Los alcaldes de la costa catalana se rebelan contra la limitación de pisos turísticos: “Ya podemos cerrar el pueblo”

Los alcaldes de municipios catalanes afectados por el cierre de hasta 28.000 pisos turísticos, si se aprueba la nueva regulación anunciada el martes por el Govern, criticaron este miércoles el decreto ley y alertaron de que se ha redactado sin contar con los Ayuntamientos y con un “café para todos”, sin tener en cuenta “la idiosincrasia de cada municipio”. Con colores políticos distintos, critican que se haya redactado una norma general (que fija un tope de 10 apartamentos por cada 100 habitantes), cuando entienden que el objetivo era regular el sector en Barcelona para frenar la sangría de viviendas para vecinos hacia la oferta turística. La mayoría quiere analizar la letra pequeña del texto y en ello han puesto a trabajar a sus servicios jurídicos. En algunos casos, como en el Port de la Selva, su alcalde, Josep Maria Cervera (Junts), cree que afectará gravemente a su economía basada en el turismo: “Ya podemos cerrar el pueblo”, lamenta.

El decreto ley, que debe ser ratificado en el Parlament y ERC solo tiene 33 de 135 diputados (necesita llegar a la mayoría de 68 votos con el apoyo de Junts, PSC, comunes o la CUP), fija dos cuestiones clave: que las licencias de pisos turísticos serán para cinco años (ahora son a perpetuidad) y una ratio máxima de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes, lo que obligaría a cerrar 28.000 en 47 municipios. El texto también obligaría a los municipios a redactar un plan urbanístico que contemplara la figura de la vivienda vacacional y deja en manos de los Ayuntamientos decidir cómo concede las licencias.

El Port de la Selva, un pueblo de 1.000 habitantes ubicado en el Cap de Creus, cuenta con unos 500 pisos turísticos y según la nueva regulación deberían quedar en 100. El alcalde, indignado, pregunta al Govern “cómo se puede subsistir en este rincón de mundo” y “en qué estudio se sustenta la regulación”. “¿Han hecho un estudio de viabilidad económica para el Port?”, se inquiere y añade: “Nos quejamos del café para todos que hace el Estado con Cataluña y aquí se hace lo mismo, han puesto en el mismo saco Barcelona que el Port de la Selva, le dan la misma medicina a todo el mundo, tenga la enfermedad que tenga”. Considera que el Govern debería facilitar herramientas a cada municipio para afrontar su problema de la mejor manera.

El alcalde del Port pregunta al Govern qué pasará con los 400 pisos que se queden sin licencia, “porque en el Port no hay centenares de familias con necesidad de vivienda, y el Ayuntamiento ya se encarga de hacer promociones de vivienda social”. Defiende la decisión de “ser un pueblo turístico que escogió el modelo de pisos turísticos y no de grandes hoteles, ni grandes bloques de pisos, la mayoría de viviendas de uso turístico (HUTs en sus siglas en catalán) son de familias del pueblo que tienen pisos y los alquilan, no los han robado”. Además, alerta de que muchos pertenecen a familias que complementan su jubilación con los ingresos que les proporcionan. En síntesis, Cervera confía en que no se ratifique en el Parlament.

Más al sur, en el Baix Empordà, habla Carles Pi (Junts x Pals –ERC), alcalde de Pals, que con 2.700 habitantes, tendrá que dejar en 270 las 1.100 licencias actuales. Conviene que el sector “debía regularizarse”, pero critica que “se ha hecho pensando en Barcelona y con una decisión drástica que es una animalada hacerla extensiva, aquí recibimos todos”. Como Cervera, critica que esta medida “afecta a muchos vecinos del municipio para los que estos pisos son una parte muy importante de su economía”.

Torroella de Montgrí-l’Estartit, con 12.500 habitantes en invierno y unos 60.000 en verano, tiene 2.531 viviendas de uso turístico que deberá reducir a a menos de la mitad, 1.250. Su alcalde, Jordi Colomí, se siente “contento y preocupado”. “Contento porque se da la posibilidad de revertir las políticas de vivienda de los últimos años; y preocupado sobre cómo hacerlo, porque se pueden generar injusticias”. También está molesto porque no se ha escuchado a los municipios. Valora que el texto busque conseguir vivienda permanente, pero avisa: “La problemática será como los municipios podemos tramitarlo”, dice. Espera que a parte de obligaciones también haya financiación y reprocha al Govern: “Cada vez nos hacen gestionar más servicios que antes hacía la Generalitat”.

El alcalde de Castell-Platja d’Aro, Maurici Jiménez (PSC), coincide en la necesidad de regular los pisos turísticos, pero también señala que “la realidad de cada municipio es muy diferente”. En su municipio tienen 2.900 pisos turísticos que de acuerdo al decreto ley deberían quedarse en 1.200 licencias. Pide al Govern que los consistorios puedan adaptar el reglamento a sus necesidades, ya que “es la administración que mejor conoce a las poblaciones”. Cree que una norma genérica “no es la solución”.

En la Costa Dorada, concretamente en Salou, Pere Granados (Sumem per Salou-PSC), que también ve un error no haber consultado a los alcaldes y que el Govern no asuma responsabilidades, apuesta porque “el decreto se impugnara jurídicamente y se declare nulo”. Para él, el criterio debería ser el número de turistas y no la población. Aquí, la previsión es cerrar más de la mitad de los más de 6.600 pisos para turistas. Granados cree que debe estudiarse en profundidad porque “anula unos derechos que se habían otorgado a los propietarios que tienen su licencia de por vida y esto ya será causa de impugnación”. “Hacer un decreto de esta manera porque hay un problema en Barcelona, no creo que esté bien enfocado”, afirma.

Impacto en la restauración, comercio y ocio

Desde la patronal, la presidenta de la Asociación Turística de Apartamentos (ATA) de Girona, Esther Torrent, califica el decreto de “muy negativo” teniendo en cuenta el peso que tienen el turismo en la economía gerundense, porque obligará a eliminar entre un 40% y un 60% de la oferta y comportará pérdidas de puestos de trabajo porque afectará a la restauración, comercios y actividades de ocio. También lamenta que “se ha hecho sin contar con el sector y sin un estudio riguroso que demuestre como afectan al parque de vivienda”. Torrent cree que se trata de “un decreto de cara a la galería porque no se han hecho los deberes en vivienda social”. “Si lo que se pretende es buscar una solución a la emergencia habitacional en Cataluña, ¿por qué sólo se mira a los HUTs que son sólo un 2%, y no a los pisos vacíos que representan un 10%, alquileres de temporada o despachos y gabinetes médicos en desuso?” se pregunta. Además, advierte de que el resultado de la norma será que “gran parte volverán a la opacidad, y los que hacen la actividad ilegalmente lo seguirán haciendo, porque la inspección no es eficaz”.

El profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona y experto en el sector inmobiliario, Gonzalo Bernardos, ha asegurado durante la presentación del informe de la compañía Forcadell que la regulación anunciada “estrangulará” el turismo en Cataluña. En las localidades de costa de Girona y Tarragona, ha asegurado, limitar el número de viviendas turísticas “gripará el principal motor económico y creará problemas en la restauración y el comercio, hasta el punto de que puede destruir empleo”. “Los alcaldes se rebelarán”, ha vaticinado sobre municipios que dependen del turismo familiar que se aloja en apartamentos turísticos.

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