La codicia corroe Pompeya

No solo los siglos corroen los restos de Pompeya. También les compromete la codicia. Una nueva tormenta humilla la antigua ciudad romana, sepultada por la erupción del volcán Vesuvio en el año 79, hoy parque arqueológico y patrimonio de la humanidad. No se trata de nuevos derrumbes, sino de una investigación judicial que saca a luz una red de corrupción en las obras de restauración llevadas a cabo entre 2008 y 2010.

Los investigadores consideran que el gestor del parque, Marcello Fiori, y el director de restauración en aquel momento, Luigi D’Amora, concedieron contratos irregulares a la empresa de servicios Caccavo y pagaron precios inflados por su labor. Cinco personas están involucradas y la responsable de la empresa ya está bajo arresto domiciliario, a la espera del juicio.

El 4 de julio de 2008, el Gobierno de Silvio Berlusconi declaró el estado de emergencia en el área, después de que arqueólogos e historiadores del arte se quejaran del deficiente mantenimiento de las ruinas, apuntando a una mala gestión y a falta de inversión. El primer ministro firmó un decreto que le otorgó poderes extraordinarios a un comisario. Marcello Fiori empezó a encargar obras para paliar la degradación: con la carta blanca del Ejecutivo en el bolsillo, no estaba obligado a convocar un concurso público por cada intervención, sino que para acortar los plazos, podía indicar directamente la sociedad que considerase adecuada. Si por un lado se saltaban las mil y una trabas de la burocracia, por el otro se creó una zona opaca. “En años de investigación, hemos reconstruido anomalías en los encargos de aquella época”, resume Carmine Virno, coronel de la Guardia di Finanza (policía fiscal) de Torre Annunziata, quien especifica que la investigación sigue abierta y podría dar “ulteriores resultados”. De momento, la lupa de la Policía se ha centrado “en la restauración y equipamiento escénico del Teatro Grande Odeion y del cuadripórtico de los Gladiadores, encargados a Coccavo con un coste de ocho millones”, se lee en el comunicado. Fiori está investigado por abuso de su cargo; D’Amora por abuso de su cargo y fraude; Annamaria Caccavo, responsable legal de la empresa, está acusada de soborno y estafa al Estado. Por esa razón, sus bienes fueron incautados. Tres ingenieros que firmaron certificaciones quedan suspendidos de los cargos públicos.

Según los investigadores, no solo resulta ilícito el trámite de asignación de las obras. Caccavo también ejecutó mal su labor: “Inflaban los precios y compraban material de escasa calidad”, concreta Virno. “Montaron generadores de electricidad y centralitas eléctricas de marcas malas, para ahorrar. Cuando compraron 2000 cojines para que la gente no se sentara directamente en la piedra en el Teatro Grande, pagaron siete euros por cada uno, pero en las cuentas que pasaron a la Superintendencia pusieron 25”. Se quedaron con 36.000 euros.

“Esta investigación deja claro cuál es el verdadero problema de este sitio”, se desahoga Daniela Leone, jefa de prensa de la Superintendencia de Nápoles y Pompeya. “No es que no tengamos dinero. Es que no sabemos cómo gestionarlo. Cómo gastarlo de forma responsable y eficaz”.