Barcelona se adelanta al Govern y ensaya una renta ciudadana

Barcelona se adelanta a la Generalitat y ensaya una renta ciudadana para luchar contra la pobreza. Mientras la Renta Garantizada de Ciudadanía del Gobierno catalán no arranca —ocho meses después de aprobarse apenas se han aprobado un millar de expedientes en todo Cataluña— el Gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha comenzado una prueba piloto de renta mínima con 950 familias de los barrios del Besòs. Las familias recibirán durante dos años una ayuda media de 568 euros que se financiará en un 80% con fondos de la Unión Europea.

En total, los perceptores son 3.760 usuarios de los servicios sociales de los 10 barrios del eje Besòs. La prueba piloto consiste en combinar la ayuda (que las familias comenzaron a recibir en diciembre) con políticas complementarias (de formación y empleo, de fomento de la economía social y cooperativa, y de vivienda) para medir su eficacia. De la evaluación se encargarán cuatro institutos de investigación.

En la prueba, habrá perceptores cuya ayuda estará condicionada a seguir planes de empleo, y otros que no. Algunos reciben la ayuda y si consiguen futuros ingresos se les rebajará; y a otros no. De media las familias reciben 568 euros al mes, pero las cantidades oscilan entre 100 y 1.600 euros, en función de la composición de cada unidad familiar o lo que paguen de vivienda. El cálculo básico es que, sin el gasto de la vivienda, un adulto necesita 402 euros mensuales para cubrir sus necesidades y cada miembro de más de la unidad familiar otros 148.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento, Laia Ortiz, recordó ayer que la “lucha por la inclusión y contra la brecha social” es una prioridad para el consistorio. Por ello la ciudad se presentó a un programa europeo de innovación social y consiguió 4,8 millones de euros con el proyecto B-Mincome. Según la legislación vigente, las ciudades no pueden crear rentas universales como las comunidades o el Estado, por lo que la ayuda de la prueba piloto es formalmente un apoyo de emergencia vinculado a gastos básicos.

“Se trata de pasar del asistencialismo y el control a un programa con un apoyo económico acompañado de políticas que permiten aportar evidencias para favorecer el debate sobre la lucha contra la pobreza, que va más allá de los entes locales”, defendió Ortiz. La edil reprochó a la Generalitat que “excluya a miles de personas de la tramitación de la renta garantizada” y consideró “urgente desencallarlo y aplicarlo a pleno rendimiento”.

De las familias perceptoras, en el 84% de los casos los referentes son mujeres. Y si se cuentan los usuarios, el 40% son menores de 15 años y el 38% autóctonos. Entre los perceptores hay personas de 35 países distintos. Como Rkia Larfa, del barrio del Besòs. Ayer explicaba que la renta ha supuesto para su familia “sentirse más tranquila, respirar un poco” y les ha permitido “pensar más allá de pagar las facturas” o “participar de la vida comunitaria” de un barrio al que llegó hace 16 años y del que “no conocía nada”. Larfa, por ejemplo, se está planteando estudiar para trabajar de cocinera, tras 14 años trabajando en una panadería que cerró al morir el propietario.