La ley de los secretos para siempre

Los historiadores británicos pueden hurgar en los papeles más escondidos de la guerra de las Malvinas (1982) —acaban de salir a la luz los documentos privados que Margaret Thatcher conservó y que prueban las disensiones en el seno de los conservadores— pero los españoles no pueden ni echar un ojo a documentos de guerras bastantes anteriores, como la de Ifni (1957-58) o el conflicto civil de 1936-39, que se custodian en archivos militares y que en su día fueron clasificados por tratarse de información sensible.

La anterior ministra de Defensa, Carme Chacón, trató de remediar en parte esta opacidad al proponer la desclasificación de 10.000 documentos, relativos a episodios comprendidos entre 1936 y 1968, que ya no representaban riesgo alguno para la seguridad del Estado. Los papeles se referían a aspectos como los campos de concentración y batallones de trabajo creados por el régimen franquista al inicio de la posguerra, la política del Protectorado español en Marruecos, proyectos para la construcción de armamento anteriores a 1968, la organización de unidades militares durante la Guerra Civil, operaciones en Sidi Ifni, dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en puertos españoles o planes de fortificaciones en Baleares y Ceuta, entre otros.

Su iniciativa no llegó a buen puerto ya que las elecciones generales frustraron que el asunto llegase al Consejo de Ministros, si bien el procedimiento quedó listo, según fuentes del anterior equipo de Defensa. “El trabajo interno se dejó hecho”, indicaron, antes de achacar a una cuestión de “calendario” la paralización de la medida.

El tímido afán de transparencia histórica se aguó en la actual legislatura. “El nuevo ministro entrante, Pedro Morenés, no necesitó mucho tiempo para decidir que, si el PSOE no había considerado oportuno desclasificarlos, no sería él quien decidiera hacerlo”, señala Francisco Espinosa, uno de los tres historiadores, junto a Mirta Núñez Díaz-Balart y Manuel Álvaro Núñez, que solicitaron a Defensa el acceso a toda la información en junio de 2012. No estaban solos, respaldaban su petición un centenar de historiadores y juristas, incluidos Paul Preston, Josep Fontana, Ángel Viñas, Carlos Jiménez Villarejo, Matilde Eiroa, Ricardo Robledo o Ana Martínez Rus.

El intercambio burocrático entre Defensa y los historiadores, asesorados por Eva Moraga, abogada experta en acceso a la documentación pública, concluyó finalmente a comienzos de este año con un acuerdo de la Secretaría General Técnica de Defensa, que inadmitía el recurso de alzada de los historiadores Espinosa, Núñez y Álvaro al considerar que se dirigía contra un escrito que no era objeto de impugnación. Con él se cierra, al menos de momento, la posibilidad de que los historiadores puedan acceder a toda esa documentación para sus proyectos de investigación sobre el siglo XX español. Solo cabría un recurso contencioso-administrativo, que no está claro que vaya a ser interpuesto de momento. “Tendremos que reunirnos y ver qué se puede hacer a partir de ahora porque es increíble que existan reparos para que podamos investigar en determinadas áreas”, señala Mirta Núñez, directora de la cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense. La negativa del actual equipo de Defensa a liberar del apartado de material secreto a esos 10.000 documentos se trasluce del texto en el que rechazaron el recurso de alzada.

Por un lado afirman que no existió tal informe a favor de la desclasificación de la etapa de Carme Chacón: “No existía ninguna exteriorización formalizada por parte de los sucesivos responsables del Ministerio de propuesta, informe o resolución encaminada a someter al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos relativos al periodo indicado”. En síntesis: no existió ningún escrito, aunque este periódico se hizo eco en diciembre de 2011 de la decisión de Defensa.

Por otro lado, recuerdan que se trata de material clasificado “al que no afectaban los tiempos establecidos en la ley reguladora del Patrimonio Histórico Español” (50 años tras el acontecimiento). La Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, tiene un efecto anómalo en comparación con otras democracias occidentales: el cerrojazo sobre un documento es para siempre salvo que se ordene desclasificar el documento por el Gobierno (o, según la ley, la Junta de Jefes de Estado Mayor, órgano que ya ni siquiera existe). Los historiadores contemporáneos tienen pues un limitado campo de actuación para desarrollar su trabajo, ya que sus búsquedas de información se detienen siempre ante el muro del secreto oficial. En la práctica, el acceso a la documentación reservada de los archivos militares depende a menudo de la arbitrariedad de sus responsables.

La abogada Eva Moraga considera que la ley debería establecer el tiempo máximo de la clasificación de un documento. “No puede ser que sea perenne y si el Gobierno de turno no decide desclasificarlo, nunca podrá salir a la luz”, señala. La segunda puntualización legal que debería introducirse, en su opinión, afectaría a los documentos con su condición de reservados en vigor. “Aún siendo clasificados deberían ser de acceso en caso de que exista un interés público mayor para difundirlos”, añade.

La posición de Defensa, con independencia del color del ministro de turno, suele ser “opaca”, según la abogada. “Consideran que las peticiones afectan al ministerio y, por lo tanto, a la seguridad nacional”, añade. O a las relaciones internacionales. Algo que en EE UU debe preocupar menos porque la desclasificación de documentos puede sacar a la luz información tan comprometida para su política internacional como fue la difusión del activo apoyo de Richard Nixon y Henry Kissinger para derrocar al chileno Salvador Allende en 1973.