Los europeos ya pueden viajar con sus películas

La Unión Europea elimina otra barrera molesta para los consumidores. En junio pasado, el fin del roaming abarataba las llamadas de un país a otro del bloque para ponerlas al mismo precio que las domésticas. A partir de este domingo 1 de abril llega el turno de los contenidos culturales y de entretenimiento online: los ciudadanos podrán usar en sus viajes por los Veintiocho sus suscripciones a plataformas de series y películas, deportes, música, videojuegos y libros digitales como si estuvieran en su propio país. Sin muros geográficos, cargos extra, ni cambios en la oferta de entretenimiento disponible online o por descarga.

Los ejemplos de la aplicación práctica de la norma son variados: un usuario de Netflix España de vacaciones en Francia tendrá acceso al catálogo español, mientras que hasta ahora su cuenta mutaba automáticamente a su página francesa, con menos oferta en el idioma habitual del consumidor; un suscriptor de HBO no sufrirá el mensaje de disculpas que aparecía hasta ahora al entrar desde un territorio donde no esté disponible. Tampoco habrá impedimentos para usar Movistar+. Lo mismo en toda la UE: un alemán que viaje a España por negocios podrá ver en su cuenta de Sky Sports la Bundesliga o en Eurosport otros deportes. Esa lógica funcionará para Spotify o Deezer en el ámbito musical —aunque estas tienen pocas restricciones—, o para Amazon Prime en películas y series.

"Hay que estar contentos con la portabilidad, esto es el futuro", asegura Juan Carlos Tous. El CEO y socio fundador de la plataforma de cine independiente Filmin explica que la aplicación de la medida es técnicamente "fácil": a los portales les bastará con eliminar el geobloqueo en el resto de la UE, ahora mismo activo para sus suscriptores.

Eso sí, la progresiva apertura de las instituciones europeas hacia un mercado único digital deja más interrogantes a Tous y preocupa a parte de la industria cinematográfica. Su temor, más que la portabilidad, es el fin de las fronteras online en el continente. "Hay que distinguir claramente entre portabilidad durante un viaje de los servicios suscritos y acceso sin fronteras. La primera preserva la territorialidad de los derechos, el segundo tiene consecuencias negativas para la capacidad de productores y distribuidores de financiar y difundir películas y series europeas; supondrá menos diversidad cultural en los contenidos y servicios ofrecidos y menos puestos de trabajo en nuestro sector", defiende Benoît Ginisty, directivo de la Federación Internacional de las Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF).

La financiación del cine europeo depende entre un 37 y un 60% según distintos estudios, de la venta territorio a territorio. Actualmente, un productor calcula los porcentajes del coste del filme que va a recuperar gracias a la concesión de la licencia en cada país, a la vez que el distribuidor que adquiere el derecho a nivel nacional conoce su área y cómo explotarla. "La territorialidad es uno de los pilares clave para que cine y televisión continúen ofreciendo una amplia variedad de obras audiovisuales españolas, para que las producciones europeas se estrenen en España en versión doblada y con subtítulos  y, más importante aún, con el suficiente respaldo de promoción para que sean conocidas en el país", agrega Ginisty.

Con un mercado único, en cambio, un solo operador compraría un filme para todo el continente, y los productores sostienen que perderían dinero y poder de negociación. Calculan que desaparecerían hasta 8.200 millones de euros, se reducirían los contenidos en televisión un 48% y se haría un 37% menos de películas, según un informe que la consultora Oxera presentó en la edición 2016 del festival de Cannes.

Pero, en un momento en que capitales, bienes, servicios y personas se mueven sin obstáculos por el continente, la UE está decidida a dar un empujón a la libre circulación de contenidos. Las instituciones buscan acabar con la sensación de injusticia que acompaña a los ciudadanos al moverse por el espacio comunitario sin poder utilizar servicios que han contratado en su país de residencia previo pago. "Uno de cada cinco europeos pasa al menos diez días al año en otro país de la UE y a muchos les gustaría tener acceso a los contenidos digitales que han adquirido legalmente", defiende Andrus Ansip, vicepresidente responsable de la cartera de Mercado Único Digital.

Las nuevas reglas, aptas para ordenadores, tabletas y móviles, obligan a los proveedores de pago a asegurar la portabilidad transfronteriza a todo aquel que se desplace de un punto a otro de la UE por un periodo limitado de tiempo, ya sea por turismo, ocio, estudios o negocios. No así a los que establezcan su residencia en otro estado, que una vez sean detectados no podrán acceder a esos contenidos. El reglamento no concreta cuánto tiempo entra en esa categoría de "limitado", y deja en manos de las empresas averiguar el lugar de residencia real del cliente. Para ello podrán analizar los datos de pago, el domicilio facilitado por el usuario, o en caso de duda, la información más fiable: la dirección IP desde la que se conecta. En medio de la sensibilización global por el escándalo Cambridge Analytica, la UE ha insistido a las compañías en que deben ser extremadamente cuidadosas al menejar datos personales, protegidos por ley.

Mismo contenido, mismo precio, mismo número de dispositivos en que usarlos. La UE es clara en la formulación de la norma. Los tiempos en que los europeos cuando viajaban no podían acceder online a servicios por los que han pagado en su país llegarán así a su fin. Y una puerta se abre a que lo mismo suceda con los contenidos gratuitos, por ejemplo de cadenas públicas de televisión, aunque en su caso no hay obligación: pueden elegir sumarse a las reglas voluntariamente siempre que cumplan los requisitos sobre la comprobación del Estado miembro de residencia de sus abonados. De lo contrario, un espectador podría ver de forma perenne en televisiones de otro país contenidos por los que las operadoras audiovisuales del lugar en el que vive han pagado derechos.

Bruselas proporciona una riada de datos para justificar lo oportuno de la medida: el 30% de los europeos que ve películas, series y otros vídeos online paga una suscripción o los alquila por separado. La tendencia indica un claro cambio en la forma en que los ciudadanos se relacionan con lo audiovisual. El gasto en estos contenidos ha conocido un crecimiento espectacular: según la Comisión Europea ha subido un 113% anual entre 2010 y 2014.

Cifras parecidas ofrece el Observatorio Audiovisual Europeo: la recaudación de las plataformas de suscripción a contenidos en streaming aumentó un 128%, hasta 2.500 millones de euros, entre 2011 y 2016. Por comparar, ese año las salas ingresaron 7.044 millones. El mismo organismo calcula que los abonados fueron creciendo a un ritmo medio anual del 55%, hasta 38,7 millones de personas en los Ventisiete. Y España está muy por encima de la media europea: en 2016 hubo un 141% más de suscriptores respecto al año anterior, también gracias a la llegada al país de Netflix, justo a finales de 2015.    

El coloso estadounidense ha sido uno de los paradigmas del crecimiento global del sector del pago por películas y series, con un valor en Bolsa de más de 100.000 millones de euros. Yann Lafargue, directivo de la compañía, afirma a este diario: "Desde el 1 de abril los suscriptores de la UE que visiten otro país comunitario tendrán disponible con ellos su catálogo de origen por un periodo limitado de tiempo". Dicho de otro modo, cuando un europeo suba a un tren o un avión, sus películas también se irán de viaje.