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Rivas se ofrece para albergar el memorial de La Almudena

El abogado Eduardo Ranz denuncia al Ayuntamiento de Madrid por retirar las placas de las víctimas franquistas

rivas vaciamadrid
Miembros de colectivos memorialistas protestan a las puertas del Ayuntamiento.

La localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid se ha prestado este martes a albergar el memorial de los fusilados por el franquismo en la capital entre 1939 y 1944. Lo hace un día después de que el Ayuntamiento de Madrid haya retirado las placas con los nombres de las víctimas que formaban parte de la estructura, ubicada en el cementerio de La Almudena. El ofrecimiento se ha producido a través de una carta que ha enviado el alcalde, Pedro del Cura, a su homólogo en la capital. La decisión de retirar las láminas se ha abordado en un tenso pleno municipal, en el que ha comparecido el concejal encargado de Memoria, Borja Fanjul. Fuera, miembros de colectivos memorialistas han instado a acabar el monumento. Entre ellos se encontraba el abogado Eduardo Ranz, que ha denunciado al Consistorio por un delito de prevaricación.

“Sabemos que el lugar de esas placas es el cementerio de La Almudena, no debe ser otro. Allí deben volver. Pero, en nombre de nuestro compromiso con la memoria democrática, Rivas se ofrece a atesorar en nuestro municipio esa nómina de dignidad”, reza la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En ella, Del Cura, de IU, explica a José Luis Martínez-Almeida, del PP, que su municipio, al sureste de la región, presentó en enero una querella por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista gracias al testimonio de los vecinos. Y añade: “Nos importa la memoria y la verdad porque ambas representan la principal garantía de reparación de las víctimas”.

Del Cura reconoce que la retirada de las placas le ha preocupado. En su opinión, “el desmantelamiento de ese memorial contribuye a invisibilizar el rastro de aquel horror y lastra la oportunidad de otorgar reparación y justicia a quien sufrió, durante décadas, la opresión y la muerte a manos de un régimen autoritario”. Un portavoz del Gobierno municipal de Rivas explica que, si el Ayuntamiento de Madrid aprueba el traslado de las placas, deberán aprobar una partida presupuestaria para construir una estructura.

De momento, barajan varias ubicaciones donde instalar el memorial y se están valorando técnicamente. “Si prospera, lo hablaremos con las familias y con las asociaciones para darle el lugar más apropiado”, insiste. “Es una buena idea, pero hay que llevarla con la mayor discreción”, reconoce Tomás Montero, de la Asociación Memoria y Libertad. Su organización ya planteó la posibilidad de “un exilio de la obra para salvarla” cuando el Consistorio paralizó los trabajos en julio.

“Reabrir heridas”

Esa parálisis ha sido este martes motivo de enfrentamiento en el pleno celebrado en la capital. El PSOE pidió hace dos semanas la comparecencia del concejal Borja Fanjul (PP), que ha asegurado que el Gobierno municipal no va a hacer política con la Memoria. “Señores de la izquierda, ahí radica la diferencia con la pasada legislatura, cuando se realizó una política revanchista que solo ha servido para reabrir heridas”. El edil también ha criticado el “oportunismo electoralista” que, en su opinión, significó sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos días antes de las elecciones. “No vamos a permitir que impongan su ideología histórica”, ha afirmado Fanjul.

“Paralizaron el memorial de La Almudena y ahora han retirado las placas con los nombres de las víctimas. Es una perversión absoluta. Un terrible paso inimaginable en ningún otro país democrático”, ha reprochado Ramón Silva, del PSOE. El edil socialista ha criticado al Gobierno municipal del PP y Ciudadanos por no cumplir las recomendaciones del Comisionado de la Memoria Histórica, creado por consenso de todos los grupos en 2016 para asesorar al Consistorio sobre cuestiones memorialistas.

Silva ha acusado a las derechas de anular la inversión prevista por el Gobierno de Manuela Carmena para levantar un centro de interpretación en la cárcel de Carabanchel y de no instalar placas de homenaje a las víctimas en lugares públicos, tal y como recomendó el Comisionado. “No hemos tenido tiempo de ponerlas todas en estos cinco meses. Ustedes tuvieron cuatro años y no lo hicieron. Nos dejaron un desaguisado en temas de Memoria Histórica”, le ha recriminado Fanjul.

Demandas por prevaricación

El concejal del PP ha asegurado que los trabajos realizados el lunes servirán para retomar las obras y resignificar el memorial. Para Marta Gómez Lahoz, de Más Madrid, retirar las placas con los nombres de las víctimas es “un acto de vandalismo y de odio”. La intención del Ayuntamiento es unificar en este monumento los homenajes a todas las víctimas, a pesar de que antes de su disolución, en junio de 2018, el Comisionado recomendó levantar dos monumentos, uno para las víctimas de cada bando.

Las asociaciones memorialistas han criticado la decisión en una concentración que ha tenido lugar a las puertas del Consistorio y en la que han participado casi 200 personas, que portaban banderas republicanas y cantaban lemas históricos como el No pasarán. “Lo que ha hecho este alcalde nos parece una barbaridad. Es horrible que les fusilaran, pero es mucho peor que retiren ahora sus nombres”, afirma Julián Rebollo, presidente de la Plataforma en Defensa del Memorial, que incluye a una decena de organizaciones.

Entre los asistentes a la protesta se encontraba el abogado Eduardo Ranz, que ya demandó al Ayuntamiento de Madrid en 2015 para obligarle a cambiar la nomenclatura franquista de 168 calles. Ranz ha anunciado que esta misma mañana ha presentado dos demandas contra el Consistorio por un presunto delito de prevaricación, una ante la fiscalía y otra ante el Tribunal de Cuentas. “La Ley de Memoria Histórica habla de retirar simbología, de exhumar y de acceso a archivos, pero no de tirar a la basura el dinero de los madrileños”, explica Ranz. El memorial fue adjudicado en abril a la empresa Flodi S.L. por 210.000 euros. Las obras comenzaron el 12 de mayo. Cuando el Ayuntamiento las suspendió dos meses después, el 12 de julio, se había completado el 80% del proyecto y apenas quedaban tres semanas para su finalización, según explicó a EL PAÍS Julia Chamorro, la arquitecta que dirige el proyecto.

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