Jaume Collboni sobre el aval del TC al cierre de pisos turísticos: “Es una magnífica noticia para el derecho a la vivienda”

El aval del Tribunal Constitucional (TC) al decreto ley de la Generalitat sobre el futuro de los pisos turísticos en Cataluña allana el cierre de los 10.000 apartamentos de este tipo que tiene Barcelona en 2028 anunciado el verano pasado por el alcalde Jaume Collboni. El edil socialista ha celebrado este jueves que la sentencia del TC “ratifica la constitucionalidad” del decreto y la ha definido así: “Es una magnífica noticia en favor del derecho a la vivienda, a la decisión tomada de no renovar ninguna licencia de pisos turísticos en noviembre de 2028, que son 10.000 y podrán volver al mercado residencial”. Collboni ha presumido de que la sentencia “avala cambiar las reglas del juego en el mercado de la vivienda, le da seguridad jurídica, dice que es legal y constitucional y se puede hacer con rigor jurídico”. El alcalde ha vaticinado que en 2028 “10.000 pisos volverán al mercado residencial de la ciudad, lo que permitirá que 25.000 vecinos no se tengan que marchar”. Y ha asegurado que la sentencia tiene trascendencia “europea”, porque varias ciudades se han interesado por la fórmula.

Con el decreto de la Generalitat en la mano, el Ayuntamiento de Barcelona no necesitará ningún trámite o mayoría política para cerrar los pisos turísticos de la ciudad. Porque el decreto prevé que los consistorios aprueben en 2028 planes urbanísticos fijando dónde y cuántas viviendas turísticas pueden tener. En el caso de Barcelona, no se redactarán ningún plan y las licencias decaerán. “El decreto [de 2024] fija cinco años de vigencia a las licencias actuales, que decaen en noviembre de 2028. Por lo tanto, no hay que hacer nada, es automático”, ha señalado la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet. La sentencia, de hecho, tiene trascendencia fuera de Barcelona, porque fija una ratio de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes en 262 municipios catalanes, donde, sumados, habría que cerrar 28.000 viviendas de uso turístico.

El contenido de la sentencia difundido este jueves por el Tribunal Constitucional en una nota informativa (a la espera de conocer el texto entero en las próximas semanas) es un revés para el recurso presentado por 55 diputados del PP en el Congreso. El tribunal afirma que “desestima íntegramente” el recurso y enumera sus argumentos. “No vulnera los límites formales ni materiales de la legislación de urgencia”. Entiende que no se produce “infracción de las garantías constitucionales del derecho de propiedad privada”, porque los dueños de pisos turísticos no pierden la propiedad de las viviendas. “La explotación turística, como otros usos productivos distintos del residencial, no puede ser entendida como consustancial de las edificaciones calificadas por el planeamiento para el uso de vivienda”, afirma el texto. La sentencia también avala que sea necesario, a partir de 2028, que los pisos turísticos tengan licencia urbanística y que los municipios aprueben planes fijando cuántos y donde pueden tener los pisos turísticos. Por último, la sentencia avala la autonomía local.

Batalla legal de Apartur

Más allá de la sentencia, los propietarios de pisos turísticos, con el liderazgo de la patronal Apartur, iniciaron tras el decreto una batalla legal paralela al recurso del PP al TC que está por ver qué recorrido tiene. Entre otras cuestiones, anunciaron recursos e indemnizaciones por mil millones de euros. En concreto, aseguraron que los propietarios de 1.500 apartamentos y 25 empresas pedirían indemnizaciones a la Generalitat por la extinción de las licencias. Fuentes de Apartur explican que la patronal aguarda conocer la sentencia entera para que sus servicios jurídicos la analicen. En cualquier caso, apuntan que la administración otorgó las licencias para las viviendas de uso turístico con carácter indefinido y que la sentencia “crea un precedente muy peligroso par las actividades que se ejercen con licencia”. Además recuerdan que Federatur, de la que Apartur forma parte, presentaron una denuncia ante la Comisión Europea. La patronal suele recordar que las camas que suman los pisos turísticos de Barcelona representan un 40% del total de oferta de alojamiento, y que si cerraran, perjudicarían al turismo familiar o a los asistentes de congresos como el Mobile World Congress.

Desde ERC, en el Gobierno catalán cuando se aprobó el decreto, la entonces consejera Ester Capella, ha celebrado como “una buena noticia en la lucha por una vivienda digna y contra la especulación” la sentencia del Tribunal Constitucional. “Ahora es preciso regular más áreas, como los alquileres de temporada, también lo conseguiremos”, ha vaticinado. En el Ayuntamiento, también la jefa de filas del partido republicano, Elisenda Alamany, ha aplaudido la setnencia.