Colau admite que no podrá aprobar su reforma de la ordenanza de civismo

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, admite que no podrá aprobar otro de sus proyectos estrella: la reforma de la ordenanza de civismo. Los comunes consideran que el texto, cuya primera versión impulsó un gobierno socialista en 2005 y endureció CiU durante el mandato pasado, criminaliza a los más vulnerables, como los mendigos o las prostitutas. De ahí que el texto del equipo de Colau censure también conductas relacionadas con el turismo y el ocio nocturno. Pero ayer, el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, afirmó que la reforma "está en un punto muerto". "Nos está resultando muy difícil encontrar alianzas para poder sacarla adelante", reconoció sobre una cuestión que puede quedarse en un cajón, como el tranvía por la Diagonal o la multiconsulta.

"Tenemos puntos de vista tan distintos sobre la regulación del uso del espacio público que resulta muy complicada la posibilidad de llegar a un acuerdo", admitió Asens. Más allá de las discrepancias, el teniente de alcalde lamentó y enmarcó también la negativa de la oposición "porque hemos entrado en el último año de mandato y la cuestión electoral pesa mucho más".

Salvo el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy, que ve bien la propuesta; los seis grupos municipales de la oposición confirmaron que rechazan el texto. El PDeCAT lo ve "laxo". Ciutadans demasiado "permisivo". ERC "impreciso y subjetivo". El PSC entiende que "se abre a la arbitrariedad". El PP cree que se basa en la "ideología" y la CUP mantiene que "sigue criminalizando la pobreza". El teniente de alcalde, con todo, no tira la toalla del todo e intentará buscar alianzas en entidades o en la Síndica de les Personas que puedan presionar a los grupos para modificar aspectos puntuales del texto.

Asens explicó ayer que lamenta de forma especial "que haya partidos que piensen que la ordenanza debe endurecerse cuando ellos mismos [en referencia al PP] han aprobado la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que regula a la baja, con un enfoque más benévolo" fenómenos como la prostitución o el consumo de alcohol en la calle. Por ejemplo, la revisó de la ordenanza que hizo el ex alcalde Xavier Trias en 2013 persigue el ofrecimiento de servicios sexuales, mientras que la Ley Mordaza solo sanciona la desobediencia, si una prostituta se niega a dejar de hacerlo. En el caso del consumo de bebidas alcohólicas en la calle, "la ordenanza sanciona beber, independientemente de si se produce ruido, mientras la Ley solo sanciona a quien bebe y molesta". "La ordenanza municipal elevó de manera inaudita y desproporcionada las multas".

El gobierno de Colau aprobó su texto en octubre de 2017, pretendía aprobarlo en verano pasado para que entrara en vigor en otoño de este año. El borrador, que ya no se llamaba Ordenanza de Civismo sino de Convivencia, preveía una red de lavabos públicos (porque la vigente multa a quien miccione en la calle), espacios para música callejera, para hacer graffitis o patinar en toda la ciudad; y contemplaba sanciones para conductas relacionadas con el turismo y el ocio nocturno o el asedio sexual. Tampoco contemplaba multas por jugar a pelota o a los sin techo por dormir en la calle. Y en general, las sanciones previstas se rebajaban en cuantía. Por último, dejaba de sancionar por lavarse en una fuente y si alguien se ducha con jabón en la playa se le aplicaba la normativa de medioambiente, por contaminar.