Barcelona pide compatilizar su ayuda para niños pobres con la renta garantizada

Comienzan a aparecer las diferencias tras la euforia inicial con el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales para desatascar la tramitación de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). La semana pasada, la propia comisión promotora de la prestación acusó a la Generalitat de desoír los acuerdos alcanzados tras meses de trabajo. Ahora, el Ayuntamiento de Barcelona alerta de los efectos que tendría la RGC, tal y como está planteada, en su sistema de ayuda, especialmente en la renta infantil de 100 euros que entrega a casi 20.000 menores.

El acuerdo establece que la RGC, 986 euros para una familia tipo compuesta por dos adultos y un niño, es subsidiaria de otras ayudas, prestaciones o pensiones a las que puedan tener derecho los beneficiarios, por ejemplo la de viudedad. Es decir, en el caso de recibir otros subsidios, la Generalitat los tendrá en cuenta a la hora de hacer sus cálculos y solo aportará una cantidad que en total sume el monto de la renta garantizada. El espíritu final de la RGC es precisamente intentar acabar con la idea de ayudas fraccionadas y compactarlas.

“Esta incompatibilidad es un ataque a los municipios en su esfuerzo por ayudar a los ciudadanos en esas situaciones donde otras Administraciones no llegan o no les interesa”, se queja Laia Ortiz, tercera teniente de alcalde del Consistorio de la capital catalana. La renta infantil de Barcelona consta de una tarjeta monedero de 100 euros y se entrega a los menores de entre 0 y 16 años cuyas familias no superen ciertos niveles de renta. En el caso de la familia de tres miembros, el umbral es de 14.939 euros anuales. El año pasado había unos 20.000 titulares de la ayuda. En 2015 eran 11.000.

La tarjeta, que se implementó en el mandato de Xavier Trias ante la emergencia social, solo se puede utilizar para satisfacer las necesidades básicas de los menores, como ropa o alimentación. De entrada, por ejemplo, se entregó a los menores que recibían una beca comedor. Ortiz recuerda que la Generalitat solo permite que los Ayuntamientos entreguen ayudas de emergencia, con límites de regularidad, y además limita su capacidad de realizar programas de garantía de rentas. La candidatura de Ada Colau ignoró esta limitación cuando en su programa electoral se comprometió a implementar una renta de ciudad y es el escollo que le permite ponerla en marcha.

El Ayuntamiento ya ha expuesto este problema ante la comisión promotora y la consejera Dolors Bassa y confía en que el redactado final de la ley, que depende de la ponencia parlamentaria, permita encontrar una grieta para seguir entregando la ayuda sin distorsionar la cuantía que se reciba en la RGC. “El hecho de que no sea un cheque sino una tarjeta monedero podría generar una excepción y permitirnos mantener la complementariedad. Pero se tiene que blindar por ley”, insiste Ortiz.

Críticas al redactado

Los trabajos de redacción de la ley avanzan con cierta desconfianza entre las partes. La comisión promotora denunció el pasado jueves que Trabajo y Asuntos Sociales se ha descolgado de dos de los puntos que figuran en el pacto firmado hace tres semanas, especialmente en lo que tiene que ver con los complementos y las condiciones de tramitación de las solicitudes.

Los promotores argumentan que el Govern ahora quiere extender a ocho meses el plazo para evaluar y denegar u otorgar la prestación en lugar de los cuatro meses que figuran en el acuerdo firmado por las partes. “También se quiere establecer el silencio administrativo como negativo, y retrasa el plazo de los efectos económicos de la RGC al mes siguiente de presentar la solicitud”, critican los promotores.

Una disposición adicional del borrador, denuncia la comisión, también establece descontar 150 euros mensuales de la ayuda a los beneficiarios que compatibilizan la renta garantizada con prestaciones no contributivas o, por ejemplo, la Renta Activa de Inserción (RAI).