Los dueños de pisos turísticos de Barcelona reclaman 1.000 millones de euros por su cierre
La patronal Apartur explica que los propietarios de 1.500 apartamentos y 25 empresas piden indemnizaciones a la Generalitat por la extinción de las licencias
Los propietarios de pisos turísticos de Barcelona han emprendido una batalla legal y están reclamando de forma masiva a la Generalitat indemnizaciones por el cierre de la oferta de estos alojamientos en la ciudad. La extinción se apoya en el Decreto que la Generalitat aprobó en noviembre pasado y que prevé que los 47 municipios con mayor tensión en el mercado de la vivienda redacten planes urbanísticos que fijen cuántos a apartamentos turísticos y dónde se podrán abrir. Si no aprueban estos planes antes de 2028, las licencias quedan sin efecto, según el decreto: y esta es la estrategia que aplicará el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para cerrar los de la ciudad.
Por ahora, las solicitudes de compensación son de 1.500 propietarios y 25 empresas gestoras y ascienden a mil millones de euros, ha explicado este lunes la patronal Apartur. De media, la reclamación es de unos 650.000 euros por piso. En la ciudad hay casi 10.000 apartamentos turísticos y la entidad prevé que las reclamaciones patrimoniales asciendan a un global 3.000 millones de euros. Solo en Barcelona, donde las camas turísticas en apartamentos con licencia son el 40% de la oferta de alojamiento. En el resto de Cataluña estiman que podrían alcanzar los 7.000 millones. Lo que se reclama exactamente son las pérdidas por las inversiones realizadas en las viviendas turísticas y las ganancias que tendrían en el futuro.
El presidente de la patronal, Enrique Alcántara, ha señalado el “claro perjuicio sobre el patrimonio de los propietarios de pisos turísticos que representa el decreto, que retira una licencia, que es un derecho adquirido”. Alcántara, que también es propietario de apartamentos turísticos, ha animado al sector a reclamar, para lo que hay plazo hasta el 8 de noviembre. “Llegaremos hasta el final en la reclamación contra un decreto que es una expropiación encubierta de un derecho”.
La directora general de Apartur, Marian Muro, ha recordado que además de estas reclamaciones administrativas el Decreto ha sido recurrido por otras dos vías: un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional por el PP, y un expediente abierto en la Comisión Europa por posibles vulneraciones de normativas europeas. Ante las dudas jurídicas que algunas voces han expresado sobre si el registro de viviendas de uso turístico (HUT, en catalán) son licencias, habilitaciones o declaraciones responsables, Muro entiende que “es irrelevante, se trata de una habilitación administrativa y por tanto de una licencia”.
El futuro del decreto con Illa
En el plano político, Apartur confía en que el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, flexibilice el decreto, que el anterior Govern de ERC aprobó de urgencia como decreto-ley, y el PSC pretendía tramitar como ley ordinaria para modificar las condiciones. Alcántara espera, ha dicho, reunirse con Illa para “llevar a cabo la revisión del decreto”, al tiempo que ha reprochado al alcalde de Barcelona que no le haya recibido.
La consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, en declaraciones a TVE ha explicado este mismo lunes que el actual ejecutivo “tiene el compromiso” con el anterior de que “el decreto no se modificará, salvo algunos retoques quirúrgicos en municipios concretos”. Se refiere a los municipios cuyos alcaldes (sobre todo de Junts y PSC) pusieron el año pasado el grito en el cielo ante la eventualidad de un cierre masivo de pisos turísticos que, afirmaron, impactaría gravemente en su economía. Los dos partidos veían la regulación como algo excesivamente invasivo y pedían una modificación del texto, porque, entendían “no refleja las diferentes realidades que hay en Cataluña”. El decreto fija en los 47 municipio a los que afecta un tope de 10 pisos por cada 100 habitantes.
Volviendo a Barcelona, desde Apartur, su presidente también se ha referido a los hoteleros de la capital catalana, que hasta la fecha dan por hecho que el decreto no les afecta, pese a tener más de 700 pisos turísticos. “En la relación entre el lobi hotelero y lo que puedan estar negociando con Collboni por su lado, no puedo entrar”, ha afirmado insinuando que hay una negociación en marcha. El presidente de la patronal ha recordado, además, que si la extinción oferta de pisos turísticos se justificó por los problemas de acceso a la vivienda, “los hoteleros han destruido vivienda de forma continuada al hacer hoteles en suelo residencial”.
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