Dastis cree necesario aclarar la retención del barco español que rescata inmigrantes

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, opinó ayer que rescatar a personas del mar durante una misión de salvamento no es “objetable” y subrayó que “es necesario aclarar lo ocurrido” con el barco de Proactiva Open Arms, una ONG española que rescata refugiados en el Mediterráneo. 

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El barco fue confiscado preventivamente por orden de la Fiscalía italiana por favorecer “la inmigración clandestina y la asociación criminal”, explicó ayer en rueda de prensa en Barcelona el director de la ONG, Òscar Camps. Según el relato de Camps, la policía italiana se presentó la mañana del domingo en el barco y exigió la documentación a su capitán, Marc Reig, y a la jefa de misión de la ONG, Anabel Montes. Ambos fueron trasladados esa noche a una comisaría, donde se les tomó declaración. “Su intención es acabar con las ONG que rescatan refugiados en el Mediterráneo”, denunció el responsable de esta asociación fundada en 2015.

“Recoger personas en alta mar en una misión de salvamento y rescate no nos parece algo que pueda objetarse”, sostuvo Dastis en una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. El ministro reconoció que existe “confusión” en la zona donde se encontraba el barco. “La primera información que me dieron es que eran aguas territoriales. Si estaba a 73 millas, esto todavía hay que aclararlo”, dijo. “Lo que queremos es que en esa situación cada uno se atenga a las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional y del derecho comunitario”, agregó.

Camps, sin embargo, sostuvo ayer que el rescate de los inmigrantes se produjo siempre en aguas internacionales y que había sido autorizado en un primer momento por las autoridades italianas. Una hora y media más tarde, ya en plena intervención, la guardia costera italiana comunicó a la organización que las autoridades libias pasaban a encargarse de la operación de salvamento. “Algo que hasta ahora nunca había sucedido”, explicó Camps. Fue entonces, siempre según la versión de la ONG, cuando la tripulación del buque español y miembros de la guardia costera libia discutieron durante cerca de dos horas en alta mar ante la negativa de la ONG a que las autoridades libias trasladaran a los inmigrantes a su país. La organización puso rumbo a Italia y requirió la ayuda del Gobierno español para atracar en un puerto europeo con los inmigrantes a bordo.

Camps esgrimió ayer que la ONG en ningún momento incumplió la ley. “No podíamos permitir que estas personas volvieran a un territorio [Libia] donde sus vidas corrían peligro. La ley nos ampara”. Camps aseguró además que la fiscalía italiana ha presentado acusaciones contra tres voluntarios por delitos de asociación criminal para fomentar la inmigración ilegal que podrían acarrear hasta 12 años de prisión, según explicó la abogada de la ONG Rosa Emanuela Lo Faro a Efe. La organización, por el momento, no ha proporcionado ningún documento que acredite la acusación por parte de la fiscalía.