedientes. Las cuentas de la asociación de vecinos son otras: 33 viviendas, cuatro locales y 14 plazas de garaje. Lo que es prácticamente seguro, explican los afectados, es que la cifra de propietarios que buscan una indemnización mayor suba próximamente. ¿La razón? Que los que están pendientes de que la Comunidad cierre su expediente de indemnización en la vía administrativa tienen que esperar al final de ese trámite para poder acudir a la judicial.

El pulso viene de largo. Y ha sido extremadamente tortuoso. Hasta marzo de 2023, el Ejecutivo venía ofreciendo de 136.000 a 355.000 euros a los vecinos por sus viviendas, y de 10.000 a 33.000 euros por sus garajes. Pero esas ofertas de indemnización no satisfacían a los afectados, gente que había cumplido el sueño de vivir en su municipio y que, de un día para otro, empezó a ver cómo se abrían grietas en sus paredes, cómo ventanas y puertas se descuadraban, y cómo las noches se llenaban de crujidos, igual que si durmieran en un barco de madera, mientras sus viviendas se movían por culpa de la llegada del metro.

No podía ofrecérseles más, argumentaba la Comunidad. Ese era el máximo legal. Hasta que Ayuso intervino y rectificó esa tesis, ordenando que se les ofreciera entre 10.000 y 63.000 euros más por vivienda, atendiendo al daño moral por conviviente. Un reconocimiento de la tortura psicológica que ha supuesto para los afectados vivir años enteros pendientes de abandonar o no sus casas; de recuperarlas o no después; para finalmente verlas destruidas, derrumbadas y desaparecidas en un abrir y cerrar de ojos. Por algo los vecinos que acamparon en medio del parque Pedro Zerolo de San Fernando para protestar por su situación se reunían alrededor de una mesa a la que llamaban la mesa del psicólogo: un lugar para reír, llorar y recordar lo perdido.

Porque 73 viviendas han sido derribadas, junto con cuatro locales. En otras 15 residencias hubo que desalojar a los vecinos, que ahora esperan a regresar a ellas, pues la Comunidad asegura que los trabajos de estabilización del terreno, con inyecciones de cemento que han supuesto una inversión multimillonaria, han dado resultado. Una conclusión a la que aún no se puede llegar en el caso de la propia línea 7B.

El 15 de julio de 2024, un informe de la empresa Intemac puso negro sobre blanco la peor pesadilla del Gobierno regional sobre la línea: a las tres estaciones cerradas desde agosto de 2022 por filtraciones de agua que hunden poco a poco la infraestructura se debían unir otras tres paradas. ¿La razón? Que el problema causado se extiende y tiene “una evolución muy negativa” que hace “inaplazable” intervenir, según documentación a la que accedió EL PAÍS.

Eso explica que la Comunidad suspendiera el servicio desde el 27 de julio “por tareas relacionadas con la señalización”, y que un mes después, el 28 de agosto, “por imperiosa urgencia” el Consejo de Gobierno aprobara a toda velocidad la inversión de “29,5 millones de euros en obras de mejora entre las estaciones de San Fernando y Barrio del Puerto”. Como resultado, un total de seis estaciones de esta línea permanecerán cerradas previsiblemente al menos hasta mediados de 2025, aunque nadie en el Gobierno regional se atreve a asegurar ya que se recuperará por completo un servicio esencial para los 120.000 habitantes que suman Coslada y San Fernando de Henares.