Una inmobiliaria podrá transformar 120 pisos de alquiler de Barcelona en apartamentos turísticos por un defecto legal

A solo un mes para las elecciones, el Gobierno municipal de Ada Colau ha recibido un nuevo varapalo judicial en su lucha contra los pisos turísticos. Un juez ha ordenado al Ayuntamiento de Barcelona admitir 120 licencias de pisos turísticos pese a que en 2018 se aprobó el plan urbanístico de alojamientos turísticos (el PEUAT) que —en principio— impedía abrir nuevos apartamentos. Todas esas licencias se encuentran en la finca con el número 84-92 de la calle Tarragona, un edificio faraónico construido hace más de medio siglo. La propiedad del edificio es de Inmobiliaria Gallardo y en los pisos —situados a pocos metros de la estación de Sants y de la plaza de Espanya— viven 20 inquilinos de renta antigua, hay 30 pisos vacíos preparados para acoger turistas a partir de mayo y 70 de vecinos que denuncian que la inmobiliaria les está haciendo la vida imposible con obras continuas y revisiones de contratos. Estos últimos acusan a la propiedad de intentar expulsarlos del edificio para poner los pisos en el mercado turístico y empezar a cobrar hasta 400 euros por una reserva de una noche.

La decisión judicial, adelantada por Rac1 y El Periódico, se basa en la estratégica jugada que hicieron los propietarios del inmueble. Inmobiliaria Gallardo presentó la petición de licencia en septiembre de 2019, cuando el Tribunal Superior de Justicia anuló, por un defecto legal, el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). En ese momento la propiedad solicitó las licencias para convertir en apartamentos turísticos los 120 pisos del edificio. El Ayuntamiento denegó las licencias y la inmobiliaria pidió auxilio a la justicia. Un juez le ha dado la razón a la propiedad atendiendo a que cuando las solicitaron, el PEUAT no estaba vigente. Con la sentencia en la mano, la inmobiliaria ha comenzado a adaptar los pisos que quedan vacíos para los próximos inquilinos: turistas.

María, nombre ficticio porque teme represalias, alquiló su piso hace 13 años. “En octubre de 2022 recibí un burofax. Cuando la cartera me lo dio, me dijo que traía varios para otros vecinos. Me informaban de que no me iban a renovar el contrato. Consulté a los abogados del Ayuntamiento y me dijeron que lo que estaban haciendo los propietarios era legal”, recuerda María. El 30 de diciembre se fue de su casa. Pagaba cerca de 1.000 euros de mensualidad por un piso de tres habitaciones y dos baños en una macrofinca con servicio de portería. Hoy su vivienda ha sido parcialmente reformada y recibirá los primeros turistas en unas semanas.

José García alquiló su piso hace un año y firmó un contrato por siete. Paga 990 euros por un piso similar al de María. “Llevaba seis años viniendo a esta finca porque tenía amigos. Uno vivía enfrente mío y ya no le han renovado. Ahora vivir aquí es una tortura. Está todo en obras. Es vivir entre polvo. Además, dejaremos de tener vecinos para vivir en un hotel”, lamenta.

Hace justo un año Mar Tudela renovó el contrato de alquiler. “Fui de las últimas en firmar. Nos están intentando echar, pero estaré aquí hasta el último momento. Eso sí, es horrible soportar este ruido y polvo”, denuncia.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, explica que cuando la inmobiliaria pidió la licencia de apartamento turístico, “la sentencia no era firme porque se había recurrido”. Sanz ha lamentado que el juez haya “forzado” al Consistorio a admitir las licencias y ha anunciado que pedirá una reunión a la Generalitat para plantear la posibilidad de revocarlas: “No puede ser que una licencia de piso turístico perdure para toda la vida y no haya capacidades normativas de retirarlas”.

Hug Camp, de la red de vivienda de la izquierda del Eixample, denuncia que, al final, se ha constatado que “el Ayuntamiento no tiene herramientas para luchar contra el fenómeno de los pisos turísticos”. Un portavoz de Inmobiliaria Gallardo ha asegurado a EL PAÍS que las licencias de pisos turísticos han sido concedidas gracias a las sentencias judiciales y, ha negado, que estén expulsando al resto de los vecinos que todavía tienen el contrato en vigor.

Consuelo Gracia y Luis Martín son madre e hijo. “Me fui en 2017 y llevaba 50 años en este piso. Nos hemos acercado hoy y estamos recordando a los vecinos que ya no están. Es una pena porque al final se va a convertir en un hotel”, lamenta Gracia.

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