La rebelión de alcaldes pone en jaque la primera gran ley para cerrar miles de pisos turísticos en Cataluña

Poner orden al inmenso mercado de pisos turísticos en Cataluña no será tarea fácil tras más de una década de barra libre en numerosos municipios. El Parlamento catalán votará este miércoles el decreto aprobado por el Govern de Pere Aragonès sobre una nueva regulación pionera en España que prevé el cierre de miles de pisos. La cámara afronta la convalidación del texto dividida y con dudas de que pueda prosperar. Con una escuálida mayoría de 33 diputados sobre 135, el Ejecutivo catalán está en manos del PSC y de Junts, que ven la regulación como algo demasiado invasivo para los ayuntamientos. Alcaldes de los dos grupos rechazan la normativa y han presionado para que sea modificada, ya que consideran que no refleja las diferentes realidades que hay en Cataluña. Pero la postura no es unánime ni siquiera dentro de los partidos: el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a diferencia de otros ediles socialistas de municipios más pequeños y más dependientes del turismo, apoya el decreto. La norma, en caso de aprobarse, supondrá el cierre de 28.000 apartamentos turísticos en 47 municipios al fijar un tope de 10 pisos por cada 100 habitantes. ERC, que defiende la regulación por el impacto que el alquiler turístico tiene sobre el acceso a la vivienda, solo cuenta con el apoyo de los comunes y la CUP. El PP y Vox ya han dicho que votarán en contra.

Cataluña se puede convertir en la primera comunidad que aplica una normativa a este tipo de pisos. Pese a que las competencias recaen en comunidades autónomas y ayuntamientos, el Gobierno central busca fórmulas que ayuden a regularlo y ha creado un grupo de trabajo entre el Ministerio de Industria y Turismo y el de Vivienda y Agenda Urbana. El decreto catalán, de momento, está en el aire y todo apunta a que ERC y el PSC negociarán hasta el final. Los socialistas son partidarios de que el texto conceda a los ayuntamientos la capacidad de ejecutar o no la norma. Ese complicado equilibrio responde a que no todos comparten criterio. Mientras unos lo rechazan, porque les tocaría cerrar miles de apartamentos turísticos vitales para su economía, otros, en cambio, como Collboni, ha anunciado su intención de “reducir muy significativamente” la oferta, sobre todo en las zonas más presionadas, como Ciutat Vella, si se acaba aprobando la nueva regulación.

En la capital catalana, además, una grieta legal ha supuesto un coladero de nuevas licencias y el Consistorio tendrá que autorizar casi 800 nuevos pisos, que se sumarán a los 9.600 existentes, una cifra que está congelada desde 2014. Collboni ha evitado posicionarse públicamente sobre si apoya o no el decreto, si bien fuentes del Ayuntamiento aseguran que se muestra partidario de reducir considerablemente el número de apartamentos en la ciudad, al tiempo que los consistorios deberían tener competencias en este tipo de normativas, informa Alfonso. L. Congostrina

Los socialistas reprochan que el decreto “se ha hecho sin diálogo ni consenso previo”, con una norma que no tiene en cuenta la realidad de cada municipio. Varios alcaldes de sus filas han puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de ver menguar uno de sus motores económicos, que impacta en el ocio, el comercio o la restauración. Fuentes del PSC aseguran que están a favor de una regulación, “pero haciéndolo bien y escuchando a todos los actores implicados, especialmente los municipios y teniendo en cuenta su realidad, no con una norma genérica que regula en base a imposiciones”. El PSC aspira a esa regulación a la carta y está a la expectativa de que ERC se comprometa por escrito. En ese caso, podrían votar a favor de la convalidación y de que el decreto se tramite después como proyecto de ley. La oposición ha aprobado 33 de los 34 decretos leyes que ha impulsado el Govern. Dos de ellos, el de la sequía y otro sobre la función pública, que fue de entrada desestimado, se han tramitado como proyectos de ley.

En Palafrugell, el alcalde, Juli Fernández, reconoce que en su municipio hay un problema con los pisos turísticos y que dos semanas antes dictó una moratoria de nuevas licencias, pero rechaza la fórmula del decreto: “No tienen consenso, es verdad que la oferta turística de vivienda afecta a los residentes, pero no es el único problema, la licencia no debe ser solo para cinco años y tendríamos que hacer un plan de ordenación urbanística municipal, como si no tuviéramos otra cosa que hacer”.

En Salou, el también socialista Pere Granados habla de “un ataque a la autonomía local, y no solo en la costa, también en municipios de montaña”. “El partido hará lo que crea, pero se le ha trasladado que el decreto supondría un problema”. En esta localidad de la Costa Dorada el decreto comportaría cerrar 6.600 pisos para turistas. Granados considera que el criterio debería ser el número de turistas, y no la población, y augura un alud de impugnaciones de los propietarios afectados. Cuando el Govern presentó su decreto, el alcalde socialista de Castell-Platja d’Aro, Maurici Jiménez, pidió también que cada ayuntamiento pueda adaptar el reglamento a su realidad.

En Junts, fuentes del partido enumeran los argumentos de su negativa a apoyar el decreto: no resuelve el problema de la vivienda en Cataluña, se pone en riesgo la actividad económica sin un análisis riguroso (no se ha tenido en cuenta al sector turístico), se vulnera la autonomía local para decidir el modelo de cada municipio y crea inseguridad jurídica. En este último punto, se cuestiona “la temporalidad y provisionalidad” en el ejercicio de una actividad económica, la libre competencia, se señala que se incluyan 260 municipios con realidades muy distintas en cuanto a los problemas de vivienda (de Begur a Barcelona). Junts defiende la regulación del sector, pero considera que “el decreto no es riguroso con los datos y no analiza la afectación sobre el acceso a la vivienda ni sobre la repercusión en el sector turístico y económico de los municipios”. “En definitiva, una nueva medida populista que no dará respuesta al problema de la vivienda”, zanjan las mismas fuentes.

En las filas de Junts, alcaldes como el de Port de la Selva, Josep Maria Cervera, aseguraban gráficamente tras la aprobación del Govern y ante una eventual aprobación del decreto: “Ya podemos cerrar el pueblo”. Su municipio tiene 1.000 habitantes y 500 pisos turísticos que deberían reducirse a 100. El de Pals, Carles Pi, consideraba que “se ha hecho pensando en Barcelona y con una decisión drástica que es una animalada hacerla extensiva, aquí recibimos todos”. En su caso, habría que dejar en 110 los 270 pisos turísticos.

Apartur augura “miles de recursos contenciosos” de propietarios

Mientras, las patronales Federatur (en el conjunto de Cataluña) y Apartur (en Barcelona) han tachado las palabras del alcalde Collboni de “turismofóbicas” y presionan a los actores implicados para que el decreto no se apruebe. En Barcelona, han escrito cartas a los responsables de ferias como el Mobile World Congress o el ISE, alertando del déficit de plazas para los congresistas que podría suponer el decreto y cifran en 50.000 las plazas que se perderían. Enrique Alcántara, presidente de Apartur, augura “miles de recursos contenciosos”, solo en Barcelona, si se aprueba el decreto por parte de propietarios reclamando indemnizaciones.

Según el texto, a los cinco años de su vigencia, todas las licencias de HUT (vivienda de uso turístico en sus siglas en catalán) decaerían y los propietarios tendrían que solicitar una nueva, con un proceso de concurso municipal, después de que cada ayuntamiento redacte un plan urbanístico detallando cuánta, cómo y dónde permite vivienda turística (con la ratio de 10 pisos por cada 100 habitantes). “¿Qué propietario invertirá en mejoras de sus apartamentos si sabe que la licencia tiene fin?”, se pregunta el presidente de Apartur, que alerta de que la calidad de la oferta podría verse afectada.

Alcántara también apunta que, al tratarse de un decreto de medidas urgentes, no se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sino ante el Tribunal Constitucional. El presidente de Apartur señala, además, que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha cuestionado la proporcionalidad del decreto y que las restricciones “no son idóneas o apropiadas para garantizar la consecución” del objetivo de mejorar el acceso a la vivienda. Otro debate jurídico es si las actuales licencias, son o no revocables sin indemnización, puesto que algunos expertos detallan que no son licencias (como podría ser las de un bar) sino autorizaciones administrativas (como un vado), con unos derechos adquiridos distintos.

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