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El Gobierno catalán, forzado a rebajar su plan para cerrar miles de pisos turísticos por falta de apoyos

El PSC logra que se suprima el tope de 10 apartamentos por cada 100 habitantes en el futuro proyecto de ley

Pisos turisticos
Un bloque de 120 viviendas en la calle Tarragona, en Barcelona.Carles Ribas
Àngels Piñol

Duro correctivo al plan del Gobierno catalán que pretendía regular el mercado de pisos turísticos y cerrar hasta 28.000 alojamientos de este tipo. El Govern de Pere Aragonès se ha visto obligado a esta mañana a flexibilizar su plan ante la falta de apoyos parlamentarios. El PSC ha forzado a ERC a alcanzar un acuerdo de última hora que modifica sustancialmente la previsión del Ejecutivo y elimina, por ejemplo, fijar un tope de 10 pisos turísticos cada 100 habitantes. Con una frágil mayoría de 33 diputados sobre 135, el Govern ha firmado por escrito un acuerdo con los socialistas para aceptar las nuevas condiciones. El decreto original se ha convalidado este miércoles como primer paso ―no se podían aplicar las modificaciones con antelación― y se ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley y aprobarlo en el Pleno del 31 de marzo. Los comunes y la CUP creen que se ha desnaturalizado.

La realidad es que el primer intento en España de regular el sector gigante de los apartamentos turísticos ha quedado fuertemente condicionado. Con una negociación in extremis, cerrada poco antes del debate, el acuerdo se sustenta en cinco puntos. El documento arranca con el compromiso de los socialistas de validar el decreto a cambio de pactar un paquete de enmiendas en la futura ley. El texto pactado y que se tramitará en el Parlament rebaja las expectativas iniciales del Govern. El decreto plantea que sean 262 municipios los que tendrán que cumplir la norma pero el pacto con los socialistas reduce la cifra a 140, donde reside el 80% de la población, que son los los calificados como “mercado tenso”, según la Ley de Vivienda. La duración de la licencia será de cinco años y se prorrogará automáticamente, a propuesta del PSC, si el planeamiento urbanístico de cada Ayuntamiento lo permite. Hasta ahora, bastaba con solicitar un número de registro de vivienda de uso turístico (HUT en sus siglas en catalán) y, por un importe de 300 euros, el permiso era ya definitivo.

Tras las presiones de numerosos alcaldes, contrarios al decreto, el pacto final suprime la medida estrella de imponer una ratio de 10 pisos por cada 100 habitantes y será al final cada Ayuntamiento el que ponga un umbral de acuerdo “a su propia realidad”. Los Consistorios que no estén obligados a someterse a la ley ―es decir, todos los municipios menos esos 140― podrán regular el sector sin necesidad de modificar el Plan General Urbanístico. En cambio, todos los pisos turísticos de los 140 municipios tendrán que pedir una licencia y si no la logran gozarán de un periodo de cinco años como compensación. El documento prevé el compromiso del Ejecutivo para ayudar a los municipios afectados, que los Consistorios puedan beneficiarse de la tasa turística como Barcelona y el calendario final para la aprobación. Aragonès ha afirmado antes del debate su deseo de que pese a los cambios se mantenga el objetivo de “poner freno al desmesurado crecimiento que pone dificultad a la vivienda”.

El president Pere Aragonès, en un momento de la sesión de control.
El president Pere Aragonès, en un momento de la sesión de control. Quique García (EFE)

Los socialistas eran partidarios de la regulación respetando la particularidad de cada municipio. El caso más elocuente es el de Barcelona. Su alcalde, Jaume Collboni, ha celebrado que se haya convalidado el decreto. “Es un éxito para Barcelona disponer de una regulación como esta. Barcelona, ha recalcado, “no se puede permitir tener más de 10.000 viviendas dedicadas a ningún otro uso que no sea la vivienda”. El edil socialista ha celebrado que se haya garantizado la autonomía municipal para fijar los topes y que en el caso de Barcelona se hará a través de Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos”, ha recordado Collboni. La realidad es que el PSC ha tenido que hacer equilibrios para contentar a alcaldes partidarios del decreto, como Barcelona, o los turísticos y de la costa contrarios, como por ejemplo los de Salou o de Palafrugell. “Hay realidades muy diferentes. Los municipios de los Pirineos no se pueden ser tratados igual que Barcelona”, ha afirmado Òscar Ordeig, diputado socialista.

El pacto ha dejado en evidencia en cualquier caso la posición de máxima fragilidad y la preeminencia de los socialistas. Los dos grupos suman 66 diputados por lo que les faltan dos votos para que se apruebe. La consejera de Territorio, Ester Capella, ha admitido que los cambios no son del agrado del Govern y ha advertido que trabajarán para devolver al texto al lugar “de donde no debería haber salido”. Con vehemencia, Capella ha defendido que el Govern solo se ha centrado en cumplir lo que establece la ley del suelo para garantizar suelo destinado a la vivienda residencial y permanente. “La barra libre a costa de nuestros barrios y ciudades se ha acabado”, ha avisado. Según sus datos, desde 2015 en Cataluña se ha pasado sin control alguno de 47.000 pisos turísticos a 100.000 y de 260.000 a 530.000 plazas turísticas desencadenando el aumento del precio de del alquiler aumente un 43% en el conjunto de Cataluña y un 62% en Barcelona. “Díganme si es asumible. Hay que sacar a la vivienda de la lógica del mercado. Se ha pervertido el uso de los pisos para especular”, ha avisado acusando a Junts de alinearse con la bancada de la derecha.

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Pese a los cambios tan sustanciales, Junts, visiblemente molesto, ha votado en contra del decreto y ha anunciado que presentará un texto alternativo. “Los socialistas les han vuelto a salvar”, ha afirmado el diputado Joan Canadell .“Es la moratoria que le conviene a Barcelona. Impulsaremos un texto alternativo”, ha anunciado. La CUP y los comunes se han mostrado fieles al texto original y han rechazado tramitar uno nuevo. La anticapitalista Montserrat Vinyets ha sostenido que el decreto supone liberalizar por completo el sector y que ha incumplido su objetivo final del decreto, que era el de luchar contra la escasez de la vivienda en Cataluña. Los comunes han recordado que siempre se han opuesto que hubiera “barra libre” en el sector. “Voy a desmontar un mito: con este decreto no van a desaparecer miles de pisos turísticos”, ha remarcado la diputada Susanna Segovia, que se ha felicitado de que se vaya a acabar con licencias casi “feudales” al ser casi “perpetuas”.

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