Barcelona tendrá que autorizar casi 900 pisos turísticos por una grieta legal

La apertura de nuevos pisos turísticos está congelada en Barcelona desde 2014, cuando el entonces alcalde Xavier Trias (CiU), cerró el grifo a nuevas licencias y la cifra se quedó en 9.600. Su sucesora, Ada Colau, mantuvo el freno y aprobó un plan de alojamientos turísticos, el PEUAT, en 2017, que fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2019. La sentencia no era firme y el Ayuntamiento recurrió, pero hasta que tuvo aprobada una segunda versión del plan pasaron unos meses en que numerosos propietarios presentaron nuevas solicitudes. El consistorio denegó las licencias pero varias sentencias sucesivas han obligado a concederlas.

En total, se han autorizado 615 pisos turísticos, que han tenido que ser dados de alta, ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado este diario. Y hay 271 casos más pendientes, lo que podría elevar la cifra hasta 886, casi 900 pisos. Si acabaran siendo legales, sería un 10% de la planta de apartamentos turísticos legales existentes. Entre estos figuran los de la calle de Tarragona, en un edificio cuyos propietarios solicitaron licencias para 120 viviendas, algunas de ellas todavía con inquilinos y otras ya habilitados para turistas. Entonces, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, de los comunes, aseguró que no había más casos.

Son cifras que se conocen justo cuando el Govern quiere aprobar un decreto para reducir los pisos turísticos en toda Cataluña y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya ha expresado la voluntad de su ejecutivo de reducir “significativamente” la cifra. “El censo vigente de viviendas de uso turístico (HUT en sus siglas en catalán) es a día de hoy de 9.804. Teniendo en cuenta los 615 autorizados y los 271 casos potenciales, el censo podría ascender hasta 10.075 pisos turísticos”, admiten fuentes municipales.

Las mismas fuentes aseguran que la prioridad del ejecutivo municial es “garantizar que las viviendas sirven para vivir”. “En un contexto como el actual, no podemos permitirnos que las viviendas de uso habitual se dediquen a la actividad turística y debemos desplegar todas las herramientas necesarias para regular y restringir esta actividad. Hoy en día disponemos del PEUAT, una herramienta muy útil que nos permite ejercer un control proactivo y constante para luchar contra la actividad ilegal de las viviendas de uso turístico. Pero necesitamos más herramientas, porque hoy en día y con la situación de emergencia habitacional que vivimos, Barcelona no puede permitirse tener 10.000 pisos turísticos”, apuntan las mismas fuentes.

Desde la oposición, Junts y ERC han arremetido contra la gestión del plan de alojamientos turísticos durante los dos mandatos de Colau en el Gobierno, el segundo con el PSC. El concejal de Junts Joan Rodríguez ha sostenido que la incorporación de nuevos pisos turísticos por la anulación del PEUAT de 2019 es un caso “de mala gestión, de ineptitud”. En declaraciones a la prensa este viernes, ha recordado que votaron en contra del plan: “Decíamos que no estaba bien hecho y el tiempo, para mala suerte de la ciudad, nos ha dado la razón”. La portavoz de ERC en el consistorio, Elisenda Alamany, ha tachado de “chapuza del gobierno Colau-Collboni” que se hayan autorizado nuevos pisos turísticos por vía judicial después que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulara el plan. En declaraciones a periodistas este viernes, Alamany ha sostenido que es un caso más de “mala gestión”, como --según ella-- la revocada restricción horaria a las terrazas de Ciutat Vella; y ha pedido que el consistorio se implique en la convalidación del decreto de viviendas de usos turístico de la Generalitat.

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