El esprint final de Colau

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afronta el esprint final de su mandato. Faltan nueve meses para las elecciones de mayo de 2019 y las carpetas de los concejales están llenas de temas por cerrar. Unos deberes necesarios para vender obra de gobierno que deberán ejecutar con la incógnita de si se verán afectados por los ajustes presupuestarios que prepara el ejecutivo. Nueve meses, además, en los que arreciará la presión por parte de la oposición y en los que, como todos, Barcelona en comú tendrá que prepararse para las elecciones: programa, lista, etc. Hace una semana, en su cuenta de Instagram, Colau escribía: “Preparada para un curso que promete ser #telamarinera #todoscontracolau”. Las que siguen son algunas de las principales carpetas pendientes.

El presupuesto de 2019. En una situación insólita, Colau ha aprobado los dos últimos presupuestos por cuestión de confianza. En vistas a las de 2019, es tan previsible que el gobierno de Barcelona en comú presente un proyecto de presupuestos como que le resulte imposible aprobarlo. Le quedará la posibilidad de prorrogar las cuentas de 2018.

Vivienda. La lucha por el derecho a la vivienda fue la principal baza electoral de Colau y la prioridad de su gestión. La alcaldesa ha reactivado la maquinaria del antiguo patronato municipal para construir pisos, pero los resultados todavía no se verán, porque habrá 3.000 en obras, licitadas o en proyecto. Mientras, Colau ha comprado pisos a los bancos o ha hecho contratos de cesión como nunca. En teoría sí debería haber terminado los tres primeros proyectos de viviendas prefabricadas (92 en total), construidas en contenedores, los APROP. Y antes de finales de este año el AMB debería haber elegido el socio privado para la sociedad mixta que construirá vivienda de alquiler.

El contrato de la recogida de basura y la limpieza viaria. Colau sigue sin encontrar consenso político para aprobar en el pleno el mayor contrato que se licita en el Ayuntamiento, el de la limpieza viaria y la recogida de la basura, que se lleva más del 10% del presupuesto anual. El pliego de condiciones prevé novedades importantes, como premiar a las familias que más reciclen, extender la recogida puerta a puerta a barrios de trama urbana antigua (ya se hace en Sarrià) y un mayor control público para evitar irregularidades.

Definir los usos de la antigua cárcel Modelo. Tras su cierre en junio de 2017, la antigua cárcel es de titularidad municipal desde el pasado 1 de enero. El Ayuntamiento ya ha dejado claro que las obras no comenzarán antes de que acabe este mandato (será en 2020), pero tiene pendiente concretar, tras el proceso participativo, sus nuevos usos. La cuestión más difícil de decidir es si se derriban brazos del recinto y cuáles; y tramitar (para lo que se requiere apoyo político) la modificación del planeamiento para recalificar una parte del suelo para hacer pisos sociales.

La Rambla. La arquitecta y exconcejal de Ciutat Vella Itziar González, al frente del equipo km-ZERO, acaba de entregar el documento de estrategias para la vía y el anteproyecto. La premisa es que la Rambla vuelva a ser un paseo para los barceloneses. En otoño de 2018, deberá estar terminado el proyecto ejecutivo para que las obras comiencen a principios de 2019.

Plan de barrios. Es uno de los proyectos más ambiciosos del mandato de Colau: una inversión de 150 millones de euros en los barrios con menor renta de la ciudad. El plan fija para cada barrio media docena de proyectos tractor, para que impacten en el entorno. Darle la vuelta a una escuela para que el barrio se la sienta suya, a un comedor que es referente, dignificar un trozo de parque abandonado… Y también prevé obras. En octubre y noviembre está previsto que comiencen muchas de estas obras. Y a las que no se llegue (Can 60 en el Raval, El Borsí) la idea es dejar a punto los proyectos.

La renta básica y la moneda. Barcelona consiguió fondos europeos para ensayar una renta ciudadana. Un proyecto que en la ciudad se llama B-Mincome y en el que mil familias de los barrios del Besòs comenzaron a recibir en mayor pasado una media de 568 euros al mes. La recibirán durante dos años con distintos condicionantes (seguir un itinerario de formación, laboral, etc.) que permitan evaluar su impacto. Estas familias, además, serán las primeras en utilizar la moneda ciudadana de Barcelona, el REC, con la idea de que comience a circular en el pequeño comercio de sus barrios. Su puesta en marcha, con todo, lleva cuatro meses de retraso.