Ni Colau ni Carmena podrán cumplir sus promesas en vivienda

Las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y Manuela Carmena, ganaron las elecciones municipales de 2015 con las promesas en materia de vivienda como eje central de sus programas. Colau prometió en campaña construir 4.000 viviendas públicas de alquiler; y Carmena, ya en el Palacio de Cibeles, aseguró que construiría 4.200 hasta 2019. El esfuerzo que los dos Ayuntamientos están haciendo para aumentar el parque público de alquiler es insólito: además de construir buscan conseguir pisos de alquiler comprando, consiguiendo la cesión de particulares o firmando convenios con grandes tenedores como la Sareb o entidades financieras. Pero las cifras a final de mandato estarán lejos de lo que prometieron.

En Barcelona, en lo que va de mandato el Ayuntamiento ha entregado 505 pisos del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB, en sus siglas en catalán) y asegura que a finales de mandato serán 900 y habrá 3.000 más en marcha (en obras, licitadas o en proyecto). En Madrid, donde admiten que la previsión fue exagerada, no ha habido entregas, pero hay 2.356 pisos en marcha. Al comparar, hay que tener en cuenta que la población de Madrid (3,1 millones de personas) casi dobla la de Barcelona (1,6 millones).

En el caso de la capital catalana, las vías para aumentar la bolsa incluyen otras fórmulas imaginativas, como agotar la edificabilidad en bloques ya construidos, estudiar la posibilidad de convertir bajos vacíos en vivienda, hacer pisos prefabricados provisionales en solares municipales o crear una sociedad mixta —con un socio privado— que construya y gestione el parque.

En los dos ayuntamientos, los partidos de la oposición han encontrado en la política de vivienda un frente contra el que disparar. Por los incumplimientos y porque las dos ciudades sufren una burbuja de los precios del alquiler nunca vista: en tres años han subido un 30% en Barcelona y un 40% en Madrid. En las dos ciudades, la presión de los pisos turísticos y de fondos que adquieren edificios enteros para rehabilitar está expulsando a vecinos de sus barrios. En Barcelona hay 59.000 solicitantes de vivienda pública. En Madrid, 20.000.

Ante las críticas, las dos alcaldesas reivindican el trabajo hecho y recuerdan que las competencias en materia de Vivienda son autonómicas y que la ley que regula los alquileres (la LAU) solo la puede reformar el Gobierno central.

El gerente del área de Vivienda del consistorio barcelonés, Javier Burón, señala que desde que el gobierno Colau llegó a la plaza de Sant Jaume el parque público de alquiler ha sumado, por varias vías, 1.143 pisos, hasta 8.423. Con las cifras previstas a finales de mandato (9.237), Burón defiende que Barcelona “habrá hecho en cuatro años el 27% de lo hecho entre 1927 y 2015”. El global, el presupuesto que el consistorio destina a vivienda se ha multiplicado por cuatro.

En Madrid, el objetivo es recuperar el parque de viviendas anterior a la cesión de 3.000 a fondos de inversión realizada por la ex alcaldesa Ana Botella. “Cuando llegamos a la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) vimos que había 2.000 pisos vacíos del parque municipal. Tuvimos que reorganizar la empresa y el primer año fue casi perdido. Pero ahora todas las viviendas están asignadas, y tenemos en fase de obra o licitación ya 2.500 nuevos pisos”, defiende Arantxa Pascual, gerente de la EMVS.

En los dos Ayuntamientos la apuesta pasa no perder patrimonio a la larga y hacer todos los pisos de alquiler. Pero el talón de Aquiles es que la promoción pública (y más cuando hay que financiar alquiler —Barcelona ha recurrido al Banco Europeo de Inversiones—, donde la inversión tarda décadas en recuperarse) tiene unos ritmos exasperantes. De ahí el frenesí en comprar o captar pisos vacíos del parque existente. Carmena ha obtenido de la Sareb en usufructo 100 viviendas y ha adquirido a bancos y particulares 40 más. Las cifras barcelonesas son más abultadas: 468 pisos comprados (lo nunca visto, insisten los gestores del área) y 240 captados para la bolsa de alquiler.

En Barcelona las críticas a la política de vivienda de Colau monopolizaron el último pleno y la alcaldesa respondió con contundencia afirmando que asume competencias que no le corresponden. Colau recordó que el precio del alquiler lo desreguló el ministro socialista Miguel Boyer; que el PP, CiU lo desregularon todavía más y el PSOE aprobó el desahucio exprés; que el PP rescató a la banca... El viernes pasado, ERC insistió en que Colau “acabará el mandato con menos de mil viviendas protegidas acabadas”.

Los retrasos del equipo de Carmena alimentan también las críticas. El PSOE, socio de investidura de Carmena, alerta de que de los 4.200 pisos prometidos, solo un 20% está en obras. La edil Mercedes González apunta a que el Ayuntamiento de Madrid no ha hecho los deberes y que el “balance es muy pobre”: “Han perdido medio mandato y hoy falta suelo para 1.800 nuevas viviendas”, afirma.