El Gobierno rebaja su ambición de litigio con Colombia por el ‘San José’

El gobierno español no duda de la legitimidad de su reclamación sobre el galeón San José, hallado por el Colombia en aguas de Cartagena de Indias, pero admite que litigar para hacerla valer es emprender un camino largo y costoso de resultado incierto.

Para empezar, no está claro cuál sería el foro ante el que plantear la demanda, ya que Bogotá rechazó en 2012 la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya después de que esta emitiera un fallo que no gustó a Colombia en su litigio fronterizo con Nicaragua. Incluso para pleitear sería más fácil si ambas partes se pusieran de acuerdo en designar al árbitro.

En estas condiciones, aunque no renuncia a sus derechos, España confía en llegar a una solución amistosa sin necesidad de recurrir a instancias judiciales. Sin embargo, la actitud que han mantenido hasta ahora las autoridades de Bogotá no presagia nada bueno. El presidente Juan Manuel Santos estuvo el pasado día 2 por Madrid, donde se elogió al presidente Mariano Rajoy —por impulsar la exención del visado Schengen de corta duración para los colombianos—, pero no dijo una palabra del hallazgo del San José que, según reveló luego fue detectado el 27 de noviembre.

El Gobierno español quiere llegar a un “acuerdo amistoso” con el colombiano en torno al destino del San José. El navío, supuestamente, estaba cargado con 200 toneladas de monedas de oro y plata y piedras preciosas hundido en 1708 por el ataque de ingleses frente a Cartagena de Indias.

El hallazgo del pecio, anunciado por el presidente colombiano ha enturbiado las hasta ahora magníficas relaciones bilaterales. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, tiene previsto abordar hoy este contencioso con su homóloga colombiana María Ángela Holguín, con quien coincidirá en la conferencia de cancilleres iberoamericanos que se celebra precisamente en Cartagena de Indias. Margallo defenderá que el San José era “un buque de guerra hundido en misión oficial”, por lo que goza de “inmunidad soberana”, de acuerdo con el derecho internacional.

España apoya su reclamación, entre otras bases jurídicas, en la convención de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) sobre Protección de Patrimonio Cultural Subacuático de 2001. El problema es que Colombia no ha ratificado dicha convención (España lo hizo en 2005) y, por el contrario, aprobó en 2013 la Ley 1675 de protección de patrimonio sumergido. Con ella, se blindaba ante posibles reclamaciones internacionales.

¿Tesoro o patrimonio?

Según fuentes diplomáticas españolas, hay varios temas que deberían ser suficientes para convencer a Santos de la conveniencia de preservar las buenas relaciones con España. La exención de visados no es la única. España apoya el ingreso de Colombia en la OCDE; ha promovido la creación de un fondo fiduciario para financiar la etapa posconflicto en Colombia; abandera una misión de la UE que controle el desminado, el desarme y la desmovilización de la guerrilla; y promueve una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que blinde el acuerdo con las FARC frente a la Corte Penal Internacional.

Pero lo que más preocupa es que Colombia haya podido llegar a algún pacto con una empresa cazatesoros para que se quede con parte de la carga —que algunos expertos valoran en unos 5.000 millones de dólares—, lo que la ley colombiana de 2013 permite, pero prohíbe la convención de la UNESCO. En ese caso, España haría valer que el San José es un “cementerio marino” donde reposan los restos de sus 600 tripulantes.

Si se admite, subrayan las mismas fuentes, que el galeón “no es un tesoro, sino un patrimonio cultural”, de valor histórico y no monetario, los dos países podrían llegar a un acuerdo para recuperarlo y conservarlo conjuntamente, quizá en la propia Cartagena de Indias.

Para facilitar el acuerdo, la entrevista de hoy se ha visto precedida por conversaciones telefónicas entre Margallo y Holguín, y entre la ministra colombiana de Cultura, Mariana Garcés, y el secretario de Estado español, José María Lasalle.